18 de febrero 2002 - 00:00

Definen en 15 días respuesta a Siemens

El presidente Eduardo Duhalde se comprometió con el presidente de Siemens Alemania, Heinrich von Pierer, a definir en el término de quince días si acepta la propuesta de la empresa de que ambas partes concurran juntas y de común acuerdo a un tribunal internacional, para que éste determine el monto de la indemnización por la anulación del contrato de los DNI.

El presidente de Siemens formó parte de la comitiva del canciller alemán, Gerhard Schröder, quien también trató el tema con Duhalde, manifestando el interés de su gobierno de que se llegue a un acuerdo.

Antes del arribo del canciller, el gobierno argentino había pedido a Siemens que enviara una comisión negociadora, con la intención de demostrar que está dispuesto a solucionar el diferendo suscitado por el contrato firmado por Carlos Menem y anulado por Fernando de la Rúa.

• Versiones

Durante el fin de semana, surgieron versiones de que, ante la falta de fondos para la indemnización, el Ministerio de Economía se inclinaría por dar marcha atrás y volver al contrato. Sin embargo, los negociadores oficiales con Siemens, encabezados por el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, no transmitieron esa posición.

Tampoco está claro si en el presunto caso de que se produjera un eventual pedido para volver a poner en marcha la contratación, esto sería aceptado por Siemens. En principio, una alternativa de ese tipo no estaría en los planes de la empresa, que considera que el contrato ya está demasiado sospechado.

Por el contrario, los negociadores alemanes insistieron con la indemnización a cargo de un tribunal internacional, sin poner monto al reclamo que presentarían y que se estima sería de 520 millones de dólares.

En principio, el gobierno estaría dispuesto a afrontar un pago de 180 millones de dólares por las instalaciones hechas por Siemens y transferidas al Estado para la confección de los DNI.
Pero las tratativas no pasaron todavía al plano de los números, ya que la intención de Siemens es convencer al gobierno que lo más conveniente es evitar el inicio de acciones judiciales y que un tercero neutral defina la indemnización, aunque después el monto se pague en cuotas y a largo plazo.

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