Gottlieb, el estudio de abogados que recibirá los datos de la oferta

Economía

Habrá una comunicación de la SEC con el porcentaje de aceptación que la última oferta de Martín Guzmán tuvo entre los bonistas. Después se le enviará esa información al Gobierno. Para los mercados, se eligió un mal tiempo de marketing: el del default total.

El dato lo tendrá, antes que nadie, el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H). Los abogados contratados por la Argentina recibirán cerca de las 19 horas de Buenos Aires la comunicación oficial de la Security and Exchange Commission (SEC) con la información semifinal (el último informe será el del próximo lunes), con el porcentaje de aceptación que la última oferta elaborada por Martín Guzmán tuvo entre los bonistas con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional. Inmediatamente CGS&H se comunicará con el Palacio de Hacienda y luego, de manera casi automática, el dato lo tendrá en su WhatsApp Alberto Fernández. Habrá unas horas de reflexión; y, probablemente, el sábado; el jefe de Estado tomará la decisión que el mercado espera: si habrá, o no, prórroga en las negociaciones por, al menos, hasta el 30 de agosto.

Todo dependerá del porcentaje de aceptación que Cleary informe el viernes por la tarde. Como anticipó este diario, si los avales superan el 50%, el gobierno dará por exitosa esta parte del canje; cerrará la opción de los premios del cupón 2030 y, eventualmente, dejará el canje abierto en el tiempo mientras avanza en el proceso de reestructuración de deuda local. Si el porcentaje es menor a ese nivel, la decisión que deberá tomar Alberto Fernández será más compleja y no saldrá de dos opciones. La primera opción será rearmar sus fuerzas y le dirá a Guzmán que elabore una nueva oferta más cercana a la contrapropuesta de los acreedores y abrirá una nueva y definitiva tanda de negociaciones. Habrá dos capítulos en los que no cederá. No eliminará la aplicación de las cláusulas antibuitre y no aceptará la suba de la tasa de interés del cupón 2030 de 1 a 4,9%. El resto, podría ser negociable. La tercera opción es la más difícil. El Gobierno podría decidir que el proceso ya está cerrado, que no habrá nuevas ofertas y que, en todo caso, las negociaciones se frizarán hasta nuevo aviso. Argentina oficializará el default externo y avanzará en las negociaciones locales y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta tercera opción tiene un riesgo alto. Deja liberada la opción para las primeras presentaciones judiciales ante el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, que comanda Loretta Preska. Los más interesados en esta opción podrían ser los tenedores de deuda emitida durante los canjes del 2005 y 2010. Son unos u$s20.000 millones detentados en su mayoría por fondos de inversión, y que tienen como representante legal al experto en estas lides, Dennis Hraritzky, exabogado del fondo buitre Elliot de Paul Singer y hoy principal negociador del Exchange Bondholders.

Desde Wall Street se hace una mención en estos días. Se percibe una especie de error de marketing en la elección de los tiempos de cierre del proceso de canje. El balance de aceptaciones se da en los mismos días en que Argentina ingresa en default total, luego que ayer no se haya pagado el vencimiento del 30 de junio del Discount; el bono emitido durante el canje de deuda del 2005. Desde ayer, Argentina está en situación de default con la deuda en divisas local, con los tenedores de títulos públicos bajo legislación internacional en sus dos versiones (emitidos durante el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en los canjes del 2005 y 2010) y con los organismos financieros internacionales.

La historia del default argentino actual es escalonada. A diferencia del 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá declaró que no se pagaría la deuda el 22 de diciembre de 2001, ante una Asamblea Legislativa que, literalmente, se venía abajo con las ovaciones al conocer la decisión. En esta oportunidad, el proceso que terminó ayer comenzó el 28 de agosto del año pasado (luego de las PASO donde comenzó la derrota electoral del gobierno anterior), cuando el último ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, anunció el comienzo de la reestructuración de la deuda soberana. El concepto elegido fue “reperfilamiento” de los títulos en dólares bajo legislación local con vencimiento inminente. Eran unos u$s13.000 millones en el mix Lecap, Letes, Lecer y Lelink, todas en poder de inversores institucionales (fondos).

La historia del default continuó ya con la gestión de Alberto Fernández. Guzmán había decidido continuar hasta abril con los pagos a los acreedores con deuda bajo jurisdicción internacional, girando al exterior unos u$s5.000 millones. Por recomendación del presidente del Banco Central Miguel Pesce ante el estallido de la Pandemia y el ritmo de pérdidas de reservas, se decidió dejar de pagar los vencimientos el 23 de abril de tres series de bonos Global (21, 26 y 46) emitidos durante los gobiernos de Mauricio Macri por unos u$s503 millones; con lo que las series de títulos públicos emitidos por la gestión Cambiemos comenzaba a caer en situación de impago. Un mes después, el 23 de mayo, vencía el tiempo de gracia de 30 días que se le otorga a un país para poder cumplir con las liquidaciones de su deuda soberana, con lo que cumplido el plazo Argentina entró oficialmente en su segundo tipo de default.

El tercer paso hasta la llegada de la situación de impago total, fue sumar a los organismos financieros internacionales. Esto ocurrió el viernes 5 de junio, cuando no pagó los u$s2.100 millones que habían vencido un mes antes y que el país le debía al Club de París. Ese dinero debía haber sido liquidado en 2019 por la gestión de Mauricio Macri, que delegó esa responsabilidad en la gestión que lo sucediera. Guzmán le había avisado ya en marzo al organismo que el país no haría los pagos correspondientes, lo que derivó en una dura decisión del Club: se declararía a la Argentina en situación de “deudor”, hecho que se daría por primera vez en su historia por segunda vez en menos de 20 años, y que la situación recién se negociaría cuando el país cierre su conflicto con el Fondo Monetario Internacional (FMI); algo que, como se sabe, tiene hoy tiempos indefinidos y ubicables más cerca de fin de año.

El sendero hacia el default total terminó ayer, cuando el país dejó de pagar los aproximadamente u$s364 millones (en total el impago con otros bonos llegó a los 566 millones de dólares) correspondientes al Discount emitido durante el 2005. Se trata de bonos lanzados por el gobierno de Néstor Kirchner para salir del default del 2001; bajo la promesa de no volver a ingresar nunca más en problemas de crisis de deuda.

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