El economista del mes: puede levantarse el paro, pero no así la economía

Economía

El director de investigaciones del IERAL de la Fundación Mediterránea, Nadin Argañaraz, fue el encargado de analizar la coyuntura en la tradicional entrega de El Economistadel Mes. Tras exponer el marco tributario en el cual se desencadenó el conflicto con el campo, el economista desarrolla una propuesta para salir de la actual situación de paralización del sector agropecuario. Argañaraz advierte sobre el elevado nivel que alcanzó la presión tributaria en la Argentina. Explica el caso chileno.

1 - El conflicto con el campo se desató a partir de una suba en la presión tributaria. ¿Cómo está hoy la economía argentina en materia tributaria?

Actualmente, la presión tributaria efectiva a nivel nacional (incluyendo derechos de exportación y contribuciones a la seguridad social), medida como la relación entre la recaudación de impuestos nacionales y el producto de la economía, se encuentra en sus máximos niveles históricos. En efecto, en 2007 dicho ratio ascendió a 24,6% del PBI, 7 puntos porcentuales más que el nivel de 1998, en que la presión tributaria rondaba 17,5%. A su vez, en los primeros cinco meses de 2008, la recaudación llegó a representar 26,2% del PBI, superando en 2,3 puntos porcentuales el nivel de los primeros cinco meses de 2007.

Desde el punto de vista del destino de esta mayor presión tributaria, si bien es indudable el mayor nivel de ahorro alcanzado por el sector público nacional durante los últimos años, no se puede ignorar la fuerte expansión que ha tenido el gasto público. La participación del gasto primario en el producto alcanzó un nivel máximo en 2007, de casi 24% del PBI. Esta situación implica un crecimiento de 6 puntos porcentuales con relación al ratio observado en 1998.

2 - ¿Qué impacto económico tendría una paralización de la actividad agrícola, más allá del levantamiento del paro de comercialización?

Es necesario distinguirlos efectos de corto plazo de los de largo plazo. Los primeros incluyen a diversos problemas que desaparecerán cuando surja una solución clara, aunque sea de corto plazo. Mientras tanto, se pueden paralizar decisiones, básicamente de consumo. Y existen ciertos consumos que son parcialmente irrecuperables, como es el caso del turismo perdido. Se deben agregar los efectos micro que ocasionan dificultades en la cadena de pagos. El impacto sobre las familias es muy desigual dependiendo de la actividad que realicen. La situación de los transportistas de granos puede seguir siendo difícil, en la medida en que la comercialización sea la mínima indispensable.

Por otra parte, están las consecuencias a largo plazo. La primera tiene que ver con la percepción del proceso decisorio de las políticas públicas. Se debe evitar la sensación de discrecionalidad, porque implica mayor incertidumbre y, en consecuencia, menor inversión. Las medidas que tienen un impacto complejo en la economía requieren de un ámbito institucional que permita la argumentación y búsqueda de consensos. En esta línea, resulta promisoria la tarea que emprende actualmente el Congreso para brindar una regla clara y estable. La segunda está relacionada con la estructura de incentivos que enfrenta la actividad privada. Las regulaciones y los tributos deben buscar siempre una mayor equidad distributiva, pero minimizando los efectos negativos sobre la asignación de los recursos.

3 - ¿Qué cambios pueden producirse en las finanzas provinciales?

Las finanzas provinciales se ven afectadas tanto por los derechos de exportación como por la situación económica general. El aumento en las retenciones implica una reducción en los recursos que se coparticipan a provincias. Esto sucede porque baja la recaudación del Impuesto a las Ganancias y de otros impuestos indirectos como el IVA (al existir un menor ingreso disponible). Otro problema lo constituye la dificultad política para actualizar las valuaciones fiscales. Las retenciones y el Impuesto Inmobiliario Rural, por ejemplo, presentan bases concurrentes en un sentido económico.

Por otra parte, están los efectos que se derivan de los cambios en la actividad económica. Si ésta disminuye, se reducen los recursos tributarios provinciales. Para enfrentar esta situación los gobiernos provinciales pueden verse tentados a echar mano a impuestos altamente distorsivos. En efecto, la provincia de Misiones ya ha iniciado el cambio, sancionando recientemente un notable aumento del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre ciertas actividades, destacándose el caso de la industria de pastas celulósicas, que vio aumentada su presión tributaria de 2,5% a 6%.

4 - ¿Qué recomienda para encontrar una solución?

Me parece muy oportuno el proceso de discusión que se inicia en el Congreso. La alternativa en la que se piense tiene que brindar una solución a los dos efectos mencionados anteriormente, el del corto y el de largo plazo. La discusión de un plan integral para el desarrollo del sector agrícolaganadero es clave para el largo plazo. Pero mientras se discuta esta solución, sería oportuno generar una señal que destrabe totalmente la actividad de manera inmediata.

A mi criterio, en la agenda de discusión que se inicia en el Congreso no debería faltar el punto «formalización de la economía». La economía argentina sin dudas tiene margenpara incrementar su gradode formalidad y consecuentemente la recaudación tributaria.

Al respecto presenté una idea/propuesta, que se puede explorar con mayor profundidad, y que consiste en lo siguiente: establecer un período, que puede incluir tanto a la cosecha de soja 2008 como a la de 2009, durante el cual, teniendo en cuenta la retenciónpromedio esperada que tendría la soja dentro del esquema móvil actual, por dar un ejemplo 40%, se establezca ese nivel como nuevo derecho fijo de exportación, pero permitiendo computar como «pago a cuenta» del Impuesto a las Ganancias la diferencia entre ese nivel y 35% vigente con anterioridad, es decir, 5% en este ejemplo. El hecho de establecer un período de transicióntiene por objetivo atacarlos problemas de corto plazo mencionados anteriormente.

Con este esquema propuesto se eliminarían las distorsiones que puede provocar el esquema móvil actual en el mercado de futuros, ya que se va a un esquema fijo, que obviamente puede modificarse en función de los escenarios internacionales que se vayan dando. Pero, además, el gobierno pasa a cobrar 35% de derecho de exportación, aunque está anticipando una recaudación como si fuera de 40% (5% debería ser imputado a la recaudación del Impuesto a las Ganancias). A la hora de liquidar su Impuesto a las Ganancias, el productor adiciona a su base imponible el valor del « reembolso» recibido como pago a cuenta por cada una de sus operaciones y hace uso de ese pago a cuenta restándolo del impuesto determinado. El porcentaje de la retención total recaudada que se permite computar como pago a cuenta debe adicionarse a la base imponible del Impuesto a las Ganancias porque constituye un mayor valor de venta del cereal que, de lo contrario, no quedaría alcanzado por el impuesto. De este modo, para un productor que opera totalmente en la formalidad, su carga tributaria no se vería afectada. Seguiría tributando 35% de derechos de exportación, como antes del 11 de marzo. Si algún productor tuviera una ganancia imponible menor que el total de pagos a cuenta computables, generaría un saldo a favor que debería ser posible utilizar para cancelar otras obligaciones impositivas.

5 - ¿Cuál es la clave de este nuevo esquema?

El punto esencial pasa por incentivar la formalización, que en el mediano plazo puede generar más recaudación del Impuesto a las Ganancias. Aumentaría el desincentivo para un productor agropecuario a vender en negro, ya que en caso de hacerlo cobraría un precio inferior por el monto equivalente al pago a cuenta de Impuesto a las Ganancias computable que nadie podría utilizar.

En la coparticipación federal de impuestos habría un cambio de composición del esquema de distribución de recursos. Todos los recursos que hoy obtiene la Nación por derechos de exportación no son coparticipables. Con un derecho de exportación de 46% hay un efecto desplazamiento del Impuesto a las Ganancias por una menor base imponible. Con la propuesta, al caer los DE a 35%, aumenta la base imponible y, consecuentemente, la recaudación del Impuesto a las Ganancias.

Desde el punto de vista de la eficiencia, la tributación del Impuesto a las Ganancias tiene en cuenta la realidad de cada productor, mientras que el derecho (que naturalmente es un instrumento de política comercial externa) grava el ingreso sin considerar las condiciones particulares derivadas de las distintas calidades de la tierra, economías de escala y distancia a puertos que puedan existir. Es decir, habría un cambio que automáticamente tendría en cuenta estas particularidades de cada productor.

Una propuesta de este tipo también significaría mejoras en términos de equidad tributaria entre los contribuyentes del propio sector.

6 - ¿Qué sucedería una vez terminado el período de transición?

Para mí, es vital destrabar rápido el desarrollo de la actividad, dados los efectos que tiene sobre la economía real (efectos fuertes en el interior del país) y, consecuentemente, sobre las expectativas de la gente. Pienso en un período específico para lograr lo anterior. Ahora bien, a partir del proceso de discusión del Congreso surgirá un esquema definido de derechos de exportación como un punto más de la política agropecuaria integral que regirá en los próximos años.

Desde el punto de vista de la recaudación nacional, el gobierno con este nuevo esquema pone en juego una recaudación del orden de 0,50% del PBI durante el corrienteaño (diferencia posiblede recaudación de retenciones entre esquema anterior y el actual). Este costo disminuiría en función de los mayores recursos que pueda aportar en materia de recaudación el Impuesto a las Ganancias. Esto es debido tanto a la mayor base imponible de Ganancias explicada anteriormente como al incentivo a una mayor formalidad del sector. De esa mayor recaudación se beneficiarían tanto el gobierno nacional como los provinciales y municipales, dado el esquema de coparticipación vigente.

Durante el período de transición el Fondo de Redistribución Social se financiaría con el incremento en la recaudaciónde Ganancias. Como parte de esa recaudación marginal también iría a las provincias, se podría pensar en un cofinanciamiento del Fondo.

7 - ¿Cómo vislumbra el final del conflicto?

Terminada la discusión del Congreso y sancionadas las leyes correspondientes, quedará establecida una política integral donde el esquema de derechos de exportación podrá ser otro o el mismo que he planteado, pero habrá transcurrido un tiempo en el que toda la sociedad haya podido acceder a una discusión transparente donde quede claro que todo actor del sector agropecuario que opere totalmente en blanco no tiene un aumento de presión tributaria. Bajo este paraguas, creo que es factible iniciar una discusión seria y profunda sobre todos los aspectos que preocupan, sin elementos de presión paralelos que pueden distorsionar las discusiones. La intención de esta propuesta es simplemente aportar elementos al debate, en línea con el deseo de una señal rápida que evite la paralización de la actividad y una consolidación de la unidad nacional. Creo que sería interesante agotar todas las posibilidades de viabilidad disponibles para un esquema de este tipo, antes de descartarla.

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