¿Cuánto puede conseguir Argentina? Los montos que otorgó el FMI a otros países
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En este caso, el programa estuvo sujeto a cinco revisiones, en el marco del Mecanismo del Fondo Ampliado, y exigía reformas en la gestión pública, las empresas estatales, el sector de energía, cambios en los subsidios y la reforma del mercado laboral.
Dentro de un programa similar, Ucrania alcanzó una línea de crédito de u$s 17.500 millones en septiembre de 2015, u$s 5 mil millones de ellos para desembolso inmediato, y entregas de fondos adicionales basados en revisiones trimestrales y criterios de rendimiento.
El gobierno se mostraba dispuesto a "desarrollar un programa para restablecer la estabilidad macroeconómica, llevar la inflación a un solo dígito, mantener el déficit externo en situación manejable y reponer las reservas internacionales", además de "eliminar los controles y restricciones de capital".
"Reconociendo la necesidad de una consolidación fiscal, las autoridades lanzaron un ajuste del gasto y aumentaron el precio de la energía para reducir las pérdidas cuasifiscales", sostenía el Fondo. Las políticas para "apuntalar el ajuste fiscal" incluían "la mejora de la sustentabilidad del sistema de pensiones, la reforma del empleo público y la reforma de los sistemas de salud y educación".
También Kenia obtuvo la aprobación de un acuerdo por u$s $ 1.500 millones en 2016 en esa modalidad sujeto a varios tramos por revisiones a que debió recurrir por "la vulnerabilidad de la economía a los impactos, como consecuencia de las condiciones menos favorables del mercado financiero mundial".
A cambio, el FMI exigía "la reducción del déficit fiscal en un 3 por ciento del PIB durante los próximos dos años" y "continuas reformas de la gestión financiera pública, orientadas a mejorar la eficiencia y la transparencia".
Además, el Banco Central de Kenia se comprometía a reducir gradualmente la inflación.
•Países en la Línea de Crédito Flexible
Sin embargo, la línea de crédito que gestionaría Dujovne estaría en sintonía con las alcanzadas por Polonia, México y Colombia, denominada "Línea de Crédito Flexible" (LCF), creada para atender la demanda de "préstamos de prevención y mitigación de crisis" de países con cierta consistencia comprobada y determinado nivel de reformas alcanzado.
El primer acuerdo de Polonia fue aprobado por la Junta Ejecutiva del FMI en enero de 2015 por u$s 10.000 millones por dos años, y fue seguido por cuatro arreglos posteriores destinados a proporcionar "amortiguadores adicionales frente a las conmociones externas".
Según informa el Fondo, la línea LCF "brinda la flexibilidad de recurrir a la línea de crédito en cualquier momento. Los desembolsos no se realizan por etapas ni están condicionados al cumplimiento de los objetivos de política como en los programas tradicionales. Es una línea de crédito renovable, que puede aprobarse por uno o dos años, no hay un tope en el acceso a los recursos y los montos se determinan caso por caso".
Polonia finalizó su acuerdo con el FMI en noviembre de 2017, luego de fortalecer sus reservas de divisas y su política fiscal.
En la misma línea, México alcanzó un acuerdo de dos años por u$s 88 mil millones en noviembre de 2017. Las autoridades mexicanas manifestaron su intención de obtenerlo como "precaución".
Los pedidos del FMI se orientaron entonces a mantener "un camino de consolidación que lleve a una reducción de la relación deuda pública / PIB a mediano plazo".
Advertía además que "los estrechos vínculos de México con la economía global, particularmente con los Estados Unidos, su economía sigue estando expuesta a riesgos externos tanto a través de los canales comerciales como financieros".
"El ambiente de riesgo global ha mejorado, pero el riesgo de un cambio abrupto en las relaciones comerciales de México, o de un aumento en la volatilidad de los mercados financieros y una brusca recuperación del capital de los mercados emergentes, sigue siendo alto", agregaba.
El nuevo acuerdo apuntaba a "proporcionar un seguro contra riesgos externos y reforzar la confianza del mercado".
Aunque llamaba a hacer hincapié en "la implementación constante de los planes de consolidación fiscal en curso, el continuo anclado de las expectativas de inflación, la reconstrucción gradual de reservas de reservas, una fuerte supervisión del sistema financiero nacional y la implementación firme de reformas estructurales".
Por último, Colombia llegó a un acuerdo de dos años por una cantidad de alrededor de u$s 11.350 millones.
"Los riesgos globales han aumentado con el potencial de aumentar la severidad de los chocks que Colombia podría sufrir, a pesar de la solidez de sus fundamentos y sus políticas", advertía el organismo.
El nuevo acuerdo proporcionaría "amortiguadores y flexibilidad política" y serviría "como un seguro temporal para reforzar la confianza del mercado". El gobierno colombiano manifestó entonces su intención de tratar el acuerdo como "precaución".
En caso de que Argentina no califique para un acuerdo LCF, la posibilidad más cierta sería llegar a concretar Stand-By, con el que el FMI ha proporcionado la mayor parte de la asistencia.
Estos acuerdos tienen por objeto ayudar a los países a resolver problemas de balanza de pagos de corto plazo y los desembolsos están supeditados al cumplimiento de dichas metas ("condicionalidad"). En general, tienen una duración de 12 a 24 meses.
Los acuerdos stand-by también pueden usarse para fines precautorios, es decir, el país puede optar por no girar los montos aprobados, y retener la opción de hacerlo más adelante si las condiciones se deterioran.
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