El Gobierno bonaerense oficializó la reglamentación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal y definió cómo se distribuirán los recursos entre distritos, con un esquema atado al endeudamiento y nuevas líneas de financiamiento sectorial.
La medida fue formalizada a través del decreto 358/2026 publicado en el Boletín Oficial bonaerense.
El gobierno de Axel Kicillof reglamentó este lunes el funcionamiento del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (Fefim), una herramienta incluida en el Presupuesto 2026 que apunta a asistir a los municipios en un contexto de caída de recursos y tensiones con la Nación.
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La medida fue formalizada a través del decreto 358/2026 publicado en el Boletín Oficial del distrito y establece los mecanismos de distribución del fondo creado por la Ley 15.561, que se nutrirá automáticamente con el equivalente al 8% de los recursos obtenidos por operaciones de deuda del Gobierno provincial. Además, fija un piso garantizado de $250.000 millones para los ejercicios 2026 y 2027, en caso de que ese porcentaje resulte insuficiente.
Según se desprende de los fundamentos, el objetivo del fondo es “regularizar atrasos de tesorería o financiar proyectos y programas sociales, ambientales o de inversión” en los municipios, en un escenario marcado por restricciones financieras.
El esquema prevé que el 70% de los recursos se distribuya entre los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante se canalizará a través de programas provinciales específicos.
En ese marco, el decreto crea tres nuevas herramientas: el Programa de Transporte y Acceso Territorial, bajo la órbita del Ministerio de Transporte; el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, en el ámbito del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos; y el Programa Cultura y Territorio, que dependerá del Instituto Cultural bonaerense.
Un punto central es que los municipios deberán adherir a uno solo de estos programas, con el objetivo de “asegurar la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos”, según se detalla en los considerandos. A su vez, cada organismo será autoridad de aplicación y podrá dictar normas complementarias para su implementación.
El decreto también establece que estos programas quedarán exceptuados del régimen general de subsidios, aunque los municipios deberán rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas, lo que busca sostener los criterios de control sobre el uso de fondos públicos.
La reglamentación se apoya en la necesidad de garantizar “regularidad financiera, legalidad, economía, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos”, en línea con la normativa vigente para el sector público provincial.
La decisión se inscribe en un contexto de fuerte presión sobre las finanzas bonaerenses. Días atrás, Kicillof había reunido a más de 60 intendentes y advirtió que “las finanzas municipales y provinciales están atravesando una crisis” por la caída de la recaudación y los recortes nacionales.
En ese encuentro, el mandatario también prometió que coparticipará parte de los fondos que la Provincia logre recuperar en sus demandas contra el Estado nacional, al tiempo que ratificó que el Fefim comenzaría a ejecutarse con un primer desembolso previsto para el 30 de abril.
Según el diagnóstico presentado por el ministro de Economía, Pablo López, la Provincia acumula pérdidas millonarias por recortes y caída de ingresos, con impacto directo en los municipios, que ya registran una fuerte merma en la coparticipación.
En ese escenario, el nuevo esquema reglamentado busca sostener la inversión local y garantizar el funcionamiento de los distritos, en medio de un deterioro económico que, según el Gobierno bonaerense, “no hay posibilidades de revertir si no se modifica el plan económico nacional”.
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