Diputados aprobó subir Ganancias

La Cámara de Diputados aprobó ayer la creación de un nuevo impuesto de emergencia a las ganancias, que se aplicará sobre las empresas con utilidades superiores a los $ 5 millones anuales y las personas con ingresos por encima de $ 1 millón. La iniciativa, que vuelve a cargar contra los únicos sectores que ganan pese a la crisis, les aplica una tasa de 10% y regirá por un año. Para calcular la base de imposición deberán tomarse en cuenta las ganancias de empresas y personas de los últimos tres años. El efecto en la recaudación está estimado en $ 1.056 millones, número que ratificó José María Farré a los diputados. Además, lo pagado no podrá tomarse a cuenta de ningún otro impuesto nacional. A pesar de que el Ejecutivo niega cualquier apoyo a la medida, incluso Fernando de la Rúa amenazó con un veto, es un hecho que la idea cuenta con el aval de Domingo Cavallo. Para continuar con la maratón demagógica, los diputados sancionaron un proyecto que suspende por 180 días la ejecución de sentencias por concursos, quiebras y deudas bancarias. Eso incluye los deudores por préstamos hipotecarios, prendas de autos y hasta los desalojos.

La Cámara de Diputados aprobó ayer la crea ción de un nuevo impuesto de emergencia a las ganancias que va a gravar a las empresas con una ganancia neta imponible superior a $ 5 millones y las personas con ingresos superiores a $ 1 millón, todos con una especial por un año de 10 por ciento. En la misma sesión, la última del período ordinario y que se extendió durante dos días, los diputados sancionaron el límite de 7 por ciento para el pago de intereses de las deudas provinciales -aunque eliminaron una ratificación del Decreto 1.387 que contenía el proyecto-, y una hora después el Senado lo convirtió en ley.

Para terminar, la Cámara baja sancionó un polémico proyecto que frena por 180 días las ejecuciones de sentencias en concursos y quiebras de empresas -grandes o pequeñas- y toda ejecución de hipotecas y prendas bancarias y de todo tipo. Además, Diputados se hizo tiempo para sancionar el proyecto que crea el Instituto Nacional de la Yerba Mate.

El debate por la creación del impuesto de emergencia a las ganancias terminó de definirse a última hora de la tarde. En ese momento, se dejó de lado la idea desarrollada por la radical Beatriz Nofal, que propiciaba un sistema para alentar la reinversión de dividendos y pasaba a gravar la distribución de ganancias en cabeza de los accionistas, además de una modificación integral al impuesto.

Por eso, se volvió al proyecto original de Horacio Pernasetti y Darío Alessandro, que el Ejecutivo niega apoyar, pero que Domingo Cavallo pide desde hace 15 días o, por lo menos, así quedó claro por las intervenciones de José María Farré en la Comisión de Presupuesto y Hacienda cuando defendió la idea.

Lo sancionado ayer, que ahora debe pasar al Senado, tiene una recaudación teórica, de acuerdo con el propio Ministerio de Economía, de $ 1.056 millones. De todas formas, anoche los peronistas del Senado advertían que no estaban de acuerdo con la creación de un nuevo impuesto. El tributo afectaría a 250 personas físicas y 280 empresas en total.

• Sin esperanzas

Lo curioso es que dos días antes de la sesión, ni los propios diputados radicales de la comisión daban muchas esperanzas sobre el futuro del nuevo impuesto. Pero, de hecho, la idea avanzó y ayer fue sancionada con el apoyo, aunque crítico, de Elisa Carrió y el ARI, los disidentes de Frente para el Cambio y la oposición del peronismo y los diputados de partidos provinciales.

El peronista Oscar Lamberto directamente lo atacó: «Si esto se arreglara con impuestos, sería muy sencillo, y hasta uno diría 'tengo el calor popular de mi lado al decir le pongo impuesto a los ricos'. Pero no se puede apelar a medidas espasmódicas para solucionar los problemas».

La discusión central de ayer giró en torno a si Economía había pedido o no el proyecto, algo que el propio Raúl Baglini y Alessandro terminaron reconociendo elípticamente. Para el ministro, a pesar de las protestas de las empresas y, en especial, de la UIA, que operó en el Congreso hasta último momento para intentar frenar la discusión, significan más de $ 1.000 millones para sumar a la escasa pauta de recaudación que se incluirá en el presupuesto 2002.

Lo votado ayer establece:

• Aplicar una alícuota de 10 por ciento por un año a las personas físicas que en 1999, 2000 o 2001 hayan tenido una ganancia neta imponible superior a $ 1 millón.

• Pagarán la misma tasa las empresas que en alguno de los ejercicios fiscales cerrados entre el 30 de noviembre de 1999 y el 31 de octubre de 2002 tuvieron una ganancia neta imponible superior a $ 5 millones.

• El impuesto no podrá deducirse del pago del Impuesto a las Ganancias o la Ganancia Mínima Presunta.

• Beneficio

En la misma sesión, se aprobó un proyecto del peronista santafesino Oscar Lamberto que establece la suspensión por 180 días de la «ejecución de todas las sentencias y trámites procesales por concursos preventivos, quiebras..., ejecución de hipotecas y prendas».

El proyecto, que si cuenta con apoyo del Senado, beneficia tanto a las empresas de todo tipo que se encuentran en proceso de quiebra o concurso como a los morosos hipotecarios o prendarios a quienes se lleva adelante la ejecución de sus propiedades.

Sólo quedarán afuera de la suspensión por 180 días: los casos en que hubiera comenzado a cumplirse la sentencia de quiebras con la correspondiente liquidación de bienes, los juicios por cobro de cuotas alimentarias, los créditos por indemnizaciones laborales, por accidentes y enfermedades laborales. Quedan afuera también las deudas que no recaigan sobre la vivienda del deudor. Esta ley tendrá una vigencia de dos años.