Correo: siguen buscando acuerdo

El juez Eduardo Dubois, en cuyo juzgado quedó radicado el pedido de concurso de acreedores del gobierno argentino, debe resolver antes del próximo miércoles 10 si admite o no la solicitud de la sociedad, cuyo accionista mayoritario es el grupo Macri. Recién después de que el magistrado se defina, el gobierno decidirá, en caso de que la convocatoria sea aceptada, si aplica la cláusula que le permite rescindir el contrato de concesión si se declara el concurso preventivo.

Mientras tanto, el Correo espera que esta semana el gobierno defina el pago de 34 millones de pesos que le adeuda el Estado nacional por servicios prestados y no pagados en 1999. El decreto que autoriza el pago de la mayor parte de esa suma en bonos es de mediados de setiembre, pero según voceros de la empresa, recién se concretaría cuando estuviera cerrado el tercer trimestre. Según esas fuentes, faltaría definir con qué tipo de bono se va a pagar y si el Ministerio de Economía va a aceptar el pedido del concesionario de que se le entregue una cantidad de bonos que representen, al ser liquidados inmediatamente, la suma adeudada. Por eso, la cantidad de pesos en bonos depende del tipo de título que se otorgue y del descuento que tenga ese papel hoy en el mercado.

Plazo

En cuanto a la convocatoria, según los plazos establecidos en la Ley de Concursos y Quiebras, el Correo Argentino tiene diez días hábiles judiciales desde la fecha de presentación para cumplir ciertos requisitos establecidos en la norma. Entre ellos, explicar las causas concretas de su situación patrimonial, la época en que se produjo la cesación de pagos y los hechos que la provocaron, presentar el activo y pasivo actualizado a la fecha de presentación del concurso, y entregar la nómina de los acreedores.

Ese plazo vence el miércoles de esta semana y a partir de ahí el juez tiene otros cinco días hábiles judiciales que vencen el 10 para admitir o rechazar el pedido, aunque en principio no existen, según el texto de ley, motivos para no aceptar el concurso del Correo.

Como el gobierno dijo que va a respetar los plazos de la Justicia, se entiende que recién decidirá la cláusula que le permite revocar el contrato, cuando el juez admita el pedido de concurso, o bien a los 30 días hábiles de la presentación, momento en que, según la ley, la asamblea de accionistas de la empresa debe ratificar la presentación.

Esto le da tiempo al gobierno para tomar una definición que se considera «muy delicada» en los despachos oficiales. Si rescinde el contrato por el concurso, dejaría espacio para que la sociedad liderada por Macri inicie acciones judiciales por presuntos incumplimientos del contrato, fundamentalmente por asimetrías laborales y competencia desleal.

Según los voceros del Correo, esa demanda sería por unos 700 millones de pesos, pero la suma no fue todavía cuantificada en la presentación judicial, aparentemente porque de ese número depende la tasa de justicia. Si el monto demandado es realmente de 700 millones, la tasa ascendería a 21 millones de pesos.

Aunque esos planteos fueron descartados por los equipos jurídicos de varias instancias del gobierno, igualmente parece temerse una acción judicial. De todas formas, el gobierno se vería en dificultades para mantener la concesión en concurso, y lo mismo le pasaría a la sociedad concesionaria. Porque en la convocatoria entran las deudas anteriores a la presentación, lo que en este caso incluye los 257 millones de cánones adeudados, pero no entran los cánones futuros, lo que seguiría manteniendo la incongruencia de un pago al Estado demasiado alto en relación a la facturación (alrededor de 20%). «Impagable», según definió antes del pedido de convocatoria, el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, para explicar que la única salida es llegar a una rescisión acordada de la concesión.

Las complicaciones del tema incluyen también la decisión judicial que obliga a realizar una audiencia pública antes de aprobar el marco regulatorio para la actividad postal, con lo cual la norma volverá a demorarse, aun cuando viene elaborándose desde marzo del año pasado y fue sometida a una consulta pública por escrito a los principales interesados.

El Correo se presentó en concurso a tres días de haber sido intimado a pagar los cánones adeudados bajo apercibimiento de rescisión del contrato, y cuando ya habían sido avisados de esta posibilidad los bancos acreedores de la empresa.

Si el gobierno decide rescindir el contrato, la sociedad concesionaria quedaría en concurso con sus créditos y deudas, pero los activos físicos (inmuebles y muebles) del Correo e incluso el personal, volverían al Estado.