Varios de los 11 consignatarios de hacienda cuyos permisos para operar fueron suspendidos por el gobierno el viernes evalúan la posibilidad de recurrir a la Justicia para que obligue al Ejecutivo a dar marcha atrás. El argumento de los empresarios de la carne es que la prohibición para realizar la actividad fue tomada sin previo aviso y de manera sorpresiva. Ello atentaría contra la jurisprudencia existente para los casos de clausura.
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Igualmente se descuenta que mañana mismo puedan volver a operar al ponerse al día con pagos impositivos o bien dejar de tener validez jurídica la decisión oficial. Según la opinión de los abogados de las firmas clausuradas, el gobierno, antes de prohibir la operatoria de los 11 consignatarios, debería haberlos informado sobre la deudas impositivas y previsionales existentes y haberles dado la posibilidad de cancelarlas o de acogerse a alguno de los planes de pago vigentes en la AFIP, organismo a cargo de Alberto Abad.
Los asesores jurídicos de los empresarios, que recibieron la noticia el viernes a la tarde, esperarían a conocer los próximos pasos del Ejecutivo sobre la continuidad de las clausuras, para luego recurrir a la Justicia ordinaria para reclamar la inmediata apertura de los locales de los consignatarios y, eventualmente, comenzar a negociar con la AFIP el monto adeudado y la forma de cancelar. Igualmente, muchos de los afectados aseguraban ayer que no mantienen deudas impositivas y previsionales de importancia. Otros empresarios del sector reconocían ciertoatraso en los pagos, pero consideraban que éstos se deben a cuestiones técnicas sobre la forma de liquidar los impuestos y no a la mala voluntad de pago o a cuestiones de evasión impositiva. Los consignatarios aseguraban el fin de semana, que la decisión del gobierno, que aplicó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), se debe más a cuestiones políticas vinculadas a la disputa entre el Ejecutivo y el sector de la carne por el alza de los precios, que a la intención de recuperar deudas. De hecho, muchos consignatarios y tributaristas recuerdan que desde comienzos de la década del '90, cuando la entonces DGI era manejada por Ricardo Cossio y Luis María Peña dirigía un grupo de fiscalizadores especializado, no había tantas clausuras juntas y automáticas, sin dar posibilidad de defensa al afectado.
Tampoco en este caso, desde la AFIP se le comunicó a los consignatarios sobre la posibilidad de cancelar sus deudas antes de avanzar con la prohibición de la actividad. La posición final de los consignatarios será tomada hoy, luego de que los suspendidos lleguen a sus lugares de trabajo en el mercado y vean si no pueden realizar sus actividades con normalidad. Durante el fin de semana, varios de los 11 afectados estuvieron comunicados entre sí para establecer una estrategia conjunta.
La polémica comenzó el viernes pasado, cuando desde el Ministerio de Economía se suspendieron las inscripciones de 11 consignatarios o comisionistas de ganado por mantener deudas con la AFIP, en lo que es un nuevo capítulo en la pelea entre el gobierno y los empresarios de la carne.
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