Difunden más informes sobre las privatizadas

Auditoría General de la Nación prometió para hoy el informe sobre la concesión del Correo Argentino, luego de haber presentado el jueves el de transporte terrestre automotor y ferrocarriles. Los informes responden a un pedido del ministro Roberto Lavagna sobre las privatizaciones, y ya empezaron a suscitar polémica.

Según trascendidos confiables, Lavagna pidió la intervención de la Auditoría, para contrarrestar el descrédito de los organismos de control, que en apariencia son visualizados por el público, como cómplices de los supuestos incumplimientos de las privatizadas. Con el mismo propósito, el ministro de Planificación, Julio De Vido, requirió el asesoramiento técnico de FLACSO, una entidad de estudios que se caracteriza por su fuerte crítica al proceso privatizador.

Ambos ministros presiden la unidad de renegociación de 63 contratos de concesión, y simultáneamente pidieron a los entes reguladores un examen minucioso del comportamiento de cada empresa desde la privatización, la mayor parte de los cuales ya fueron elevados la semana pasada.

Uno de esos documentos, el del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) correspondiente a Aguas Argentinas ya tuvo difusión periodística, aunque el requerimiento a cada organismo de control fue formulado con carácter «confidencial».

Lo llamativo es que el informe sobre la concesión del agua en Capital y Gran Buenos Aires repite esencialmente las mismas conclusiones a que había llegado el ETOSS y la comisión renegociadora de los contratos el año pasado, según dijo, en declaraciones radiales, el representante de los usuarios en esa comisión, Ariel Caplan.

Con el informe de la AGN sobre el Correo Argentino es casi seguro que ocurrirá lo mismo. Ya en los primeros meses del gobierno de Fernando de la Rúa, una comisión interministerial (Economía e Infraestructura) observó el incumplimiento del pago del canon, y advirtió que no hay elementos legales en el pliego de licitación, ni en el contrato para los reclamos que le formula al Estado la empresa concesionaria liderada por el grupo Macri por presuntos « incumplimientos» de las condiciones pactadas.

En ese mismo documento, también se puntualizó que había condiciones para rescindir el contrato postal, y uno de los puntos centrales que incluirá el informe de la Auditoría hoy: que el Correo imputó como inversiones obligatorias 1.000 millones de pesos que se destinaron a indemnizaciones. Podría haber entonces cierta intención de dejar en evidencia situaciones de incumplimiento que en realidad ya están documentadas y no son nuevas para lograr un impacto político, más amplio en momentos en que la sociedad parece sensibilizada ante ciertos temas.

Los voceros tradicionales de las privatizadas interpretan que la difusión de informes a través de los medios de comunicación busca además que el gobierno quede mejor posicionado para la negociación que se viene. En este sentido, voceros del oficialismo insisten en que la concesionaria del Correo dejará la concesión «en forma ordenada y acordando con el gobierno».

• Reclamo

Pero si se trata de endurecerse para negociar mejor, el Correo ya hizo saber que insistirá con un reclamo de compensación en la Justicia por 1.000 millones de pesos, mientras Aguas Argentinas aparece más a la defensiva y Aeropuertos Argentina 2000 (la tercera empresa que estaría en la lista «negra» del gobierno) manifestó que no hay riesgos de que le rescindan el contrato y que van a ir a la renegociación con la comisión.

Otro aspecto polémico es que la Auditoría se ocupa de los organismos del gobierno pero no de las empresas privatizadas. Es decir, sus informes emiten opiniones y recomendaciones sobre los entes reguladores y además se conocen habitualmente con dos o tres años de retraso, con lo cual su efecto concreto termina siendo nulo.

Desde la óptica de los expertos en el proceso privatizador, la SIGEN es el organismo más idóneo y mejor preparado para hacer un seguimiento día a día sobre los entes reguladores (se afirma también que Lavagna terminó pidiendo informes a la Sindicatura), mientras que la única solución para controlar y penalizar a privatizadas pasaría por una ley que reglamente el control.

Si se considera el procedimiento administrativo que media entre que se advierte un incumplimiento y la sanción, el plazo puede superar los tres años, como se nota en recientes multas a empresas eléctricas y gasíferas. Los expertos afirman que deberían abreviarse los procedimientos para la multa y eliminarse la posibilidad de apelar ante la autoridad administrativa superior, lo que termina demorando la penalización más de cuatro años promedio. Los que impulsan esta ley dentro del gobierno, afirman que además de abreviarse los pasos para hacer observaciones, las empresas deberían estar obligadas a pagar primero, y después tener sólo la posibilidad de recurrir a la Justicia.