30 de agosto 2020 - 14:04

Los abogados: los inevitables protagonistas que complicaron y salvaron el acuerdo

Los letrados de ambas partes mantuvieron meses de largas discusiones vía satelital.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán encabezarán un acto para detallar 

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán encabezarán un acto para detallar 

Presidencia de la Nación

La clave de la negociación con los acreedores fue la oferta financiera final del gobierno argentino a los acreedores. Sin embargo, muy cerca en importancia, habrá que mencionar la intervención de los abogados de las dos partes que intervinieron en todos los largos meses de discusión vía satelital; como los principales actores en los momentos difíciles, como los responsables finales de destrabar el acuerdo final. Sucede que en el caso Argentina, por la propia y complicada historia del país y sus devaluaciones crónicas en este siglo, los aspectos legales del esquema de pago del mix de bonos locales demandó intervención puntillosa y critica de parte de los abogados de los acreedores. Pero además al país lo condenaba su pasado con el Juicio del Siglo contra los fondos buitre terminado en 2016, y que para los bonistas implicaba la necesidad de tener doble cuidado con un país absolutamente desprestigiado, no sólo en los mercados, sino en los tribunales de Nueva York. Quizá por todo esto, el listado de profesionales que intervinieron en el proceso que comenzará a terminar desde el lunes; es de lo más exclusivo, oneroso y profesional del mercado de abogados dedicados a los procesos de reestructuración de deuda.

Argentina eligió caras conocidas. El estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) llevó adelante las duras negociaciones locales, asumiendo en varias oportunidades la tarea de volver a traer al ruedo a los tres grupos de bonistas en los momentos de más disgustos. Esto además de las tareas burocráticas, pero siempre complicadas, ante la Security and Exchange Commission (SEC); el organismo de Wall Street que administra los procesos de administración de deuda. El regreso del estudio como representante general del país ante los tribunales de Estados Unidos para los casos más importantes que surjan en los próximos cuatro años, fue una recomendación y decisión del titular de la Procuración del Tesoro, Carlos Zannini. Los abogados del estudio CGS&H habían representado con el país en el proceso que se inició con el canje de deuda del 2005 y el 2006 bajo la gestión de Néstor Kirchner; quién decidió mantener al estudio que había trabajado en la legalidad del lanzamiento de parte de la deuda que se había emitido durante la década del 90. Luego, cuando comenzaron los primeros combates aislados en el juzgado de Griesa, el propio Kirchner decidió mantener al estudio como representantes legales; lo que se sostuvo hasta el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Durante la gestión de Alfonso Prat Gay fue corrido del escenario. El entonces ministro de Economía y Finanzas decidió contratar a Cravath, Swaine & Moore (CS&M), quienes completaron la operación en 2016. Lo que Zannini recuerdó y, en consecuencia recomendó, fue que CGS&H siempre acompañó durante el juicio contra los fondos buitre la posición del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; aun aclarando en varias oportunidades que no estaba de acuerdo ni con la estrategia de fondo ni con posiciones puntuales. Valoraba Zannini, que el abogado que representaba al país en aquel juicio, Carmine Boccuzzi, era claro y directo en las críticas (muchas y en todas las alternativas); pero que una vez tomada la decisión desde Buenos Aires, la defensa era profesional y tomando las instrucciones del Gobierno de entonces como la norma a seguir. Tal nivel de aceptación de las disposiciones oficiales, fue lo que llevó luego del cambio de Gobierno con la llegada de Mauricio Macri al poder, a cambiar de representante legal ante los tribunales de Nueva York. Por recomendación de Alfonso Prat Gay, la negociación final con los fondos buitre la hizo CS&M en el bufete del entonces special master Daniel Pollack, designado por Griesa para cerrar el acuerdo final. Para Zannini, aquella lealtad fue clave para que CGS&H regrese como representante de la Argentina. El gobierno ahora está absolutamente conforme por la actuación del estudio, y ya se piensa en renovaciones de contrato para otras causas que el país debe solucionar e los tribunales de Nueva York.

Del lado de los acreedores, lo más notable al analizar los abogados intervinientes, fue que uno de ellos resultó ser Dennis Hranitzky, la principal espada legal que tuvo el fondo buitre Elliot de Paul Singer; y, en consecuencia, uno de los principales redactores de las exitosas denuncias contra el país en aquel juicio que la Argentina perdió en los tribunales de Nueva York y que se cerró en abril del 2016 a un costo de casi u$s9.000 millones. Y donde Hranistky fue uno de los que firmaron las condiciones de pago, en el despacho del special master Daniel Pollack. Separado de Singer, se unió como megaestrella legal al estudio Quinn Emanuel, a donde llegó para abrir una nueva e importante unidad de negocios vinculada al expertice que desarrolló en sus días de combatiente contra la Argentina: reclamar los derechos de los bonistas ante los deudores públicos y privados que no pueden pagar sus pasivos. Hranitzky llegó a fin del 2019 a su nuevo (e impresionante) bufete y, a pocos meses, ya comenzó a organizar un potencial meganegocio para sus nuevos socios: ser la llave para un acuuerdo de deuda con la Argenina, con la llave de la amenaza legal (que conoce como nadie) en la mano.. Desde comenzó a reclutar tenedores de deuda emitida durante los canjes del 2005 y 2010, ya sabiendo que Alberto Fernández y su ministro de Economía Martín Guzmán estaban diseñando una oferta para reestructurar la deuda y sin saber los pormenores que tendría la propuesta. Lo hacía vía mail, WhatsApp, o redes, con la única intención de decir que estaba disponible con su experiencia a cuesta para, eventualmente, representarlos legalmente si lo que el país les ofreciera no fuera conveniente.Luego de un tiempo de conseguir clientes y formar una importante masa crítica, llegó el tiempo de agruparlos y organizarlos. Si bien no logró incluir a los grandes fondos de inversión (estos se agruparon solos detrás de BlackRock y Fidelity); Hranitzky encontró un importante nicho donde su prédica tuvo provecho. Desde hace ya un mes y medio viene reclutando bonistas con tenencias de deuda de títulos públicos con jurisdicción nacional emitidos durante el canje de deuda organizado y concretado con éxito por Néstor Kirchner en 2005 con Roberto Lavagna como ministro y responsable máximo, y reabierto por Cristina Fernández de Kirchner en 2010 con Amado Boudou en el palacio de Hacienda. Eran los títulos donde Hranitzky basaba su experiencia y conocimiento para litigar contra el país, y con lo que mayores resortes legales tendría para avanzar. Y donde la cláusula de aceptación general en una reestructuración en caso de imposibilidad de pago debe superar el 88%, según el contrato de emisión del 2005. En total quedan por pagar unos u$s8.000 millones de esta deuda, de los cuales sólo u$s5.000 millones corresponden al Discount. Un dinero que, al momento de litigar (si fuera necesario), podría generar rápidamente un negocio general de casi u$s9.000 millones con multas y punitorios, casi el mismo dinero que el “Juicio del Siglo” que lo tuvo como abogado protagonista. Pero si no era necesario llegar a un juicio y se lograba un acuerdo, sólo las comisiones por la intervención serían millonarias con un tiempo de trabajo menor a un año. ¡Bingo! En ningún momento la posición de Hraritzky fue belicosa. Hranitzky es egresado de Harvard, y trabajaba para el estudio Dechert LLP cuando representó a Elliot en la cruzada exitosa contra Argentina, en un juicio que, de comienzo a fin, le demandó una estrategia de 10 años hasta el cobro en 2016. A medida que avanzaba la causa y sus embestidas judiciales iban teniendo fallos favorables en el tribunal de Griesa, otros fondos buitre y bonistas particulares iban engrosando su lista de contratados. Uno de los que se sumó durante la marcha fue el fondo de Kenneth Dart, uno de los primeros que presentó pleito contra Argentina, y, curiosamente, el primero con que negoció el país a fines de 2015 y comienzos de 2016 para cerrar el acuerdo final para terminar la causa. En esos tiempos, Hranitzky protestó por la actuación de Dart de ser “friendly” ante la oferta que diseñó Alfonso Prat-Gay como primer ministro de Economía de Mauricio Macri. Luego, desde marzo de ese año, aceptó la propuesta y fue de los primeros en firmar en acuerdo en el despacho de Pollack, representando, se calcula, a bonistas por más de u$s3.000 millones, cobrando honorarios millonarios por su servicios. Está claro que esté hoy más que entusiasmado por volver a ejercer el rol de defensor de los bonistas descontentos. Dentro del juicio del Siglo, Hranitzky se hizo conocido en la Argentina por el hecho más importante vinculado con la demanda de los fondos buitre: el embargo de la emblemática fragata Libertad el 2 de octubre de 2012 en el muelle 9 del puerto de Tema en Ghana. Fue Hranitzky quien descubrió la posibilidad de avanzar con esta acción, convencido que llamaría la atención del mundo y pondría el conflicto por el pago de los bonos en los tribunales de Nueva York en los diarios de todo el mundo. Su estrategia incluyó un desembarco temporario personal en Acra, capital de Ghana, con sospechosos contactos directos con el juez Richard Adjei Frimpong. Una presentación del abogado hizo que ese “Tribunal Supremo de Ghana” se “convenciera” de avanzar con el embargo. Hranitzky fue novedad también en los últimos tiempos por otra cuestión. Como defensor de Elliot demandó al estudio panameño Mossack Fonseca, asegurando que los movimientos de lavado de dinero a favor de la política argentina, para dañar los activos de su contratado. El juicio no llegó a nada, pero hizo que el abogado pudiera circular por algunos medios de comunicaciones internacionales como defensor de la legalidad contra el principal estudio acusado de lavado de activos en la historia del siglo.

Un capítulo clave para que el proceso de negociación de deuda se cierre, fue el cambio de estrategia legal en el grupo AdHoc, representante de Blackrock, Fidelity, Ashmore, Autonomy, y los mayores fondos de inversión con deudas emitidas luego del 2016. El primer delegado para comandar las negociaciones, contratado por el fondo de Larry Fink, fue el mexicano Gerardo Rodríguez Regordosa; un hombre conocido en Wall Street tanto por ser excelente y puntilloso profesional, conocedor además con memoria notable de toda la historia de colocación de deuda soberana de los países latinoamericanos. Pero también es conocido por su eventual mal carácter; y, a veces, falta de cintura política. Fue lo que le ocurrió a comienzos de la negociación, antes del rechazo de la primer oferta presentada por Martín Guzmán en abril, y cuando las partes parecían encaminarse a un conflicto grave. En esos momentos, el mexicano bramó "en unos años, negociaremos con otro gobierno"; e inventor del concepto que el ministro de Hacienda llegó a la Argentina "a hacer un master sobre reestructuración de deuda". Ex funcionario del gobierno de Felipe Calderón y amigo personal del director gerente para el Hemisfério Occidental del FMI Alejandro Werner; ejerce el rol de ejecutivo financiero de BlackRock desde hace más de una década, y fue uno de los responsables del desembarco del fondo en América Latina. Y como tal se puso al frente de las negociaciones al comienzo de las negociaciones. El abogado mexicano intentó también un movimiento político con algún aliado local, buscando un contacto directo con el presidente Alberto Fernández, salteando las líneas del Palacio de Hacienda. Fernández cerró todo tipo de contacto directo y advirtió sobre las acciones del mexicano como factores disruptivos si se quería llegar a un acuerdo. Luego de aquellas acciones bastante desafortunadas, fue desplazado de la primera fila de negociaciones por el propio Fink. Se habla que fue otro mexicano, el titular del fondo Fintech, y aliado del gobierno, David Martínez, el que habló directamente con Fink para correr a Regordosa. El titular del fondo aceptó, y nombró a Jennifer O'Neil como principal negociadora. Esta otra abogada, Managing Director del fondo de inversor, demostró rápidamente que manejaba otros códigos de negociación, con mayor nivel de tolerancia y capacidad de dialogo que el colega mexicano. Sin embargo, también dejó en claro que sus mejores modales no implicaban una posición más laxa o flexible que la de Regordosa. Logró sin embargo una buena sintonía con Guzmán, lo que al final de las negociación se tradujo en la aceleración de los cambios legales necesarios para que el canje se logre. Sin embargo, no implicó que Regordosa se haya retirado del frente de batalla. Hasta último momento el mexicano estuvo en la liena de acción, pero fuera de la mirada de los funcionarios argentinos.

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