¿Defensa de la propiedad privada o avance de monopolios?: qué dicen las farmacéuticas tras un cambio clave en patentes

Según la CILFA -representante de empresas de origen local-, Argentina se ahorró u$s3.321 millones entre 2021 y 2025 gracias a la norma que el Gobierno derogó, en base a un informe de FIEL. Por el contrario, los laboratorios extranjeros celebraron la medida.

El Gobierno derogó una norma que buscaba frenar el otorgamiento de las denominadas patentes secundarias.

El Gobierno derogó este miércoles una norma clave para la industria farmacéutica, que regía desde hace 14 años. Mientras el Ejecutivo y los laboratorios extranjeros aseguran que se trata de un avance en materia de defensa de la propiedad intelectual, las farmacéuticas locales y algunos especialistas del sector advierten que se trata de una decisión que facilita la aparición de monopolios.

La norma en cuestión es la resolución conjunta 118, que en 2012 buscó otorgar derechos de propiedad solo a "innovaciones genuinas" y ponerle un límite a las patentes secundarias. Al respecto, Sonia Tarragona, Directora de la maestría de farmacopolíticas de la Universidad ISALUD y miembro del HUB IPSE de la UNSAM, le explicó a a Ámbito que es frecuente en la industria la utilización de patentes de "evergreening", a través de las cuales los laboratorios "solicitan extensión de patentes por modificaciones menores de un principio activo ya conocido que no demuestran una actividad inventiva suficiente ni una mejora terapéutica significativa para así extender artificialmente los 20 años de protección del producto original".

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), representante de las empresas de origen local, aseguró que "uno de los principales problemas que debe enfrentar la industria farmacéutica argentina para lanzar medicamentos genéricos o biosimilares son las patentes de evergreening". "No aportan efectos terapéuticos ni ningún otro valor, salvo preservar monopolios y obstaculizar durante años el lanzamiento de medicamentos competidores", profundizó la entidad.

La justificación del Gobierno y ¿un artículo inconstitucional?

Con una mirada totalmente distinta, Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, sostuvo que la 118/2012 "había hecho muy difícil (sino imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina, lo cual no solo era un atentado contra el derecho de propiedad, pilar fundamental del programa de gobierno de Javier Milei, sino que demoraba la llegada de terapias innovadoras al país".

"Como es en cualquier país del mundo a partir de hoy el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) analizará cada solicitud de patente caso por caso, conforme a la ley, sin restricciones adicionales que no existen en ningún país del mundo", agregó quien supo ser también funcionario en los gobiernos de De la Rúa y Macri, aunque aclaró que la derogación rige de aquí en más y no para los productos farmacéuticos que ya están en el mercado.

Sobre esto último, Tarragona alertó que "es inconstitucional por donde se lo mire porque la resolución solo tiene peso legal para derogar las guías, pero no puede expedirse sobre la no retroactividad". "Si la patente se concede, la protección va desde la solicitud y quien ya está comercializando tendrá que arreglarse con el titular", detalló.

En el marco del acuerdo bilateral alcanzado a fines de 2025, en Washington habían anticipado que Argentina se había comprometido a "alinear su régimen de propiedad intelectual con los estándares internacionales”. En esa línea, Sturzenegger aseguró que, con la decisión de hoy, "Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales — incluyendo Estados Unidos, con quien avanzamos en un acuerdo que como contraparte de esta normalización le abre todo su mercado doméstico a nuestra industria farmacéutica".

Por su parte, desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que nuclea a las farmacéuticas extranjeras, consideraron "la actualización del marco normativo es un paso fundamental para generar un entorno más previsible para la inversión, la investigación, el desarrollo y la incorporación de avances en salud". "Hacia adelante, será clave el acompañamiento de todos los actores del sistema para asegurar una implementación adecuada de esta normativa y consolidar un esquema que contribuya a fomentar la innovación en beneficio de la salud de las personas", profundizaron a través de un comunicado.

Para CILFA, Argentina se ahorró u$s3.321 millones por su política de patentes

Tarragona negó que Argentina haya incumplido los estándares internacionales, ya que "ha hecho uso de las flexibilidades que le permite un tratado internacional suscripto en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC)". "Justo ahora la justicia argentina dijo claramente que estas normas son legales, que no violan acuerdos internacionales ni la Constitución, y que sirven para evitar monopolios injustificados", sentenció la ex Jefa de Gabinete en el Ministerio de Salud, y defendió a la política de patentes local como un caso exitoso de política pública a nivel global.

Fuente: FIEL.

Un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) plasmó que, "bajo el supuesto de que una patente secundaria consagra el mismo grado de protección que una patente primaria", sino se hubiesen rechazado estas patentes, "los precios promedio para el período 2021-2023 hubiesen sido 139% superiores que los observados en competencia, dando lugar a un gasto adicional promedio anual de u$s2.214 millones".

En paralelo, CILFA exhibió que "si a esa suma se agregan los ahorros generados por nuevos lanzamientos o por moléculas no incluidas en el estudio de FIEL, el ahorro puede estimarse en el orden de los u$s3.321 millones para 2025". "Esto implica no solo mayores ahorros para los gobiernos nacional, provinciales y municipales, así como para las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, sino también una expansión de la cobertura a más pacientes, gracias a la posibilidad de los financiadores de tratar a más personas con menos recursos.

"Confiamos en la idoneidad y la capacidad técnica del INPI para que continúe realizando el análisis de patentabilidad de manera rigurosa y sobre bases científicas, concediendo patentes a auténticas innovaciones farmacéuticas y rechazando las patentes de evergreening. La cuestión trasciende el interés privado de las empresas que CILFA representa y afecta, lisa y llanamente, el interés público en materia de salud y acceso a los medicamentos", resaltó la cámara.