El Fondo audita ya a privatizadas

La misión del Banco Mundial y del Fondo Monetario que analiza la situación de las empresas privatizadas empezó ayer su actividad en Buenos Aires con una reunión en el Ministerio de Economía. Hoy se encontrará con la entidad que agrupa a todas las empresas privadas de servicios públicos, ADESPA (Asociación de Empresas de Servicios Públicos) que preside Juan Carlos Cassagne. También mantendrá un encuentro con el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.

La delegación arribó en medio de manifestaciones de protesta que protagonizaron unas 50 personas en Ezeiza y críticas de las asociaciones de consumidores, mientras las empresas privatizadas no esperan resultados concretos, sino una auditoría de la marcha de las privatizaciones en el país.

En el encuentro con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, estuvieron, por el Banco Mundial, el titular de la misión, Juan Gaviria; Axel Von Trotsenburg, director para la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; Antonio Stache y Vivien Foster. Por el FMI, participó Luis Cubedou, representante del organismo en el país.

Lavagna, a su vez, estuvo acompañado por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, el secretario legal del Palacio de Hacienda, Eduardo Pérez, y el coordinador de la comisión renegociadora de contratos, Gustavo Simeonoff. No hubo información oficial acerca del encuentro, pero se presume que los funcionarios argentinos informaron sobre los análisis ya efectuados de algunos contratos de concesión, las dificultades que vienen encontrando en la Justicia para disponer aumentos de tarifas y, especialmente, manifestaron la intención del Estado argentino de respetar las privatizaciones y no dejar que las compañías quiebren.

Trascendió que hoy, la representante legal de la misión, Katherine Christopherson, se encontrará con el defensor del pueblo, Eduardo Mondino. Este funcionario promovió los recursos ante la Justicia que invalidaron durante 2002 dos decisiones del gobierno para subir las tarifas de gas y electricidad, y tiene en curso otro contra el decreto que autorizó aumentos en los mismos servicios desde el 1 de este mes.

• Posición

Mondino sostiene que el gobierno debe renegociar los contratos, según lo exige la Ley de Emergencia Pública, antes de autorizar subas de tarifas y critica fuertemente al Ministerio de Economía por no haber avanzado en ese sentido, luego de trascurrido un año desde que se formó la primera comisión renegociadora.

Con las privatizadas, el primer encuentro de la delegación será a nivel global a través de ADESPA. Mañana tendrá también encuentros con ADEERA (Asociación de Distribuidores Eléctricos de la República Argentina), que preside Fernando Ponasso de Edenor, y con ADIGAS, entidad que encabeza Antoni Peris de Gas Natural BAN.

Podría haber también reuniones con Aguas Argentinas y con las empresas telefónicas, aunque, en este último caso, la entrevista se canalizaría a través de Cicomra, la cámara que agrupa a empresas de telecomunicaciones e informática.

En cuanto a la comisión renegociadora, sólo podrá exhibir el modelo de trabajo esbozado en febrero del año pasado, que tuvo sucesivas prórrogas, e informes sólo sobre las empresas eléctricas, de gas y Aguas Argentinas.

La comisión, por lo menos por lo que se ve en su sitio en Internet, no avanzó en el análisis económico de otras privatizaciones, aunque elevó a consulta pública una propuesta para subir los peajes en los accesos a Buenos Aires, y extender de 40 a 92 meses las concesiones de las rutas nacionales por peaje, cuyos contratos vencen este año.

En lo que se refiere a gas y electricidad, la comisión sostuvo que «el comportamiento de las empresas se ha desarrollado en el marco de las pautas del contrato» y que las concesionarias «no incurrieron en incumplimientos tales que puedan aplicarse algunas de las causales de rescisión previstas en los contratos o licencias». De esa situación, exceptuó sólo a Gas NEA.

La comisión también indicó sobre las privatizadas de gas y luz, «las modificaciones de fondo al contrato se realizarán en una etapa posterior a la actual». Añadió que «en la etapa actual de emergencia, sólo están dadas las condiciones para efectuar modificaciones transitorias a los contratos, de modo que permitan la continuidad del servicio en condiciones de calidad y seguridad».

En cambio, la comisión renegociadora advirtió «incumplimientos» en el contrato de Aguas Argentinas y cuestionó «las sucesivas negociaciones que lo afectaron». Indicó que «sería prematuro tomar decisiones de largo plazo en esta instancia», pero dijo que es «imperativo tomar medidas que, integradas al proceso de renegociación, aseguren la continuidad y regularidad del servicio durante la emergencia».

En el informe también se planteó que el ROE (Rentabilidad del Patrimonio Neto) es notoriamente superior en Aguas Argentinas (20%) frente a las empresas de luz y gas, y también en comparación con la inversión extranjera privada no financiera.

La comisión atribuyó esa situación a «la escasa inversión inicial de capital propio», no exigida por el pliego de la licitación, y a que las inversiones «fueron financiadas fundamentalmente con endeudamiento externo a costos inferiores a la rentabilidad del capital invertido en el negocio, «lo que apalancó el ROE, pero generó un alto riesgo financiero, con índices de endeudamiento que llegaron a 2,7%, muy superiores a lo normal». También sostuvo que, «de haberse financiado con capital propio, el ROE hubiese sido inferior, acercándose a la media sectorial, y la exposición financiera actual sería prácticamente nula».

Se entiende que la misión del BM-FMI tomará nota de estos informes y de las consideraciones de las empresas y, posteriormente, emitirá un informe, en el que se consideraría un sendero para recuperar gradualmente las tarifas de las privatizadas.