Decidirá la Justicia sobre el aumento en el transporte

El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, se presentó ayer en la Justicia pidiendo la marcha atrás en los aumentos en el autotransporte de pasajeros y en los ferrocarriles metropolitanos, mientras el ministro José Luis Machinea aseguró que «no hay posibilidad» de retroceder con la medida, y reiteró que los ajustes «se volcarán a mejorar la calidad y el mantenimiento de los servicios».
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires negó autorización a las asociaciones de consumidores para que instalaran una carpa gigante frente al Congreso Nacional para reclamar contra los ajustes en el trasporte y reunir firmas contra las resoluciones del Ministerio de Economía. Pero la decisión habría partido del ministro del Interior, Federico Storani, quien habría dicho: «No vamos a permitir una toldería».

Las normas fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial y los considerandos agregan más confusión a un tema que el gobierno resolvió por lo menos de manera poco prolija, presuntamente apremiado por la deuda del Estado acumulada con las concesionarias de trenes y la necesidad de impulsar nuevas inversiones para el próximo año.

En los fundamentos de la Resolución 1007 que autoriza el aumento de 10 centavos en los tres primeros tramos de los ferrocarriles, Economía se refiere tanto a la renegociación de los contratos realizada por decretos del gobierno anterior como a la necesidad de cubrir deuda del Estado, debido a la necesidad de bajar el gasto público.

Pero los decretos firmados por el ex presidente Carlos Menem están en revisión por el actual gobierno desde que asumió y en algunos casos, como Trenes de Buenos Aires y Ferrovías, se redefinieron las obras, la forma de repago y el nivel de inversión y aumento tarifario.

Sin embargo, el gobierno no firmó los decretos correspondientes y antes incluso de que terminara la audiencia pública convocada para TBA (trenes Mitre y Sarmiento) dictó los ajustes tarifarios. Fuentes de la Secretaría de Trasporte aseguraron ayer que la mención a los decretos del gobierno anterior es sólo una formalidad legal porque en la práctica están vigentes y sujetos a renegociación acordada con los concesionarios.

Pero sigue sin quedar claro el apuro por resolver los ajustes antes de que estuvieran los decretos con el proyecto de obras que verdaderamente deberá realizarse y los aumentos tarifarios a aplicar.

Por eso se sospecha que el gobierno salió con las subas para que no las frenara la Justicia, debido a que un día antes de la medida una jueza federal ordenó no innovar en los pasajes de Ferrovías (Belgrano Norte).

Pero también se especula que Economía trató de saldar rápidamente la deuda con algunas concesionarias que estaban en condiciones apretadas, y sobre todo con la empresa Metropolitano, la que debido a conflictos societarios no pudo cerrar la renegociación con las actuales autoridades para el Roca, San Martín y Belgrano Sur.

Por eso, el defensor Mondino afirmó que «se resuelve una suba de tarifas pero no se sabe para qué obras «como tampoco se sabe cuánto se destinará a pagar deuda del Estado, a inversión nueva o a inversión no realizada debido al incumplimiento de los pagos del fisco.

Mondino inició un juicio ordinario contra el Estado, pidiendo la nulidad por ilegítima de la Resolución 1007, y una medida cautelar para que no se apliquen los ajustes por tratarse de «un agravio claramente irreparable», en el sentido de que es imposible la devolución del dinero a los usuarios en este tipo de servicios, donde no hay facturas ni titular del servicio.

El defensor cuestiona que se haya interrumpido la consulta pública, que se pague deuda del Estado a través de tarifas y que se permita a empresas con problemas financieros manejar dinero de los usuarios para obras a realizar.

Asimismo, Mondino presentó un recurso de amparo contra la Resolución 1006 que autoriza el aumento en los colectivos. En este caso, el funcionario cuestionó que el gobierno no haya realizado previamente una audiencia pública y también solicitó una medida cautelar para la inmediata suspensión de los ajustes.

Por su parte, algunas entidades de consumidores, entre ellas Adecua y Consumidores Libres, anunciaron que también presentarán acciones judiciales, mientras se dedicarán en las próximas jornadas a juntar un millón de firmas y presentarlas en el Congreso, con el fundamento de que los ajustes atentan contra le Ley de Convertibilidad y el artículo 42 de la Constitución nacional que contempla los derechos de los usuarios.

En este contexto, causó estupor la declaración del secretario de Transporte, Jorge Kogan, que dijo que «los pobres no viajan» y por lo tanto no se van a ver afectados por los aumentos.

Según el funcionario, «una persona que tiene un plan Trabajar no viaja en tren ni en colectivo y se moviliza caminando o en bicicleta».