Con provincias nada cambia pero servirá para calmar al Fondo

En un esfuerzo por mejorar el perfil de la negociación con el FMI, el gobierno cierra esta semana el borrador de nueva ley de coparticipación de impuestos entre la Nación y las provincias, una promesa hecha y nunca cumplida en los últimos 15 años. En un gesto que parece ya costumbre, el gobierno presumirá que el FMI es dócil al engaño y afrontará el único proyecto posible para un gobierno débil y con una crisis económica gravísima: un maquillaje al actual sistema, que es retrógrado, porque deja gastar al que no recauda y premia situaciones de privilegio (ayer La Rioja, hoy Santa Cruz). Un proyecto "light" que postergará para un gobierno con más conciencia reformista la deuda de cambiar a fondo las relaciones Nación-provincias. El maquillaje con que se cree que podrá el gobierno sentar a todos los gobernadores consiste en respetarles a los Estados los fondos recibidos a diciembre de 2003 y mejorarles los envíos como premios a reformas, compensaciones por pobreza o diferencias difíciles de superar en el mediano plazo. El 20 de febrero está previstala llegada de una misión técnica del FMI para auditar nuevamente el cumplimiento de metas. Pero aún la Argentina tiene cuatro compromisos sin cumplir. Están en juego u$s 3.100 millones que vencen el 6 de marzo, y una vez más, si no está el visto bueno del FMI, se deberán utilizar reservas. Néstor Kirchner ya anticipó que no lo hará. Esas cuatro metas son: los avances en la renegociación de la deuda, la compensación a bancos (por la indexación con CVS), la determinación de reformas a la Ley de Quiebras y, por último, la vuelta a normas más estrictas del Banco Central para clasificar deudores.

El gobierno ordenó ayer cerrar el borrador del proyecto de nueva ley de coparticipaciónque Néstor Kirchner intentará que el Congreso trate en sesiones extraordinarias en febrero próximo. La iniciativa está en lo técnico a cargo de una comisión de la Jefatura de Gabinete que integran el segundo de Alberto Fernández, el ex diputado Juan Carlos Pesoa; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el ex responsable del Fondo Fiduciario para ayuda a provincias bajo el gobierno Duhalde, Alejandro Arlía.

Miran de lejos Roberto Lavagna, cuyos funcionarios deben rubricar el proyecto aceptando los lineamientos de esa comisión, y el actual diputado Miguel Sarghini, que integró esa comisión redactora antes de asumir la banca por la provincia de Buenos Aires.

La exigencia de una nueva ley de coparticipación figura en todas las cartas de intención firmadas con el FMI por la Argentina desde 1995. También es una cláusula transitoria tampoco cumplida de la constitución reformada en 1994 que ordenó al Congreso que un nuevo sistema de reparto de los impuestos entre la Nación y las provincias debía estar ya aprobado antes de diciembre de 1996.

• El compromiso vigente con el FMI pone a la Argentina ante la necesidad de que entre marzo y agosto esté aprobada la nueva ley de reparto de impuesto que reemplace el actual sistema que se basa en una distribución establecida por ley en 1987 y modificada por sucesivos pactos fiscales. El último fue firmado entre la Nación y las provincias a poco de asumir Eduardo Duhalde en enero de 2002.

Kirchner, embalado en la propia leyenda del sobrecumplimiento de las metas exigidas por los organismos multilaterales, quiere que para marzo el proyecto esté aprobado por las dos Cámaras del Congreso.

El reparto de las impuestos entre la Nación y las provincias está considerado como la reforma más importante que debe hacer la economía argentina para quebrar la lógica del sistema actual en la cual quien gasta (las provincias) no recauda. Todos los proyectos que se han sucedido en los últimos 15 años pretendieron una reforma a fondo que nunca se pudo llevar adelante.

Discutir el reparto de las rentas nacionales fue motivo de guerras civiles en el pasado aquí y en otros países. Nunca un mandatario provincial podría justificar ante sus votantes resignar fondos en favor de la Nación o de otras provincias. Menos en economías en crisis con gobiernos cada vez más débiles.

Entre esa debilidad de los gobiernos para encarar esas reformas casi quiméricas en el contexto de la crisis y las exigencias de FMI para la revisión en junio próximo, a Kirchner sólo le queda el clásico argentino de cumplir a reglamento. Algo así como tararear una ley que les permita a los funcionarios internacionales emitir otro perdón o waiver y otro documento reconociendo los esfuerzos del gobierno argentino por emprender alguna vez una reforma fiscal aunque no sea a fondo.

Por eso el gobierno califica de puertas hacia adentro al borrador de nueva ley como un « coparticipación light». Es decir, un maquillaje al actual sistema que reconozca la necesidad de una reforma que el gobierno, como los anteriores, no tiene la fuerza de imponerles a los gobernadores.

Ese borrador de «coparticipación light» recoge la exigencia de la cláusula transitoria 6 de la Constitución reformada de que no « podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigentes a la sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación».

Por eso la base del proyecto es respetarles a todas las provincias la cantidad de fondos recibidos por el actual sistema de coparticipación a diciembre del año pasado. Con esa sola condición el comando Pesoa-Cameron-Arlía logró en las conversaciones que llevan adelante con gobernadores desde hace tres meses la aprobación de todos los mandatarios de un texto base.

Por sobre ese reconocimiento de lo que reciben las provincias el borrador de proyecto establece un coeficiente de compensación de las diferencias en la situación de las diversas provincias. Ese coeficiente aspira a compensar a los estados como necesidades básicas insatisfechas (las más pobres), el monto del producto bruto individual, a premiar a las que asuman el cobro de determinados impuestos hoy a cargo de la Nación, y a las que se comprometan a modificar el sistema previsional para adecuarlo al nacional. Esto implica aumentar edades jubilatorias, eliminar escalafones privilegiados que rigen aún en algunos estados.

• Otro elemento que será tenido en cuenta para la formación de ese coeficiente es la voluntad que muestren las provincias para reducir el ratio deuda/producto, que en algunos estados convierte a sus economías en virtualmente inviables.

Este sistema es un maquillaje para hacer posible alguna ley de coparticipación, pero está lejos de lo que sería necesario para una reforma real y profunda de las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias. Peor es, dicen en el gobierno, peregrinar otra vez en marzo (fecha del compromiso con los gobernadores para el acuerdo) o en agosto (fecha prometida para la aprobación en el Congreso) pidiendo un perdón por un nuevo incumplimiento.

El procedimiento para la sanción de esta norma también está reglado estrictamente por la constitución reformada: «La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente, ni reglamentada y será aprobada por las provincias», establece el artículo 75°. Esto implica que antes de ingresar al Congreso el texto de la ley deberá ser aprobada por los gobernadores asegurando el voto positivo de los legisladores nacionales.

• Senadores y diputados deberán agotar su pasión por debate antes de que ingrese el texto al recinto porque sólo puede ser tratado para se aprobado a mano alzada y sin discusiones. Por eso y porque debe ser ratificada después por cada una de las 24 legislaturas provinciales se llama ley acuerdo.

Es la razón, además, por la cual la Comisión de Coparticipación del Senado, que es donde se hará el debate final, no ha atraído a ningún legislador de peso. Está destinado allí el mendocino y neokirchnerista Celso Jaque, que deberá trabajar en realidad de mero jefe de mesa de entradas. Cuando esa comisión fue creada en 1995 la ocupó Carlos Reutemann; hasta diciembre pasado estuvo en esa silla uno de los principales expertos en coparticipación, el ex jefe de Gabinete y hoy presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich. El tiene hoy a su cargo las negociaciones para este tema entre esa cámara y el gobierno.

Con texto tan light -que perpetuaría incluso los $ 1,5 millón mensual extra que recibe la provincia de Santa Cruz desde 1994 por haber firmado un pacto fiscal con la Nación - el gobierno cree asegurado el acuerdo con las provincias.

La idea del gobierno es que el Senado trate el proyecto en extraordinarias de febrero, que en marzo lo aprueben los diputados de forma de tener aprobada la revisión del FMI para ese mes. Entre marzo y agosto se espera que por lo menos veinte provincias aprueben a nivel local la nueva ley. Ya no será necesaria la mayoría absoluta que la Constitución requiere a la norma nacional (la mitad más un voto de los miembros de casa cámara).