De la Sota logró $ 70 millones

Córdoba (especial de «La Mañana de Córdoba») - El gobierno provincial autorizó ayer al Ministerio de Finanzas de la provincia a suscribir hasta 195,5 millones de pesos en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), destinadas a cancelar deudas con proveedores y contratistas del Estado y, eventualmente, a pagar parte de los salarios y aguinaldos de los trabajadores. Ayer Córdoba cerró con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial la emisión de los primeros $ 70 millones que de inmediato comenzarán a llegar a la provincia y que podrían tener distintos destinos: pago a proveedores, coparticipación municipal o pago de salarios de ser necesario.

Las LECOP deberán ser rescatadas por el gobierno provincial al cabo de su vencimiento, dentro de cinco años, y no devengarán interés alguno. Para la oposición, la suscripción de las LECOP por parte de la provincia constituye un empréstito y por esa razón el diputado radical Alfredo Blanco presentó un proyecto para que la emisión sea aprobada por la Legislatura.

El Decreto 2559 establece: «Las provincias aceptarán recibir recursos nacionales en esas letras, sea coparticipación federal u otros recursos con o sin afectación específica».

Asimismo, la provincia aceptará el pago de tributos provinciales, con los alcances que establecerá el Poder Ejecutivo, en títulos LECOP por su valor nominal.

Por otro lado, se autoriza al Ministerio de Finanzas a convenir con el Ministerio de Economía de la Nación, o con cualquier otro organismo del gobierno nacional, la emisión de un título denominado Bono Interprovincial, o de cualquier otro título que permita a Córdoba recuperar los importes adeudados por el Estado nacional, con o sin pago de intereses por parte de la provincia.

Aunque el gobierno provincial pretende pagar al menos una parte de los salarios públicos en títulos LECOP (y en lo posible afectando los haberes más altos con esta medida), la intransigencia gremial podría poner en riesgo la posibilidad de que esta herramienta financiera se transforme en un ligero alivio para la alicaída economía cordobesa.

Es por eso que el gobierno debe intentar asegurarse por todos los medios que la circulación de esta seudomoneda sea a la par. Una herramienta de importancia es la aceptación, a valor nominal, para el pago de impuestos. Según el decreto rubricado la circulación está asegurada «al contar con garantía de coparticipación federal para la amortización y ser recibida a valor nominal para el pago de impuestos nacionales y provinciales».

Por su parte, en el capítulo II del decreto se prevé la emisión de bonos interprovinciales, que es el instrumento que encontró la Nación para reconocer la deuda que mantiene con el conjunto de provincias argentinas, que es de $ 1.200 millones de dólares.

Para recuperar estos fondos, la provincia deberá emitir estos bonos interprovinciales -no especifica monto el decreto- con un vencimiento coincidente con el que establezca la Nación para la efectivización de la certificación. En este caso, no será la provincia la que deba pagar la amortización de este título sino el gobierno nacional.

Con este instrumento, la provincia de Córdoba podría pagarles también a proveedores y contratistas, según lo establece el respectivo decreto.

Un capítulo especial dentro de la normativa lo merecen las consideraciones del mismo; allí se hilvanan, una tras otra, las distintas vicisitudes por las que debió atravesar la economía nacional en los dos últimos años: el crédito interno y externo está paralizado, desde el '98 el PBI cayó 9,8 por ciento y el PBI per cápita se derrumbó más de 12 por ciento. La desconfianza de los depositantes argentinos provocó entre enero y agosto una caída de 7.000 millones de los depósitos en el sistema bancario. El circulante en poder del público más los depósitos a la vista cayeron de 20.750 millones a 18.526 millones entre agosto de 2000 y agosto de 2001. Ni el blindaje ni el megacanje han tenido el resultado esperado. Todo un escenario propicio para que las LECOP tengan justificación.