EL FIN DE LA CONVERTIBILIDAD Y SU IMPACTO EN EL SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO

El régimen de convertibilidad que fijó la paridad peso-dólar 1 a 1 durante más de 10 años ha llegado a su temido final. Cuatro años de recesión, el acelerado deterioro fiscal, la falta de crédito internacional, el drenaje de los depósitos y las reservas internacionales, la inestabilidad política y las crecientes tensiones sociales son algunos de los factores que presagiaban los anuncios hechos por Jorge Remes Lenicov, el recientemente designado Ministro de Economía del Presidente Eduardo Duhalde.

En el contexto de una economía altamente dolarizada, una devaluación puede cobrar numerosas víctimas, muchas de ellas dentro del sistema financiero. Los tenedores de depósitos en dólares, que ya se han visto afectados por las restricciones a los retiros en efectivo impuestas a comienzos de Diciembre, abarcan el 72% del total de depósitos. En lo que respecta al activo de los bancos, los deudores en dólares ascienden al 65% del total de los préstamos al sector privado, mientras que el financiamiento al sector público, que equivale al 25% del total de activos del sistema financiero y el doble de su patrimonio, también se halla en su mayor parte denominado en dólares (más allá de las consideraciones que podrían realizarse acerca de la probabilidad de que el gobierno honre los términos del reciente canje forzoso de deuda). Asimismo, la credibilidad del sistema financiero ya se había puesto en duda como resultado de las limitaciones a los retiros de efectivo que atraparon $66,8 mil millones en bancos argentinos (a pesar de lo cual los depósitos disminuyeron $2,2 mil millones (3,3%) durante el último Diciembre) obstaculizando seriamente cualquier posibilidad de que los bancos generen la confianza necesaria para atraer nuevos ahorros y se conviertan en intermediarios de fondos en un futuro cercano.

En este contexto, uno de los desafíos más difíciles para el gobierno está dado por la búsqueda de una distribución eficiente y viable- de los considerables costos de una devaluación. Acreedores, depositantes, deudores, accionistas de los bancos, el gobierno y cualquier otro agente económico deberán asumir o compartir los costos. En el altamente sensible ambiente actual, el gobierno no cuenta con muchos grados de libertad para concertar una solución poco dolorosa. Las primeras pautas de este intento fueron plasmadas en la ley de emergencia económica sancionada durante el fin de semana pasado.

LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY DE EMERGENCIA ECONÓMICA QUE AFECTAN AL SISTEMA FINANCIERO

· El tipo de cambio y el régimen cambiario serán determinados por el Poder Ejecutivo, que ya anunció que la paridad oficial para convertir los ingresos de divisas (en su mayor parte exportaciones) a pesos se fijará en ArP$1,4 por US$1.

Este mercado oficial coexistirá con un mercado libre, cuya evolución revelará la verdadera confianza de la población con respecto a las perspectivas económicas. El gobierno ha sostenido que su objetivo final es establecer un régimen cambiario flotante en los próximos meses.

· La mayor parte de los préstamos en dólares otorgados por instituciones financieras con saldos originales inferiores a US$100.000 serán convertidos a pesos a la paridad anterior de 1 a 1.

Esta medida incluye préstamos hipotecarios, personales y prendarios, como así también préstamos a la pequeña y mediana empresa. Los saldos de tarjetas de crédito también se convertirán en pesos, y sólo los nuevos gastos realizados en el exterior podrán ser denominados en dólares.

· El gobierno implementaría las medidas necesarias para preservar los ahorros de los depositantes denominados en pesos y dólares que se encuentran actualmente atrapados dentro del sistema financiero.

Aunque la moneda de los depósitos se mantendría, la ley especifica que el gobierno puede reestructurar las obligaciones originales de acuerdo con la evolución de la solvencia del sistema financiero. Esto probablemente implicará un plazo significativamente mayor para los ahorros en dólares junto con una flexibilización parcial de los retiros en pesos.

· El gobierno tiene derecho a establecer un impuesto a las exportaciones de hidrocarburos para compensar a los bancos locales por la pesificación de los préstamos denominados en dólares.

Esta medida admite que la ya delicada situación de liquidez de los bancos locales se podría ver aún más agravada por el descalce de moneda producido por la “esdolarización”obligatoria de una parte importante de los activos bancarios, mientras que se mantiene la denominación de la moneda de los pasivos de los bancos.

· Las pérdidas contables producto de la utilización de la nueva paridad peso-dólar en la valuación de los activos y pasivos en moneda extranjera sólo serán computables en un 20% por año durante los próximos cinco años a los efectos de su deducción para el cómputo del impuesto a las ganancias.

En el marco de una alarmante caída de la recaudación impositiva, esta medida señala un intento (aunque de dudosa legalidad) de evitar una disminución aún mayor de los ingresos por el impuesto a las ganancias para el año 2002 (estimado en $2 mil millones).

EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS

El monto de préstamos sujeto a “esificación”es de alrededor de $18 mil millones que, convertido a pesos a la nueva paridad, implicaría una pérdida inicial para los bancos de aproximadamente 5,2 mil millones, o un 31% del patrimonio total. Aunque se espera que este significativo golpe a los bancos sea en parte compensado por impuestos sobre el sector de hidrocarburos (alrededor de US$1,2 mil millones por año), las pérdidas podrían agravarse aún más si la tasa de devaluación se eleva y/o la inflación se acelera, ya que la ley actual también prohíbe la indexación de las deudas en pesos. Asimismo, las pérdidas crediticias y las operaciones de refinanciación también aumentarían, ya que gran parte de las compañías con deudas denominadas en dólares verían significativamente reducidos sus flujos de ingresos en dólares. En el largo plazo, como nos muestra la experiencia en México, una intervención del gobierno de este tipo afecta seriamente la cultura crediticia de la población, ya que la gente podría esperar que se fuera en su ayuda en un contexto de crisis. Los progresos que había logrado Argentina en este sentido podrían perderse.

Las perspectivas de financiamiento de las entidades financieras tampoco son alentadoras. Durante mucho tiempo, los bancos no podrán atraer nuevos depósitos, mientras que los incumplimientos de deuda producto de las estricciones a las transferencias al exterior impuestas por el Banco Central también los dejará fuera de los mercados de capitales externos.

Esta situación podría llevar a la total insolvencia del sistema financiero. Aunque no sería la primera vez que bancos insolventes se mantienen abiertos por el relajamiento de las normas contables y, en el caso particular de Argentina, perpetuando las restricciones a los retiros de efectivo, el futuro del sistema financiero parece sombrío. La falta de crédito y un menor número de instituciones dedicadas meramente a la banca transaccional podría caracterizar al sistema argentino en los próximos años. Para los bancos locales, este escenario implicaría una disminución drástica de sus operaciones actuales, al menos hasta que la economía retome un sendero de crecimiento.