Con fondos públicos se hicieron obras inviables

Publicamos hoy la segunda nota sobre la malversación de fondos públicos en la provincia de Buenos Aires durante las gestiones de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf. Ese informe, de gran realismo, fue principalmente realizado por hombres del Frepaso bonaerense que tienen sus típicas contradicciones. Impulsar el juzgamiento ante la Justicia de los delincuentes públicos que desfondaron la provincia de Buenos Aires pero, a su vez, en estos días oponerse a una ley para que en ese territorio no sean excarcelados con tanta facilidad y ligereza por los jueces delincuentes comunes. El informe, en esta segunda nota, es claro sobre la forma como desde el gobierno se obligó al Banco Provincia a inmolarse al financiar obras que no lograban un crédito en la banca privada por inviables (Tren de la Costa de Soldati, Showcenter del empresario Nicolás Maccarone, etc.) A Maccarone se le permitió vender libremente su Patio Bullrich por 50 millones de dólares, de los cuales no estuvo obligado a usar ninguno para cancelar su abultada deuda en la provincia. Lo que se hizo desde 1991 en las gobernaciones de Duhalde y Ruckauf no tiene en el país parangón en cuanto a malversación de fondos públicos.

Duhalde y Ruckauf. En dos gobernaciones, desde 1991 hasta 2001, cambiaron la historia. Ahora se llama a ese período la «década infame» -y no a la de los años ’30- por haber llevado a la provincia de Buenos Aires a la quiebra financiera.

Pregunta N o 19: «Del sumario administrativo se desprenden las gestiones que realizaba el Poder Ejecutivo (provincial) para que se asistiera crediticiamente a la firma Celulosa Carhué SA, antes de las elecciones de mayo de 1995, con el objetivo de inaugurar la extensión de gas de la planta procesadora de papel. ¿Quiénes realizaban esas presiones? ¿Se comunicaron con usted por este tema?».

Rogelio Frigeri (ex presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires): «Desconozco las presiones referidas, y no recuerdo que nadie se comunicara conmigo por este tema».

La pregunta, parte del interrogatorio a que fue sometido Frigeri por la Comisión Bicameral Investigadora del Banco de la Provincia de Buenos Aires de la Legislatura bonaerense, apunta a demostrar que no sólo la constructora de Victorio Gualtieri fue amplia e irregularmente beneficiada por créditos de esa entidad durante las gobernaciones de Eduardo Duhalde y el actual canciller Carlos Ruckauf: la lista de las empresas «amigas» del Ejecutivo provincial es extensísima, e incluye nombres como Gatic SA (la textil de la familia Bakchellian), el grupo que encabeza Santiago Soldati y los parques de diversiones Showcenter, entre otras.

• Parques

Es el caso, por ejemplo, del empresario de la construcción Nicolás Maccarone, que aún hoy tiene una pesada deuda con el Provincia. Maccarone utilizó los créditos del banco oficial para construir dos parques de diversiones Showcenter, uno en la localidad de Haedo y el otro en Martínez. Además, adquirió un terreno a la entrada de la ciudad de La Plata -también en parte con fondos provistos por el Provincia- para erigir un tercero. Sin embargo, el negocio fracasó de manera rotunda, y la empresa Showcenter pasó a manos de un fondo estadounidense (WestSphere) para luego terminar solicitando su concurso preventivo, situación en la que actualmente se encuentra. Si alguna vez el Provincia recupera algo de lo que le prestó a Maccarone será poco, mal, tarde y en pesos.

Lo más llamativo de este caso es que, en el medio de este proceso, Maccarone vendió -entre otros activos de los que se desprendió- su shopping center Patio Bullrich en una suma que -se dice- rondaría los u$s 50 millones. Sin embargo, a pesar de haberse hecho de esa cifra, no canceló ni un solo pago con el Provincia y sus créditos continúan en mora. La operación del Bullrich estuvo en todos los diarios, a pesar de lo cual la conducción del Provincia no tomó medida alguna para asegurarse al menos el recupero de parte de su acreencia con Maccarone.

En sentido inverso, el Provincia lleva tomados más de $ 3.000 millones en redescuentos del Banco Central.

Los beneficios a estas empresas -que terminarán pagando todos los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires- no se limitaron al otorgamiento irregular de préstamos: a 271 firmas de las más diversas actividades, tamaños y composiciones accionarias se les permitió acogerse al pago en bonos de sus deudas contraídas con el Provincia, lo que en los hechos implicó una quita que en algunos casos alcanza a 80%. Según el informe de la bicameral, el actual titular del banco, Ricardo Gutiérrez, se negó a proporcionar un listado de esas empresas, pero admitió que la deuda global de las mismas ascendía a cerca de u$s 70 millones, por lo que la pérdida para el banco podría rondar los u$s 56 millones.

La «socialización» de las deudas contraídas por empresas amigas con el Provincia, como se dijo en la primera nota de esta serie, se produjo a través de la creación de un fideicomiso al que se le traspasaron todos esos créditos en mora o en problemas para su recupero. «Cabe destacar que la Ley 12.726 (provincial), que da lugar a la conformación del fideicomiso, establece que el Comité Administrador del Fideicomiso está facultado para negociar quitas a la deuda o abrir una instancia de negociación con el deudor. El comité administrador comenzó a funcionar nueve meses después de la promulgación de la ley, y conformado de manera anticonstitucional, ya que no respeta lo establecido en los términos determinados por dicha ley», se lee en el informe de la bicameral.

Pero según esa misma investigación, «si la constitución de ese fideicomiso generaba sospecha, ésta se profundizó cuando se produce su modificación por ley». Dicha modificación apuntó a borrar de cuajo cualquier posibilidad de que profesionales independientes ejercieran algún tipo de control sobre sus manejos. Así, la reforma de la ley provincial que creó el comité administrador del fideicomiso eliminó el mecanismo de auditoría externa, sea ésta ejercida por una consultora o inclusive por algún otro organismo oficial (universidades por caso) no sometido al poder del Ejecutivo provincial.

• Control

Esto, de hecho, significa que el control discrecional que tenía el gobierno de Duhalde -luego sucedido por Ruckauf- sobre el Banco Provincia, no estaba acotado siquiera por un estudio contable en el caso del fideicomiso que debía renegociar -y, sobre todo, tratar de recuperar- los créditos otorgados a los amigos del gobierno.

Así, según la comisión bicameral, «el centro de esta modificación fue eliminar la auditoría externa de la gestión del Comité Administrador del Fideicomiso», lo que le otorga a este organismo «un poder arbitrario para decidir cuánto le cobra a cada deudor y con cuánto lo beneficia a través de quitas».

La reforma, como era de esperar, fue aprobada en conjunto por los bloques del PJ y de la UCR, llevando a escala provincial la «entente» que vienen manteniendo desde antes de la caída del ex presidente Fernando de la Rúa los representantes de Raúl Alfonsín/Leopoldo Moreau y Eduardo Duhalde/Carlos Ruckauf, alianza que (según viene denunciándose desde entonces) tuvo que ver con los incidentes de fines de diciembre de 2001, que culminaron con el derribo del entonces primer mandatario radical.

Sin embargo, la «garantía» del fideicomiso pareció no ser suficiente para asegurar el favor a los empresarios amigos: siempre a estar por el informe de los legisladores, «en el Fondo Fiduciario no figuran varias empresas que fueran mencionadas por el Banco como deudoras a marzo de 2001, por lo que suponemos que esas acreencias fueron totalmente previsionadas por sus autoridades». Esa previsión no pudo ser verificada: las autoridades del Provincia no permitieron a los legisladores opositores el acceso a la contabilidad de la entidad.

• Inconveniente

Hasta la fecha, el fideicomiso lleva recuperados $ 12 millones en efectivo y $ 69 millones en Bonos de la Deuda Pública Nacional. Estas cifras representan apenas 0,6% y 3,7%, respectivamente, de la cartera en manos de ese organismo creado justamente para recuperar lo máximo posible. El mayor inconveniente para poder cobrar esos créditos es que la abrumadora mayoría de los 25 principales deudores del Banco Provincia están en proceso de concurso preventivo o en quiebra.

Las conclusiones de esta sección del informe legislativo son tan lapidarias como razonables: «El análisis de la información detallada es obvio: la banca pública financió emprendimientos que no encontraron eco en la banca privada, asociándose a ellos y asumiendo los riesgos de inversión y de recupero del proyecto».

Los legisladores, fieles a su ideología izquierdista, agregan un párrafo que sí puede resultar discutible: «De esta manera se produce un desvío de fondos que, en lugar de haber sido destinado al financiamiento de PyMEs, se derivó a la materialización de proyectos con alto riesgo que se transformaron finalmente en subsidios a los grupos económicos». Que el Provincia deba necesariamente financiar (o subsidiar) a las pequeñas y medianas empresas no es un hecho, y tampoco lo es que no pueda aportar fondos a proyectos de grandes grupos económicos. Lo que sí es inaceptable es que ese aporte sea fundamentalmente para los amigos del gobernador, y que vayan a parar a proyectos faraónicos, irrealizables, tan poco relacionados con las actividades productivas como lo son los parques de diversiones y con un recupero de capital muy difícil o directamente imposible.