Alberto, Iacocca y el rescate necesario

Economía

El modelo Chrysler-Iacocca es uno de los modelos a seguir. Hay otros. Pero antes se necesita un nuevo contrato económico-impositivo y social entre el Estado nacional y los privados.

Una gran empresa petrolera de capitales mixtos ya anunció que pagará los salarios de mayo en dos partes y dentro del directorio se habla de la incógnita de lo que pasará con los de junio, incluido el aguinaldo. Una petroquímica radicada en Bahía Blanca ya analiza vender parte de sus activos al mejor postor, sin esperar una mejora en el clima general de negocios. Una automotriz le envió a su sede central del primer mundo que necesita un salvataje urgente y hasta ayer no había recibido respuesta. Una textil, con flexibilidad para producir localmente o importar, espera un último informe de una consultora para anunciar el cierre definitivo de sus locales al público. Un empresario gastronómico que comercializa cuatro grandes franquicias en todo el país maneja desde hace una semana su propio automóvil haciendo delivery. Una sociedad de Bolsa espera conocer si el país ingresará o no en default para ponerle precio a su permiso de operar en la Bolsa de Buenos Aires. Una gran constructora directamente evalúa la quiebra. Lo mismo que una cadena de hoteles. La crisis, como si fuera una terrorífica marea que avanza sin parar, ya superó la línea de flotación de las pymes y alcanzo a las grandes compañías del país. La situación es grave y, en muchos casos, al borde de la misma supervivencia. Es el momento de pensar en grandes ideas que solucionen grandes problemas. Nada que no haya ocurrido en otros momentos de la historia económica mundial.

En agosto de 1983, el entonces presidente de Chrysler, Lee Iacocca, anunció que devolvería, ocho años antes de lo previsto, unos u$s813 millones residuales de un préstamo por un total de u$s1.200 millones; que el Gobierno de los Estados Unidos le había otorgado a la tercera automotriz de ese país con el objetivo de para evitar su crisis total y su eventual cierre. El dinero provino de bancos privados, con el Gobierno norteamericano como aval definitivo. Si Chrysler no pagaba, el que abonaría el crédito sería el Estado y tendría el derecho a rematar los bienes de la empresa. Atrás de esta alternativa se anotaban varias automotrices del mundo (fundamentalmente las japonesas, que comenzaban a avanzar seriamente en ese mercado). La apuesta del Gobierno de EE.UU. era doble: avalaba el crédito más grande a un privado de su historia y, si el operativo salía mal, un ícono de ese país podría quedar en manos extranjeras. Esta posibilidad, en los 80 (plena Guerra Fría), era algo imperdonable. El legendario Iacocca, de tendencia conservadora, lo había gestionado personalmente ante su amigo personal Ronald Reagan, convenciendo al jefe de Estado republicano de la necesidad de recibir esa ayuda y de las reales posibilidades de devolverlo en tiempo y forma. Chrysler, afectada seriamente por la severísima crisis del petróleo de mediados de los 70, luchaba por sobrevivir; y encontró en la contratación de Iacocca parte de la solución a sus problemas. El CEO, quizá uno de los más importantes de la historia, venía de una carrera brillante en Ford (fue el responsable del lanzamiento del Mustang) y aceptó el desafío, quizá por motivos personales y para demostrarle a la familia Ford (con la que se había distanciado) que realmente tenía valores propios para desarrollar su propia carrera. Iacocca se dio cuenta de que la empresa no sobreviviría sin una inyección de capital y que la única salida era un salvataje del sector público, bajo el estricto compromiso que lo más rápido posible el dinero sería devuelto. El empresario convenció personalmente a Reagan sobre la necesidad de mantener en pie a un ícono del poderío industrial de los Estados Unidos (en ese momento el sector automotriz con sede en Detroit lo tenía), con una foto de la cúpula del edificio de Chrysler de Nueva York sobre el escritorio del Salón Oval. Reagan y Iacocca eran dos defensores militantes del esfuerzo del sector privado y defensores del ala más conservadora del Partido Republicano y entendieron dos conceptos fundamentales. El primero: en épocas de crisis el Estado tiene un rol fundamental para ayudar y aplicar salvatajes al sector privado. El segundo: esos salvatajes no tienen que implicar el ingreso del Estado en la conducción o toma de decisiones de la compañía ni, mucho menos, en el ingreso del sector público como accionista de esas empresas. El préstamo a la Chrysler tuvo un final feliz. La empresa sobrevivió. Rápidamente se reconvirtió en una automotriz pujante, modernizó y volvió a crecer. El dinero fue devuelto ocho años antes de lo pactado y luego de haber cumplido con el pago de todas las cuotas en tiempo y forma. Tanto Reagan como Iacocca pudieron demostrar a sus críticos del Partido Republicano que, en algunos momento, la presencia del rol del Estado es importante, pero siempre respetando la propiedad privada.

Este modelo de salvataje de la Chrysler se repitió varias veces más en la historia de los Estados Unidos. La última fue en 2008, cuando el Gobierno de George Bush (h) decidió un plan de ayuda al sistema financiero de los Estados Unidos, luego de la crisis de las subprime. En estos días, otro republicano, Donald Trump, también avanza con el plan de salvataje de privados (empresas y trabajadores) desde la crisis del 30. Varios países y bloques también van en el mismo sentido. La Unión Europea directamente habla de la nacionalización temporaria de empresas de todos los sectores y rubros (estratégicos o no), con la condición de que inmediatamente después de que vuelva la normalidad comience la devolución del dinero del salvajate, en créditos más que blandos y a largo plazo, al ritmo del desmantelamiento de la presencia del sector público en el listado de accionistas en las empresas. El ingreso del Gobierno alemán en Lufthansa sería el primer ejemplo.

Nada impediría que un esquema de este tipo se repita en la Argentina, con un Gobierno como el de Alberto Fernández. En poco tiempo se conocerán casos de grandes compañías históricas y emblemáticas del país que, seriamente, tendrán problemas terminales de continuidad. Habrá petroleras, petroquímicas, automotrices, empresas de alimentos, químicas, metalúrgicas, siderúrgicas, textiles, empresas de turismo, gastronomía, etc. que, directamente, no sobrevivirán no sólo a la crisis generada por el coronavirus, sino a 10 años de estancamiento de la economía argentina y dos años de decadencia general. En muchos casos la cuarentena solo fue el tiro de gracia. Es una salida absolutamente válida y adoptada en estos días por la mayoría de los países desarrollados y emergentes. El esquema es simple. El Estado, por cualquiera de sus vías (Banco Nación u otros bancos estatales, garantías públicas a préstamos de bancos privados o, algo más arriesgado políticamente, avanzar en crédito vía la caja más amplia del Estado: la ANSES, a través del Fondo de Garantía Sustentable. El mecanismo sería simple: un crédito en pesos, a largo plazo y a tasa subsidiada con el Estado como garante primario y los activos de las empresas como activo final. Si no se paga, los bienes se liquidan; sin la alternativa del ingreso del Estado como accionista. En otras palabras, el modelo Chrysler-Iacocca. Como el dinero a prestar sería en pesos, el fondeo de esta línea de créditos podría originarse en una simple colocación de deuda en el mercado local; donde, si algo sobra, es moneda doméstica. Si el Gobierno quiere algo más arriesgado, el fondeo podría diseñarse en divisas, con las exportaciones primarias como garantía, asegurándole a los tomadores de esos bonos que el destino es el rescate de otras compañías en problemas coyunturales. No el financiamiento del déficit fiscal.

El problema para avanzar en una línea de este tipo, hoy común en todo el mundo, es un bien muy escaso en estos tiempos: la confianza. El Estado no confía en los privados y los privados no confían en el Estado. Muchos funcionarios actuales, especialmente en las líneas militantes del kirchnerismo, creen que los empresarios argentinos son el enemigo a combatir y los culpables de todos los males de la economía argentina. Y que, en todo caso, lo que hay que evaluar es si la crisis de sus empresas no se debe a cuestiones delictivas de vaciamientos prebendarios o, directamente, a la fuga de divisas al exterior. Para este sector, lo que habría que hacer con la clase empresaria en crisis es directamente aplicar un plan de ejecución impositiva y, eventualmente, su nacionalización. No es una exageración. El propio Presidente lo reconoció ante dirigentes opositores: hay quién dentro del kirchnerismo le mencionó seriamente la posibilidad de nacionalizar Techint y las petroleras radicadas en Vaca Muerta.

Desde los privados la desconfianza es simple y directa: la presencia del Estado en sus empresas es sospechosa de la irrupción y el ingreso de la política en la conducción y, en consecuencia, de la distorsión en la toma de decisiones y una eventual toma del manejo de las compañías. Se afirma, además, que desde la llegada del kirchnerismo al poder en 2003 siempre que el Estado ingresó en las empresas, no sólo nunca más se retiró sino que comenzó una batalla desigual para avanzar en su dominio. El ejemplo siempre recordado de la nacionalización de las AFJP y el ingreso de directores del Estado nacional en las empresas (sin que haya habido crisis económicas previas, sino la toma de un negocio donde las compañías se fondeaban genuinamente).

Un último ejemplo muestra que esa desconfianza no es privativa de las grandes empresas privadas. La aplicación de la ayuda oficial con créditos al 0% para el pago de salarios fue requerida por unas 400.000 empresas que calificaban para el rescate. Sin embargo unas 160.000 entregaron en tiempo y forma los datos requeridos. El resto prefirió no acceder al apoyo. La obligación de enviar al Estado (vía AFIP) de datos fundamentales del manejo de las empresas provocó que se eligiera renunciar a un plan de prestamos irremplazable por sus beneficios. Tal la desconfianza que se le tiene hoy al sector público, justificado o no.

En definitiva, un plan de apoyo claro, simple y directo para pensar en el país productivo que quedará poscuarentena es imprescindible. Y urgente. Y la presencia del Estado como principal fuente de financiamiento resulta irrenunciable. Para que este resulte exitoso, se necesita un modelo universal que pueda instrumentarse con la siempre difícil realidad local como mochila. Pero no es una utopía. El modelo Chrysler-Iacocca es uno de los modelos a seguir. Hay otros. Pero antes se necesita un nuevo contrato económico-impositivo y social entre el Estado nacional y los privados. Libre de ideologismos. Y de buena fe. Es posible.

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