Decreto a medida del monopolio

Se sabe más del decreto-ley que el monopolio «Clarín» quiere extraerle al gobierno a cambio de colaboraciones varias, distorsionando informaciones desde el diario, en este momento estadísticas políticas. Dispondrá que cada empresa de TV puede tener otros 8 canales de aire, de los cuales 6 pueden ser en lugares donde ya haya televisión local, la que, lógicamente, se verá afectada por publicidades sólo contratadas en la Capital Federal. Los otros dos canales, para disimular el privilegio a «Clarín», deberá ubicarlos en zonas donde no haya ninguno.

Además, ahora trascendió que el gobierno ampliaría sin límites las licencias de cable, algo también a medida del monopolio Magnetto-Noble, que está excedido en tenencia de cables, y quedaría así «blanqueado». También Telefónica (canales "9", "11" y otros en el interior). Pero la multinacional pagó por lo que tiene y para «Clarín» sería un nuevo aporte gratuito de un gobierno. Al comprar Telefónica no varió la competencia en el interior porque subsistió el cambio 1x1. «Clarín» en cambio se suma para desplazar a los locales.

Todas son medidas contra los medios del interior que se completarían, en el mismo decreto-ley de tramitación secreta, con elevar los límites para que una radio de un distrito pueda tener en otro no una AM y una FM, como ahora, sino cuatro, algo que también beneficia a «Clarín».

De esta manera, quedaría alterada la actual Ley de Radiodifusión y se tornarían estériles los distintos proyectos en comisiones del Congreso Nacional que trataban de dictar una nueva ley racional que respete a los medios audiovisuales del interior y, fundamentalmente, asegure fuentes de información diversificada y no una monopólica, algo absolutamente imprescindible para la opinión pública de cualquier país.

Este decreto-ley que modificaría unilateralmente las normas hoy vigentes lo logra el monopolio tras varios proyectos frustrados en el Congreso, en su exclusivo beneficio, pese a un largo lobby desarrollado en años con los legisladores que resistieron. Ahora decidió operar sobre el Poder Ejecutivo Nacional y aprovecharía su debilidad política y la víspera electoral, que es cuando «Clarín» efectiviza sus facturas de canje de decreto por deformación informativa en favor de funcionarios, partidos y determinados candidatos.

En Estados Unidos -país serio que cuida como prioridad nacional la formación correcta de la opinión pública desde fuentes diversificadas-, el ex presidente Bill Clinton, para dar un ejemplo, sancionó en 1998 una nueva Ley de Radiodifusión que tardó 14 años en discutirse en el Congreso (el proyecto original lo había enviado el ex presidente Ronald Reagan). Impide esa ley cualquier deformación informativa que pueda provenir de monopolios de prensa. Admite en su parte clave, en un mismo consignatario, la posesión de cualquier número de radios AM y FM, televisoras y cables que desee o pueda financiar, pero con una limitación sustancial: un mismo consignatario no puede dominar más de 30% de la audiencia en la zona donde actúe o nacional, e incluye medios gráficos. Con esto se logran, por lo menos, 3 o 4 voces informativas distintas en cada región y se asegura la libertad y la democracia. Aquí, con este terrible decreto-ley en gestación, se colabora e incita a los monopolios de prensa, al contrario de lo que resguarda Estados Unidos. Claro, aquí somos Argentina.