El precio del gas en boca de pozo, que perciben las empresas petroleras, subiría a lo sumo 20% a partir de mayo, según se especula en sectores empresarios. Si bien las productoras de gas presentaron a las distribuidoras precios con subas de hasta 70% (algunos hablan de porcentajes aun más altos), se estima que no se autorizará un ajuste superior a 20%, lo que implica un aumento de 6% a 8% en las tarifas de los usuarios residenciales.
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A diferencia de lo que ocurre con el precio de la energía mayorista, que por ley se resuelve mediante una resolución de la Secretaría de Energía, en el caso del gas, para subir el precio del producto en boca de pozo, debe convocarse a una audiencia pública. El debate debe ser citado con anticipación de unos 15 días hábiles por el Enargas.
En principio, ese organismo citaría a audiencia para el 20 de este mes, para lo cual debe publicar el aviso a lo sumo el martes de la semana que viene. Pero la convocatoria depende en este caso de una decisión del máximo nivel del gobierno, porque probablemente sólo la publicación del edicto suscite declaraciones adversas de las entidades de consumidores, que pueden ser consideradas contraproducentes en plena campaña por el ballottage.
El retraso del precio del gas en yacimiento es un reclamo permanente de las productoras desde mayo del año pasado, cuando se autorizó una suba de 10% a 12%. Si bien en octubre no hubo la baja que corresponde al período de verano, las petroleras afirman que el precio actual de producto ya desalentó las inversiones el año pasado, y que la producción decaerá aun más este año. Sostienen que por millón de btu (la unidad de medida) perciben ahora 40 centavos de dólar, frente a 1,40 dólar que era el valor del gas neuquino antes de la devaluación.
El gobierno insistirá con su criterio de que las petroleras se ven beneficiadas por la exportación de productos, incluido el gas, y por el alza que tuvieron los combustibles en el mercado interno, y terminaría aprobando ajustes sustancialmente inferiores a las presentadas por las petroleras.
Además de la actitud oficial, y de la que puede preverse en las entidades de consumidores, la suba de gas en boca de pozo también produce malestar en las distribuidoras. El vocero de MetroGas, la principal de esas empresas, Orlando Di Pino, dijo que la empresa reclamará una audiencia donde de debatan todos los elementos de la tarifa, es decir, los márgenes de distribución y transporte, además del valor del gas.
Esto es legalmente imposible, porque la Ley de Emergencia Económica no incluyó al precio del gas, que está desregulado, pero sí alcanza a los contratos de las privatizadas, en este caso, transportadoras y distribuidoras.
