Dos ministros del gobierno de Néstor Kirchner confirmaron ayer que la de reforma laboral 25.250 será derogada, pero no totalmente: será cambiada por otra legislación que mantendrá parcialmente el régimen que contenía la legislación original. Ayer el ministro de Interior Aníbal Fernández aseguró que la ley «sí o sí va a tener que ser derogada», pero «sin que se pierdan los derechos de los que la aplicaron de buena fe». Por su parte, el ministro de Trabajo Carlos Tomada, también habló sobre los futuros cambios, asegurando que éstos serán «independientes de los que resuelva la Justicia» en torno a la normativa aprobada mediante el presunto pago de sobornos durante la administración aliancista, y que el contenido de la nueva ley «está en estudio».
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Por el lado de los sindicatos, comenzando por el camionero Hugo Moyano, directamente pidieron la nulidad automática de la ley; una opción que ya fue descartada por el gobierno de Kirchner. Desde el Ejecutivo se reconoce que esta decisión sólo podría ser decidida por el Poder Judicial. De lo contrario, si avanzara el Congreso, podría ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema; lo que según los datos del gobierno, estaría además por suceder con las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que declaró nulas el Legislativo a comienzos de la gestión Kirchner.
En realidad, nunca los términos de la reforma ideada por el ex ministro de la Alianza Alberto Flamarique fueron del gusto del jefe de Estado.
Los legisladores de Santa Cruz votaron en contra de la normativa por la que, en líneas generales, extiende el plazo de período de pruebas y cesantía a 3 o 6 meses (eventualmente 12, pero luego de la modificación de las convenciones colectivas); deroga la cláusula de ultraactividad de los convenios y la posibilidad de homologar convenios a la baja.
El mantenimiento de ese período de prueba, sería lo único que se mantendría en el nuevo proyecto de ley que ejecutaría la derogación de reforma laboral de Fernando de la Rúa, mientras que el resto de las disposiciones serían eliminadas artículo por artículo. La continuidad de los períodos de prueba son en realidad una política de oficial que apunta a no dañar la demanda laboral incipiente dentro del sector privado; la que sería afectada si además se limita el período de prueba.
De todas maneras, el gobierno recién en estos días comenzará a realizar las primeras negociaciones dentro del Gabinete para darle contenido definitivo al proyecto que se enviará al Congreso en los primeros meses del año próximo.
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