Confirmado: eliminan desde julio impuesto a deudas de empresas

Economía

Por lo menos en una oportunidad, la Argentina cumplirá con su promesa y eliminará un impuesto. El gobierno de Eduardo Duhalde ya terminó de negociar y de recibir el visto bueno por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener la eliminación del tributo al "endeudamiento empresario", que dejará oficialmente de tener vigencia desde el 1 de julio de este año. Esta imposición, llamada oficialmente Impuesto sobre los Intereses Pagados y el Costo Financiero del Endeudamiento Empresario, surgió durante la gestión del ex ministro de Economía Roque Fernández en 1998 y comenzó a regir en el '99, con el objetivo de impedir dos males: eludir tributos a partir de los autopréstamos y el sobreendeudamiento que estaban mostrando algunas empresas, lo que para el equipo económico de entonces suponía generar problemas a futuro. Sin embargo, en la práctica, se convirtió en un impuesto distorsivo y problemático para su control y administración.

Uno de los integrantes del equipo económico de R. Fernández reconoció a este diario que el impuesto «fue ideado para un momento en que se pensaba una Argentina en crecimiento promedio de 4%». «Pero -agregó- resulta problemático para momentos de recesión crítica como el actual.»

Así las cosas, el impuesto dejará de tener vigencia desde el 1 de julio de 2002, luego de tres años y medio de vida útil. Hasta ahora, por este tributo se habían obtenido 694,8 millones de pesos en el '99; $ 855,1 millones en 2000; $ 444,7 millones en 2001; y hasta abril de 2002 los ingresos llegaron a 35,2 millones de pesos. En total, la suma llega a los 2.029,8 millones de pesos, $ 50,7 millones de pesos mensuales. Sin embargo, los ingresos, por la baja porcentual y progresiva de la tasa del tributo, fueron cayendo de los 60 millones de pesos mensuales de los dos primeros años de vida del impuesto (cuando las empresas se endeudaban con facilidad y, consecuentemente, debían pagar el tributo), a sólo 5,7 millones de pesos de abril de 2002.

Curiosamente, la decisión de eliminar el impuesto de una manera progresiva fue tomada a mediados de 2000, cuando el ministro de Economía era José Luis Machinea.
Fue una decisión curiosa para un ministro que pasó a la historia por el impuestazo que terminó con la incipiente reactivación del último trimestre del '99, lo que degeneró en la depresión que aún continúa. Sin embargo, hay que mencionar que tanto Machinea como luego Domingo Cavallo, Jorge Remes Lenicov y ahora Roberto Lavagna cumplieron con la promesa de eliminar dentro de un mes y medio con este impuesto.

• Distorsivo

Según el tributarista Leonel Massad, se trata de un «mal impuesto» y, probablemente, «uno de los más distorsivos de todo el sistema tributario nacional». Según la reglamentación del tributo, el objeto «es gravar los resultados que sean deducibles en el Impuesto a las Ganancias que paguen los tomadores de créditos originados en operaciones financieras, obligaciones negociables y restantes operaciones».

Esto se traduce en la obligación para los tomadores de crédito de
abonar un impuesto cada vez que liquiden intereses provenientes de la liquidación de cuotas de esos préstamos. Solamente pagan el tributo las empresas y las sociedades en general, mientras que se mantuvieron exentas las personas físicas (con nombre y apellido), el Estado nacional provincial y municipal y los bancos y entidades financieras en general. La alícuota del tributo fue originalmente de 15% para los intereses de los créditos bancarios (90% de los casos) y de 35% cuando el prestamista era una persona física. Luego, las alícuotas se fueron reduciendo hasta llegar a los actuales 2% y 5%, respectivamente.

El tributo fue pensado originalmente para evitar dos situaciones peligrosas:

• esquivar un mecanismo por el cual muchos inversores realizaban autopréstamos vía entidades financieras, para poder descargar los costos del endeudamiento en el pago de otros impuestos y reducir o contablemente eliminar la ganancia. Este mecanismo se denominaba «elusión financiera contable» y, de alguna manera, pudo reducirse con este impuesto;

• frenar el notable sobreendeudamiento que comenzó a percibirse en muchas empresas nacionales. Desde el equipo de R. Fernández se suponía que la aplicación de una alícuota al pago de intereses disminuiría esta tendencia, que en algunos casos se tornaba contablemente peligrosa.

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