Crean una nueva DGI, pero para recaudar los aportes patronales

Uno de los decretos (el N° 1.394) que emitió ayer el gobierno y que forma parte de la batería de medidas anunciadas de manera imprecisa el jueves dispone una reforma en el sistema de Seguridad Social (jubilaciones y pensiones) que consiste en la creación de un Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS). Las funciones de ese organismo serán, entre otras, «ejercer toda (...) actividad inherente a las funciones de aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social». El significado de esta innovación es evidente: se crea un nuevo organismo de recaudación y administración en reemplazo de la AFIP, que en adelante no tendrá la facultad de recaudar y administrar aportes patronales y se limitará a hacerlo con los exclusivamente impositivos.

Otra novedad de este decreto clave es que establece otra manera de recaudación de esos aportes. Hasta ahora los empleadores depositaban el salario neto de sus empleados y, por cuerda separada, cumplían con sus aportes previsionales, de accidentes de trabajo o de la obra social. Ahora el patrón deberá depositar el salario bruto y será el banco el que distribuya los aportes para quien corresponda. La consecuencia es obvia: las empresas ya no podrán «pedalear» los aportes patronales, denominados en el decreto como Contribución Unificada a la Seguridad Social (CUSS).

El nuevo instituto que se crea estará en la órbita del Ministerio de Economía y presumiblemente en manos de un hombre de Domingo Cavallo, como Osvaldo Giordano. Supone, prácticamente la eliminación de la Administración Nacional de la Seguridad Social, entidad donde tiene su asentamiento buena parte de la clientela intermedia de la UCR bonaerense, en especial la que reporta a Leopoldo Moreau (que con esta medida firmada por Fernando de la Rúa tendría un castigo ejemplar por tanta disidencia con el gobierno).

Creación

Pero éstas no son las únicas modificaciones de este importante decreto: también se crea a través de él un Consejo de Administración integrado por el titular de la AFIP, el director ejecutivo de la ANSeS y los representantes de las entidades que formen el instituto. Entre ellas están las AFJP, las ART y las obras sociales sindicales. Con esto se cumple, en un nuevo pacto negro, una de las ambiciones más antiguas del actual sindicalismo: participar de la recaudación de contribuciones patronales, en especial de las que alimentan sus «cajas». Una intervención en el sistema de relaciones laborales que les asegura, con más poder que antes, bloquear cualquier intento de desregulación de las obras sociales.

La función de este consejo de administración es, sencillamente, la de organizar la nueva estructura «en sus dependencias y delegaciones» (lo que supone que tendrá una estructura considerable y costosa en todo el Estado nacional).

Elaboración

Además de crear el Instituto, el Decreto 1.394 establece también la elaboración de un Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social, una especie de megabanco de datos con la información disponible en todos los padrones en uso (de las AFJP, el sistema de reparto, las ART, las obras sociales, etc.) El Sistema estará constituido por todos los actores del sistema (AFJP, obras sociales, sindicatos, ANSeS, etc.), que a su vez tendrán derecho a acceder a información cruzada, lo que les provee a los gremialistas de un poder que ni siquiera la última reforma laboral -que establece el derecho a la información-consiguió darles.