Confirman que bancos no ejecutarán propiedades

Los bancos renovaron el pacto de no avanzar con las ejecuciones hipotecarias hasta que el Congreso trate el proyecto de ley que apunta a subsidiar a los deudores morosos. Así lo aseguró ayer en conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que de esta forma confirmó el anticipo de Ambito Financiero.

Ayer había vencido formalmente la tregua de 30 días que habían acordado las entidades para evitar remates. Pero ante el pedido del Poder Ejecutivo, las tres cámaras bancarias se comprometieron a esperar la aprobación del nuevo proyecto que establece un salvataje para los deudores morosos que corren el riesgo de remate.

Fernández aseguró que el texto remitido hace un par de días por el Ministerio de Economía está siendo revisado y que recién será girado al Congreso la semana que viene. En realidad, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, está revisando su contenido e introduciendo algunos cambios.

Además de implicar una ayuda para el deudor moroso, el proyecto también favorece a los bancos, que podrán volver a cobrar los créditos caídos a partir de enero de 2001. Justamente, el proyecto establece que ése será el plazo a partir del cual los deudores moroso podrán beneficiarse de la ayuda oficial. En cambio, si un deudor entró en mora antes, por ejemplo entre 1996 y 2000, no tendrá el beneficio estatal y podría sufrir el remate de su vivienda.

•Vivienda única

El texto que elaboró la Secretaría de Coordinación Económica, que dirige Leonardo Madcur, determina que la ayuda del Estado se aplicará exclusivamente para los casos de hipoteca sobre vivienda única y familiar. No será aplicable sobre otros inmuebles, como terrenos o fábricas, entregados en garantía de un crédito bancario.

Fernández confirmó algunos detalles ya conocidos del proyecto, aunque especificó que se están repasando algunos aspectos junto al secretario Legal y Técnico de Presidencia, Carlos Zanini. Según trascendió, uno de los puntos que no conformaría del todo a Kirchner es la limitación de ayuda a quienes poseen inmuebles que no superen los 100 metros cuadrados. Los legisladores, incluso, aseguraron que no aceptarán esta imposición por considerarla «una medida arbitraria».

Otra de las cuestiones en análisis es el límite máximo de $ 80.000 que debería tener el crédito para que el deudor pueda recibir el subsidio. Una posibilidad es extenderlo hasta $ 100.000, aunque la principal duda es en cuánto aumentaría el costo de la ayuda estatal.

De acuerdo con el proyecto, un nuevo Fondo Fiduciario se encargará de pagarle al banco las cuotas vencidas del crédito y luego efectuar los pagos mensuales correspondientes. Al mismo tiempo, el fondo refinancia la deuda con el cliente bancario con un alargamiento de plazos, reducción de tasas y un año de gracia para que vuelva a pagar. En caso de que el deudor continúe incumpliendo, ahí sí terminaría sufriendo el remate de su vivienda. El esquema se aplicará tanto a los deudores bancarios como a aquellos que tomaron préstamos de privados (escribanías y otros prestamistas).