Hay movimientos en procura de alivianar las cargas impositivas que -injustamente-deben afrontar las sociedades, por no reconocerse la incidencia inflacionaria en sus números. Se habla en dos direcciones, lo más conocido pasa por conseguir una «revaluación» del tipo de 1977, con la surgencia de la llamada «ley de revalúos» y que dejó espectaculares saldos capitalizables, que después fueron utilizados de modo prudente en unos casos y de manera alocada en otros: produciéndose «licuaciones» del capital, al no poder generarse beneficios que dieran respaldo a carradas de acciones emitidas por esa cuenta de «ajuste al capital». Pero, por otra vía, se llevaría adelante un intento de discriminar -también con justicia- a las empresas «abiertas» -las que cotizan en oferta pública y están bajo muchos más controles-de las «cerradas». Esto último, en forma de una «desgravación» impositiva.
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Pero, a diferencia de un sistema que ya impulsara el ex ministro Aldo Ferrer, a inicios de los '70, donde se desgravara hasta 10% del impuesto a los réditos para todo inversor que tomara acciones nuevas (suscribiendo) y con la cláusula de mantenerlas en cartera por tres años, para promover al mercado de capitales: en esta ocasión, iría en dirección a restar unos puntos, de lo que la propia sociedad abona en «impuesto a las ganancias».
Para ser sinceros, viendo de qué modo vienen las cuestiones y qué conceptos se tienen sobre el empresariado: no se nos ocurre que tales iniciativas lleguen a prosperar. Tal vez sí, en ciertos estamentos gubernamentales, pero que posteriormente resultan taladas por otros funcionarios. Baste observar las reacciones cuando desde Economía hablan de aumentar tarifas, o de presentar ciertas ideas que representen incentivos, y los verdaderos des-aires que le caen a Lavagna de inmediato, desde los alfiles del presidente de la Nación. Es más, algunos roces dan para seguir pensando qué habrá de suceder con ciertos cargos en un gabinete que -oficialmente-se estrenaría recién en diciembre con el «nuevo gobierno». No fuimos nunca partícipes de que se coloquen muletas al mercado bursátil, que bien puede generar su propio ámbito con que solamente no le quiten las condiciones. Pero, para el caso y la época que nos ocupa, hay un riesgo cierto de ir menguando cada vez más en cantidad de sociedades en la oferta pública -las estadísticas son claras-y que llegue un tiempo donde haya muy poco que ofrecer, y cotizar, del escenario nacional. La visión de que esto no importa en el origen de los negocios sino que se hagan --aun-que sea con papeles foráneos, a los que se está dando un crédito con capital local al adquirir tales títulos-nos ha llevado a tal estado de postración y de anemia. Tras siglo y medio de historia, la última aberración argentina sería ver una Bolsa local virtualmente extinguida. En consecuencia, todo aquello que propulse el ingreso de empresas a la cotización debe ser observado no como privilegio: sino, toda necesidad.