El banco debe devolver el dinero o al menos un bono

Para el abogado constitucionalista Gregorio Badeni, en los próximos días el gobierno deberá devolver los depósitos al público en efectivo o con un título que le garantice al depositante no perder «poder adquisitivo». En diálogo con Ambito Financiero, afirmó además que es muy probable que el dinero o el título deban ser en dólares. Dice también que el deber de la Justicia es velar por la Constitución y la ley, y que es tarea de los gobiernos la de instrumentar medidas que se ajusten a la ley, lo que no se respetaría con el «corralito». Sobre el juicio político que el gobierno de Eduardo Duhalde quiere hacerle a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), asegura que el proceso durará 6 meses como mínimo, que la Corte puede incluso determinar que ese juicio es inconstitucional, que Julio Nazareno y Adolfo Vázquez no pueden ser juzgados por su amistad con Carlos Menem y que en definitiva lo que quiere Eduardo Duhalde es una Corte adicta. La visión de Badeni puede ser tomada como un mapa de ruta sobre cómo avanzaría la Justicia en los próximos días y meses, en ambos temas. Las principales declaraciones de Gregorio Badeni de ayer a Ambito Financiero fueron las siguientes.

Periodista: ¿Cómo se tienen que manejar ahora los ahorristas luego del fallo de la Corte?

Gregorio Badeni: Cada persona, si quiere recuperar sus depósitos, debe promover una acción judicial. El juez interviniente deberá fallar inmediatamente a favor del público damnificado, el que podrá obtener sus depósitos.

P.: ¿No puede un juez fallar en contra del depositante y a favor del Estado o de una entidad financiera?

G.B.: En teoría los jueces inferiores, de primera y segunda instancia, pueden fallar de manera diferente a la Corte. Pero en la práctica ello no acontece nunca porque se toma en cuenta la jurisprudencia del máximo tribunal en los fallos inferiores aunque el juez no la comparta. El criterio superior que se respeta es sencillamente el de no hacerle perder gastos al Estado, ya que se descarta el fallo de la Corte.

P.: ¿Qué salida le ve al gobierno?

G.B.: En el fallo se mencionan las dos soluciones y así debe ser respetada la decisión de la Justicia por el Poder Ejecutivo. El fallo no establece medidas económicas a tomar, pero sí menciona que cualquier decisión no puede alterar el derecho a la propiedad. Sólo menciona específicamente que la solución debe ser una «alternativa razonable» para que no se lesione ese derecho.

P.: ¿Cuál sería una «alternativa razonable»?

G.B.: Un paliativo que permita que los depositantes no pierdan su poder adquisitivo.

P.: Eso quiere decir que si no está el dinero en efectivo se puede aplicar un plan BONEX, o similar. ¿Qué debería respetar un nuevo plan BONEX, para que sea absolutamente legal?

G.B.: Que el dinero que se devolverá no se desvalorice. En su momento el plan BONEX fueron depósitos en pesos que se devolvieron en dólares en un plazo razonable y sin que el ahorrista perdiera valor. Además ese bono podía utilizarse. El título público además tenía garantías, y estaba dotado de seriedad y certezas que aseguraban que el dinero se recuperaría. Ese es el criterio que se debe respetar para que sea legal.

• Garantía

P.: En este caso sería al revés. Los depositantes tienen dólares en los bancos y no pesos. ¿Puede el gobierno devolver un bono en pesos o directamente pesificar los depósitos?

G.B.: Un título a cuenta de los depósitos debe garantizar que se mantenga el poder adquisitivo de esa persona. Pero en el caso del «corralito» esta cuestión se cruza con otro derecho.

P.: La realidad marca que hay 40.800 millones de depósitos en dólares dentro del «corralito» y que ese dinero no se puede devolver en esa moneda. ¿Asume que si se respeta el derecho quebraría el sistema financiero?

G.B.: Es verdad que se dice que el fallo de la Corte no se ajusta a la realidad. Pero toda la Argentina debe entender que el Poder Judicial se dedica a aplicar la ley y la Constitución y que son los gobiernos los que deben tener el tacto y la sabiduría para instrumentar los medios económicos y políticos para resolver los problemas y las decisiones dentro de lo que dicen la ley y la Constitución.

LA DEFENSA NO ES EL BLOQUE

Periodista: Ya es público que el gobierno de Eduardo Duhalde avanza en la decisión de concretar el juicio político contra la Corte. ¿Cómo sería ese proceso?

Gregorio Badeni: Primero se necesita que la Cámara de Diputados formule una acusación apoyada por los 2/3 contra un juez en particular, con nombre y apellido, imputando actos por mal desempeño de las funciones del juez. Luego el Senado da curso al pedido y comienza el proceso. El juez tiene derecho a la legítima defensa. Recién después de este punto las 2/3 partes del Senado pueden destituir al juez fundamentando la decisión. Pero a su vez el juez destituido puede apelar la decisión del Senado ante la Corte Suprema, que tiene el derecho y la jurisprudencia de atender en casos en los que los otros poderes hayan violado las garantías constitucionales. La Corte Suprema puede revisar así las decisiones de los otros poderes.

P.: ¿Cuánto tiempo duraría este proceso?

G.B.: Un trámite así no puede ser menor a 6 meses. Suponiendo que comience esta misma semana, terminaría en el mejor de los casos en agosto.

P.: Aparentemente el caso por el que se acusará a Julio Nazareno y a Adolfo Vázquez por haberse pronunciado sobre la liberación de Carlos Menem, por ser ex socio del ex presidente uno y amigo personal el otro...

G.B.: Ninguno de los dos casos es judicialmente cuestionable. Si Nazareno fuera socio en la actualidad de Carlos Menem sería imputable, pero no si lo fue en el pasado. En el segundo caso, la amistad no es un delito ni puede ser sancionada una Corte de ningún caso. Además, el fallo de la Corte se basa en el juicio a Emir Yoma. Luego fue la cámara en segunda instancia la que decidió liberar a Menem sobre la jurisprudencia del caso Yoma.

P.: ¿Qué pasaría si efectivamente se avanza contra los jueces y se llega mediante juicio político a la destitución de miembros de la Corte Suprema?

G.B.: Sería un gravísimo atentado contra la independencia de los poderes, ya que se embiste por estrictas razones políticas y no por cuestiones éticas. Se afectaría la credibilidad de la Justicia, ya que cualquier juez de cualquier instancia se puede sentir presionado para fallar en algún sentido bajo la amenaza de ser sancionado políticamente desde los otros poderes.

P.: ¿Hay antecedentes de esta situación?

G.B.: Lamentablemente sí, y con otro gobierno justicialista. En el '46, el gobierno de Juan Perón avanzó en un juicio político contra la Corte de aquel momento. Fueron depuestos 3 jueces que tenían una visión opuesta a la del PJ y fueron reemplazados por otros que respondían al Poder Ejecutivo. El resultado fue la Corte más mediocre de que se tiene memoria y que simplemente se dedicó burocráticamente a avalar las decisiones del gobierno.

P.: ¿Cree que hay revancha política desde el gobierno?

G.B.: Lo que creo es que inevitablemente lo que se quiere, cada vez que cambia un gobierno, es formar una Corte con jueces adictos.

Entrevista de Carlos Burgueño