Rio de Janeiro - El gobierno nacional prorrogará el plazo para que los deudores hipotecarios con problemas para pagar sus créditos se inscriban en el programa de refinanciación oficial, anticipó ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En declaraciones formuladas en el marco de la reunión entre los presidentes Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula Da Silva, Fernández aseguró que la decisión -adelantada por este diario el lunes-«ya cuenta con el visto bueno» del ministro de Economía, Roberto Lavagna, aunque no precisó el plazo por el cual se extenderá.
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Los bancos tenían plazo hasta ayer a las 16 para informar a la Superintendencia de Entidades Financieras si venderán o no los créditos en mora al fondo fiduciario creado por el gobierno nacional, y tienen la posibilidad de transferir parte o la totalidad de su cartera irregular.
Hasta el momento, el único que manifestó públicamente su intención de vender la cartera morosa al fondo fiduciario es el Banco Provincia. La entidad bonaerense tiene cerca de 5.000 préstamos hipotecarios en mora, y el presidente del BAPRO, Jorge Sarghini, dijo que el mecanismo ideado por el gobierno «es bueno para los deudores y también es bueno para el banco, por lo tanto, estamos decididos a acompañar este proceso».
En tanto, los morosos que no cumplan con los requisitos para ingresar en el salvataje podrán reestructurar su deuda con la entidad financiera.
Por otra parte, voceros de bancos especializados en créditos hipotecarios apoyaron la medida oficial de prorrogar el plazo, «siempre que sirva a la gente para interiorizarse de este mecanismo y no se modifiquen los términos de la reglamentación».
El 19 de diciembre pasado, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley de rescate para los deudores hipotecarios morosos con créditos para vivienda única de hasta 100 mil pesos, que establece refinanciaciones de hasta 12 años y fija un tope máximo para que los beneficiarios no paguen mensualmente más de 25% de sus ingresos. Pese a que la reglamentación mantuvo la potestad de los bancos para elegir si adhieren o no al régimen de salvataje, el texto fuerza a las entidades financieras a ejercer esa opción para el conjunto de su cartera, y no para cada deudor individualmente, lo cual podría haberles permitido una discriminación entre sus clientes.
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