Córdoba y Buenos Aires avanzarán en la implementación de un régimen laboral especial para el sector automotor, como primer paso para lograr algún tipo de convenio sectorial de promoción del sector, que incluya la posibilidad de reducir impuestos nacionales, provinciales y municipales. Esta fue la principal decisión de la reunión que el fin de semana mantuvieron los gobernadores de Córdoba, José Manuel de la Sota, y de Buenos Aires, Carlos Ruckauf; en la minicumbre de Carlos Paz, organizada especialmente para tratar de lograr algún tipo de política pública para ayudar a las terminales durante 2001. Una de las medidas laborales que lanzarán las dos provincias es la implementación de los Planes Trabajar junto con sus versiones nacionales y provinciales, con lo cual habrá reducción de aportes patronales extra para las terminales automotrices. Mientras tanto, y sin mayores posibilidades de éxito, las dos provincias intentarán esta semana presionar al gobierno de Fernando de la Rúa, más específicamente al ministro de Economía, José Luis Machinea, y al secretario de Industria, Javier Tizado, para que desde la Nación y las provincias se reduzcan tributos específicos al sector. Ayer, el Poder Ejecutivo descartaba cualquier posibilidad de avanzar, por lo menos por ahora, en cualquier alternativa que incluya reducciones de impuestos.
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En este marco, De la Sota y Ruckauf firmaron el llamado «Acuerdo sobre el sector auto-motor entre los gobernadores de las provincias de Buenos Aires y Córdoba». Allí, y luego de seis «considerandos» en los que se explica la situación de las terminales, se critica la negativa nacional a reducir tributos y se responsabiliza de la recesión del sector al Ministerio de Economía; Córdoba y Buenos Aires llaman a un convenio sectorial. Este debería incluir, además de los gobiernos provinciales y nacionales, a las «fábricas automotrices, autopartistas, sindicatos y concesionarios» para lograr tres metas: «reducción de impuestos nacionales y provinciales, disminución de precios de los automotores mayor a la baja impositiva y un compromiso de recaudación mínima». De los tres puntos, todos los que involucran a las provincias y las terminales estarían acordados, salvo los que tienen a la Nación como responsable.
Igualmente, las provincias darán un primer paso en este convenio, reduciendo costos laborales dentro de las terminales automotrices radicadas en el territorio de Buenos Aires o Córdoba, y sin esperar que desde el gobierno de Fernando de la Rúa se tome una decisión sobre la situación impositiva. A partir de la política que las dos provincias implementarán probablemente desde marzo, las automotrices podrían utilizar los llamados Planes Trabajar y sus versiones cordobesa y bonaerense (Bonus y Primer Paso). Estos se basan en la posibilidad de que las empresas que usen estos planes tengan reducciones en los costos laborales generales de sus plantas de empleados por cada nuevo trabajador que contraten. Las reducciones, que parten de un 5% en un primer empleado y pueden llegar a un 15%, podrían ser aprovechadas por Fiat, Renault, Daimbler-Chrysler, Iveco, Peugeot, Ford, Toyota y Volkswagen. También podrían tramitar estos planes los auto-partistas que estén instalados dentro de las dos provincias.
Además de esta decisión, los dos gobernadores quieren ir más allá de la reducción de los costos laborales e intentarán convencer desde esta semana al gobierno nacional para que reduzca los impuestos sectoriales. Para justificar este reclamo, De la Sota y Ruckauf consideraron dentro del documento que el Plan Canje, llevado a cabo en la administración anterior, «significó un importante paliativo y evitó que la producción automotriz tuviera una caída mucho más profunda».
Advertencia
Destacaron además que, en su momento, los gobiernos provinciales con industria automotriz instalada en su territorio «advirtieron oportunamente al gobierno nacional que una salida abrupta de ese plan, como la ocurrida, profundizaría aún más la crisis del sector». También destacaron que las autoridades del Ministerio de Economía de la Nación «se han negado hasta el presente a disminuir los impuestos que afectan a los automotores, mientras que los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe ofrecieron disminuir los impuestos que recaen sobre la comercialización de los autos».
Asimismo, resaltaron que los gobiernos de Córdoba y Buenos Aires, a través de sus planes Primer Paso y Bonus, colaborarán económicamente en la rápida expansión de nuevos puestos de trabajo en el sector automotor.
Además, precisaron que el Régimen Automotor Común, logrado en el ámbito del Mercosur, «plantea una posibilidad cierta de sostenimiento de la actividad industrial, pero en poco tiempo más, quedará convertido en letra muerta, al no existir un mercado automotor en crecimiento». Consideraron luego que el complejo automotor requiere un plan integral de desarrollo que incluya las medidas ya mencionadas y además, un programa destinado a los autopartistas argentinos, que permita incorporarlos al circuito mundial. Finalmente, advirtieron que la «inacción actual generará, en el corto plazo, situaciones de conflictividad social no deseadas».
