Correo: se demora más la definición

Un tribunal de segunda instancia frenó ayer la definición que debía dar el juez del concurso preventivo del Correo Argentino y que, según la ley, es la apertura de la etapa de salvataje o «cram down». El dictamen preocupó al gobierno. Antes que interviniera la Cámara, el proyecto oficial era no dar consentimiento para el «cram down», en su carácter de acreedor principal. También se esperaba que esto acelerara la quiebra y la relicitación. Ahora la situación varió porque la empresa sigue formalmente en el concurso preventivo.

La Cámara de Apelaciones en lo Comercial hizo lugar a un recurso de queja presentado por el Correo Argentino, y suspendió los tiempos judiciales dentro del concurso preventivo, de modo que, contrariamente a lo esperado, el juez de primera instancia, Eduardo Favier Dubois, no podrá abrir hoy el proceso de salvataje o «cram down» contemplado en la Ley de Quiebras.

La noticia causó preocupación en el gobierno porque el alargamiento de los tiempos judiciales conspiraría contra el proyecto oficial para que, tras el «cram down» y la quiebra, el Estado se haga cargo del servicio para volver a licitarlo. Anoche el tema estaba siendo analizado en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

La decisión de la Cámara suscitó suspicacias en estudios jurídicos por la inusual celeridad del pronunciamiento, ya que la petición del Correo había sido elevada el martes. También se advirtió la coincidencia de que una de las firmantes del dictamen fue la camarista Ana Pizarro, esposa del diputado electo de Compromiso para el Cambio, Enrique Vanossi.

El juez del concurso preventivo, Eduardo Favier Dubois, había rechazado la semana pasada la solicitud del Correo para que se prorrogara 120 días el plazo para negociar el acuerdo con los acreedores. Posteriormente, el martes de esta semana también rechazó un pedido de prórroga por 30 días, debido a que el Estado, como principal acreedor, no aceptó el aplazamiento.

En su disposición de ayer, la Cámara da lugar al recurso de queja del Correo, pero todavía no se expidió sobre si otorga o no la prórroga de 120 días. El fallo sobre la postergación no tiene plazos predeterminados: puede hacerse la semana próxima o dentro de tres meses, aunque se afirma que la trascendencia pública del tema obligaría a un pronunciamiento en dos o tres semanas.

Mientras tanto, los tiempos del concurso quedan suspendidos. De no haber mediado la decisión de la Cámara, el juez Favier Dubois debía pronunciarse hoy al vencer tras las dos primeras horas de la jornada judicial el plazo para que el Correo llegara a un acuerdo con los acreedores.

•Salvataje

De acuerdo a la ley, el magistrado no podía declarar la quiebra sino iniciar el proceso de salvataje o «cram down», lo que implica abrir en 48 horas un registro de interesados en quedarse con el Correo, que debía cerrarse a los cinco días hábiles.

Dada la situación de la empresa y las características de la concesión, en medios oficiales se descontaba que no iba a presentarse ningún tercero interesado y que sólo iba a hacerlo el mismo Correo Argentino. Asimismo, en el gobierno ya estaba la decisión tomada de no dar consentimiento al «cram down», con lo cual el mismo iba a convertirse en técnicamente imposible, ya que el Estado es el acreedor principal. En ese caso, el juez hubiera debido declarar la quiebra pero probablemente en un plazo de unos 60 días, considerando los plazos previstos en la Ley 24.522.

Dentro del gobierno, algunos funcionarios aconsejaron que para evitar un deterioro mayor de la situación del Correo y asegurar la prestación del servicio, convenía la rescisión del contrato antes de que el juez decretara la quiebra.

Sin embargo, esa postura perdió fuerza cuando se conoció la decisión de la Cámara. «La cuestión está en manos de la Justicia», dijeron en el Ministerio de Planificación. En apariencia, al continuar abierto de hecho el concurso preventivo, los acreedores podrían accionar contra el Estado, si éste rescinde el contrato, con el argumento de que al caer la concesión, fueron afectados sus derechos.

Antes del fallo de la Cámara, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo en declaraciones radiales, que el gobierno está dispuesto a hacerse cargo «hoy mismo» del Correo, en caso de que la Justicia decrete la quiebra, porque «el Estado debe garantizar la prestación del servicio postal».

«Un servicio público no puede estar en manos de una empresa quebrada», agregó Fernández y aseguró que el Estado se hará cargo de la empresa «en caso de que sea necesario». También indicó que «el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, está trabajando hace varios meses».

•Nuevo marco

El proyecto oficial incluiría retomar el servicio y las instalaciones del Correo oficial y gestionar la empresa por un plazo máximo de 180 días. En ese período, se dictaría una ley de marco regulatorio de la actividad y sobre la concesionaria del Estado, y se llamaría a una nueva licitación nacional e internacional.

La deuda del Correo que está en concurso es de 126 millones de dólares y 597 millones de pesos, de los cuales 296 millones corresponden a canones no pagados al Estado. Con posterioridad a entrar en concurso, en setiembre de 2001, el Correo acumuló una deuda por el canon de unos 360 millones de pesos.

El Estado o cualquier otro acreedor podrían pedir la quiebra del Correo por las deudas impagas que corresponden a fecha posterior al inicio del concurso. Sin embargo, éste no fue hasta el momento el criterio oficial.

Aunque la cuestión será detenidamente estudiada desde el punto de vista legal y político por el gobierno, hasta anoche predominaba el criterio más prudente de esperar a que la empresa esté en el proceso de «cram down» o con la quiebra declarada, para intervenir.