El diálogo está abierto con expectativas positivas desde el primer momento, más aún desde que se firmó el Memorándum de Entendimiento Técnico. Sin embargo, desde la Unión Europea (UE), se dejó en claro que antes debe haber un acuerdo cerrado, firmado y puesto en funcionamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin esta realidad, Argentina entrará en default. El que, sin Facilidades Extendidas, sería doble. Con el organismo que maneja Kristalina Georgieva. Y con el Club de París.
El Club de París, listo para negociar (con el acuerdo con el Fondo firmado)
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La posición quedó en claro durante la primer semana de febrero, cuando visitaron el país miembros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de la UE -llegados al país para cerrar créditos blandos y planes de contacto para modernización del estado nacional-, confirmando que cuando se haya avanzado con el acuerdo con el FMI, se acelerarán las negociaciones con el Club de París para normalizar la deuda por unos u$s 2.000 millones que se mantienen con los estados pertenecientes a esa institución. De la misma manera dejaron en claro que sin acuerdo con el Fondo, el país no tendría alternativas de discusión con el Club, y automáticamente ingresaría en cesación de pagos en abril cuando venza el acuerdo que había cerrado Martín Guzmán el año pasado. Los visitantes prefirieron el optimismo y dejaron en claro que sólo con la aprobación del memorándum y la Carta de Intención, se podrían reabrir negociaciones. Como esto ya ocurrió el viernes pasado, el dialogo está en condiciones de retomarse. Sin embargo, desde los estados acreedores, se aclaró que se deberá esperar a observar qué sucede en el Congreso Nacional y, luego, en el board, para cerrar una nueva negociación final con el Club. No hay problema en Buenos Aires. Hay confianza que la historia legislativa terminará con buenas noticias, aún con la aprobación de una versión light en el Congreso; que luego tendría una versión legal reglamentada desde el Ejecutivo.
La necesidad de recurrir al FMI quedó en claro en las reuniones que en julio del año pasado, Guzmán mantuvo con la conducción del Club, y donde el ministro de Economía había logrado cerrar un “puente de tiempo”; por el cual los acreedores esperarían a que el país terminara de diseñar y firmar un acuerdo con el Fondo. Mientras tanto, la deuda con los estados acreedores agrupados en este organismo quedaba suspendida, a la espera del cierre con el FMI y la confirmación de un nuevo cronograma de pagos con los privados. Argentina debe al Club unos u$s2.000 millones, luego de restar los aproximadamente u$s430 millones que se pagaron el 31 de julio del año pasado, como parte del acuerdo firmado en junio de 2021. Esa liquidación en efectivo había sido presión de Japón, uno de los acreedores, país que para aceptar firmar el “puente de tiempo”, exigía que hubiera un pago de buena voluntad por parte de Argentina. En aquellos tiempos Japón exhibía su mala vibra al contabilizar que a China no se le suspendían los pagos y a los acreedores del Club sí. Esos 2.000 millones pueden ser eventualmente renegociados en un plan flexible y casi imperceptible, comparando con el resto de las deudas que tiene el país. Pero antes, según la propia estructura orgánica del Club, debe haber un acuerdo con el FMI. Esta condición la conocía Guzmán desde el primer momento, y por esto negoció un “puente de tiempo” que le diera aire a la Argentina en lugar liquidar el vencimiento de junio pasado de casi u$s2.450 millones.
Guzmán había logrado con esa negociación, inédita y fruto de la diplomacia directa con los jefes de Estado de los países acreedores, que los vencimientos se prorroguen; pero no pudo evitar que todo se relacione con el FMI. En este punto, siempre el Club de París se mantuvo incólume, en parte como mecanismo de presión para que se negocie y no se demorara más de la cuenta el Facilidades Extendidas con el Fondo; donde, por otra parte, los acreedores son los mismos.
La fecha del 31 de marzo impuesta con el Club no es caprichosa. El 20 de marzo Argentina debería enfrentar el primer y crucial pago por u$s4.039 millones (3.567 millones de capital y unos 472 millones de intereses) que se le deben al FMI por el stand by firmado durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018.
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