Correo: el gobierno no encuentra salida

El gobierno de Fernando de la Rúa tiene dos lastres que no puede resolver: las concesiones del Correo Argentino y de Aeropuertos. Ya desde los primeros días de gestión, los funcionarios abocados a esos temas llegaron a la convicción de que ambos contratos no cerraban desde el punto de vista económico y que en los dos casos se había ofrecido un canon demasiado alto que lo hacía prácticamente impagable.

Aunque cada caso tiene sus particularidades, las salidas, tanto hace quince meses como ahora, sólo son dos: renegociar los contratos, admitiendo el costo político de bajar el canon y de volver a confirmar que en la Argentina los contratos con el Estado «siempre son renegociables», y afrontando el riesgo de eventuales juicios de los otros oferentes de ambas privatizaciones, o rescindir los contratos, llamando a nuevas licitaciones con otras condiciones, asumiendo el costo de los juicios casi seguros de los actuales concesionarios.

En quince meses, el gobierno no optó por ninguna de las dos salidas. Prefirió dejar que el tiempo pasara o que surgieran soluciones salvadoras, ya sea la aparición de un socio para el Correo dispuesto a poner dinero, o esperar a renegociar el contrato de Aeropuertos Argentina 2000 cuando esté aprobado el proyecto de rediseño del Aeroparque Metropolitano, que sólo en teoría parece exigir mayores inversiones a las determinadas en el contrato original.

Canon

En el caso del Correo, se cree que el interés del Exxel y de Juan Navarro por comprarle las acciones a Francisco Macri (que equivalen a 70% de la sociedad concesionaria) recibió por lo menos un guiño favorable del ex ministro Nicolás Gallo. En ese momento, a mediados del año pasado, Navarro había llegado a prometer pagar el canon de toda la concesión por adelantado, y casi simultáneamente, los asesores de Gallo elaboraron un proyecto de reglamento para la actividad postal, que prácticamente iba a terminar con la competencia en el negocio, estimulando la concentración de dos o tres grandes prestadores, debido a la cantidad de exigencias para la actividad, como cantidad de vehículos, personal empleado, capital propio y canon anual a pagar.

Pero especialmente, el llamado proyecto Gallo indicaba que «el Correo Argentino posee por delegación específica y exclusiva dada por el concedente, el poder para dar a través de sus empleados el valor fedatario de los servicios de comunicaciones fehacientes».

Sin embargo, los técnicos de la Comisión Nacional de Comunicaciones que elaboró el proyecto que está en proceso de consulta (ver nota vinculada) consideraron que el contrato del Correo Argentino sólo le otorga la exclusividad de la filatelia, es decir, la emisión de estampillas.

Por lo tanto, el proyecto actual no contiene la exclusividad del valor fedatario para las comunicaciones fehacientes --que les daría a éstas el valor de ser avaladas por escribano público-y tampoco la posibilidad de transferir ese derecho a otro prestador de máxima calificación, siendo que esta última alternativa también estaba incluida en el proyecto Gallo y obviamente beneficiaba a OCA.

Rechazo

A la vez, aunque finalmente la Secretaría de Defensa de la Competencia rechazó la operación, hasta febrero se afirmaba que el dictamen la permitiría, pero obligaría a OCA a desprenderse de buena parte o todo el segmento minorista de la actividad postal. Como el Correo es una concesión de una empresa estatal, si OCA debía abandonar el negocio minorista, podía correr el riesgo de quedarse sin nada al término del período del contrato.

De todas formas, se cree que el elemento definitorio es el de las exclusividades que no se le dio al Correo Argentino. Según el punto de vista empresario, si el Correo tiene que cubrir el servicio universal, es decir, la cobertura en todos los puntos del territorio nacional, sean o no rentables, y no puede compensar esa obligación con la exclusividad de algunas prestaciones, el negocio resulta inviable.

Pero lo cierto es que el contrato no otorga otra exclusividad que la filatelia y que Francisco Macri y sus socios lo firmaron. También es cierto que el contrato no contempla ningún compromiso del Estado para cambiar las condiciones laborales en el Correo, aunque éstas sean más onerosas que para los otros prestadores y el gobierno de Carlos Menem a lo mejor asumió el compromiso de modificarlas en forma verbal y después no lo cumplió.

A fecha actual, el Correo Argentino debe más de 200 millones de pesos de canon, contando la cuota que debió pagar el viernes pasado y que no abonó amparándose en una medida cautelar que ordenó no cobrarlo hasta que se cumplieran tres condiciones: que estuviera aprobado el marco regulatorio de la actividad postal y la venta de acciones de Macri a OCA, y que se le permita compensar la deuda del Estado por prestaciones impagas.

El reglamento está a punto de aprobarse, la operación con OCA se frustró, y según fuentes confiables, al 31 de enero, el Estado nacional sólo le debía al Correo 7 millones de pesos. En estas condiciones, la Cámara en lo Contencioso Administrativo podría seguir demorando el fallo sobre la apelación del Estado, pero no por mucho tiempo más.

La situación deja al gobierno al borde de tener que definirse, y esto explicaría que, aunque se está procesando un reglamento en sentido contrario, el secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, haya declarado, según un matutino, que el tema «debe resolverse no mirando las pautas con que se dictó el nacimiento de la concesión» y haya mencionado «la necesidad de discutir no sólo el canon, sino también convenios laborales, franjas de negocio exclusivas del Correo y reglamento del servicio».

Convicción

Estas declaraciones, a más de un año de que el tema está en debate, responderían a la convicción de que el grupo Macri no aceptará la rescisión del contrato y que está dispuesto a hacerle juicio al Estado por más de 400 millones de pesos, basándose sobre todo en los contratos de trabajo que heredó de la empresa estatal, que son mucho más costosos que los de sus competidores.

Pero como en realidad, nadie sabe todavía qué decisión tomar ni quién la tomará, a la par que Aguiar formuló esas declaraciones, otras fuentes oficiales aseguraron que antes de tomar cualquier medida, el gobierno se ha comprometido a informarla al grupo de bancos que tiene prendadas las acciones de Macri (entre ellos sus socios, el Banco de Galicia y la Corporación Financiera Internacional, y los Bancos Santander y Río). También que ya está proyectado cómo traspasar transitoriamente el Correo a manos estatales hasta que se llame a una nueva licitación.

Se deduce que el fantasma de una acción judicial del Correo Argentino, representado por el ex ministro Roberto Dromi, acentúa las contradicciones dentro del gobierno y lleva a seguir privilegiando la indefinición. Aunque a la larga, esta concesión o su eventual renegociación termine saliendo más cara desde el punto de vista económico y desde el político.