Dejará el Estado de comprar carne

Los 11 consignatarios de hacienda cuya actividad fue prohibida por el gobierno por tener deudas con el fisco analizaron este fin de semana sus próximos pasos. Confían en que hoy podrán operar a cambio de abrir negociaciones para cancelar los reclamos de la AFIP. Pero si no pueden hacerlo, abogados mediante, estudian recurrir a la Justicia, reclamando que el Estado no puede clausurarlos sin que haya existido una notificación previa ni haberles dado la oportunidad de pagar su deuda. En el Ministerio de Economía confían en que hoy el problema estará solucionado sin mayores complicaciones. Mientras tanto, el sector público e intendentes dejarán de comprar carne.

Felisa Miceli

El plan oficial para forzar una baja del precio de la carne a partir de generar una caída en el consumo (que al principio se limitó a un llamado de Néstor Kirchner a «no comprar») creció en intensidad: el Estado mismo empezó a limitar el consumo de ese producto.

A mediados de la semana pasada, la jefatura de Gabinete remitió a las distintas áreas oficiales una circular recomendando restringir la compra de carne vacuna. En paralelo, un grupo de intendentes le informó a Felisa Miceli que dejarán de adquirir ese producto.

Es más que nada un gesto simbólico, orientado a «dar el ejemplo», aunque también podría tener cierta relevancia: el Estado, en lo vinculado a los programas de asistencia social, es un cliente relevante en productos alimenticios, entre ellos la carne.

Por eso, a fin de la semana última, municipios de las provincias Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, entre otras, acordaron limitar las compras, promoviendo el reemplazo de la carne vacuna por otros alimentos.

• Campañas

Así se lo informó, el jueves último, una comitiva de la Federación Argentina de Municipios (FAM) a la ministra de Economía. Hoy, en tanto, los jefes comunales volverán a reunirse para resolver otra serie de medidas, especialmente campañas de formación.

Julio Pereyra, titular de la FAM y jefe comunal de Florencio Varela, le indicó a Miceli que al programa se irán plegando otras comunas del país. También mantuvieron charlas al respecto con la ministra de la Producción bonaerense, Débora Giorgi, que asiste a los distritos en programas para el seguimiento de precios.

Por lo pronto, ya lo hizo formalmente el Consorcio de Comunas del Sur (Concosur), grupo que integran siete distritos del conurbano: Quilmes, Berazategui, Lanús, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Avellaneda y Varela. También adhirieron La Plata, Berisso y Ensenada, y municipios del interior como el Partido de la Costa.

Pero ¿en qué consumen los municipios? Esencialmente en la asistencia a comedores sociales.

Un caso: en Berazategui, según señaló Juan José Mussi, compra alrededor de 700 kilogramos de carne por mes. En Varela, en tanto, la cifra asciende a unos mil.

Pero, eso refiere sólo a los establecimientos que dependen de la comuna: hay, además, comedores escolares financiados por la provincia y otros que «manejan» organizaciones sociales u ONG y que cuentan con asistencia económica del Estado nacional.

• Sustitución

De hecho, la cartera de Desarrollo Humano, que ahora comanda Juan Carlos Nadalich, distribuye fondos en todo el país para que la compra de los «productos frescos» -entre ellos, la carne- los adquieran directamente quienes coordinan los comedores.

De todos modos, según explicaron desde ese ministerio, en la actualidad ya hay un «programa de educación nutricional» orientado a sustituir las carnes rojas por otros alimentos.

Así y todo, se da por hecho que a partir de la indicación de la Jefatura de Gabinete que conduce Alberto Fernández, referida a restringir el consumo de carne, la recomendación se extienda a todas las dependencias del Estado o las que reciben financiamiento de éste.

• Escuelas

Por otro lado, también desde los municipios iniciarán contactos con los Consejos Escolares para que en los comedores de las escuelas también se aplique el plan de sustitución de la carne vacuna por otros productos.

No hay, sin embargo, un cálculo sobre el real impacto que el Estado, como cliente, puede tener en el mercado de la carne. Para Alberto Willians, vicepresidente de la Cámara de Carniceros, la incidencia es menor. «Es una determinación política sin impacto en el mercado», dijo, y señaló que, por otro lado, «el Estado paga tarde y mal».

Por ese motivo, incluso en el gobierno, se interpretó la circular de la Jefatura de Gabinete sugiriendo restringir la compra como un dato político que deberían aplicar, se sobreentiende, los funcionarios, incluso en lo referido a sus hábitos personales.