El gobierno trató de explicar decreto a FMI

Eduardo Duhalde firmó anoche el decreto que dispone un sistema de mediación extra-judicial voluntario y gratuito entre acreedores y deudores hipotecarios en condición de ser ejecutados. A pesar de las advertencias de Roberto Lavagna durante la tarde, cuando declaró no estar de acuerdo en intervenir en la relación entre deudores y acreedores por haberse terminado la «emergencia económica», el gobierno decidió avanzar con la idea. El ministro se manejó durante la tarde con las advertencias y preguntas que le llegaban desde Washington, donde los funcionarios allegados al FMI se preguntaban si el país estaba al borde de romper uno de los puntos firmados en la carta de intención: bajo ningún concepto emitir medidas que obstruyeran el derecho de los acreedores de cobrar a través de la Justicia.

«El gobierno no debe lanzar ninguna medida de carácter forzado. Ahora hay que ir a un sistema normal como en cualquier otro país del mundo, donde las relaciones entre deudor y acreedor son privadas y hay que respetarlas», dijo Lavagna. «Sería bárbaro que los privados se arreglen entre sí. Si el Estado no se tiene que meter sería estupendo.» Lavagna, por estar en viaje a Washington finalmente no firmó la norma.

• Destino

De todas formas, el esquema de mediación lanzado por el gobierno para todos los deudores dentro y fuera del sistema financiero no tendrá demasiada aplicación práctica. Por el contrario, parece otra medida destinada sólo a calmar las protestas de deudores, eludiendo decirles la verdad de la situación:

• En primer lugar, el sistema será voluntario, aunque se mantiene la duda sobre el carácter definitivo que se le dará en la reglamentación, ya que puede interpretarse como voluntaria la potestad de deudores y acreedores de pedir la mediación o que lo sea la decisión del juez de aceptar esos pedidos.

• El monto máximo de deuda también limita. Sólo podrán pedir mediación quienes mantengan deudas en situación de ejecución por un monto que no supere los u$s 50.000 en origen y que presenten un plan de pagos factible.

• Otra fuerte restricción impuesta es que, para beneficiarse del sistema, los deudores deberán haber cancelado como mínimo 20% de lo adeudado. Esta cláusula será restrictiva para los deudores. En el caso de los préstamos hipotecarios tomados ante un banco, en promedio quienes hayan tomado en los últimos años préstamos a 5 o 7 años podrían cumplir con esta exigencia, pero será más difícil para quienes mantengan deudas tomadas entre 10 y 20 años.

• El decreto crea la instancia de mediación con el nombre de Unidades de Emergencias Legales, que funcionarán en el Ministerio del Trabajo para atender trámites de personas físicas, y en el de la Producción, para atender los de micro, pequeñas y medianas empresas.

• «El procedimiento de conciliación creado por este decreto en ningún caso significará la suspensión ni interrupción de los plazos procesales, en la instancia judicial o extra-judicial de ejecución», fija el artículo 3°.

• La mediación no podrá durar más de 90 días corridos «debiendo fijarse la primera reunión a la que habrán de concurrir las partes dentro de los 15 días corridos a partir de que alguna de éstas inste la apertura del procedimiento», dice el artículo 2º.

• Chequeo

El Congreso esperaba anoche la comunicación oficial del decreto del Presidente para decidir si avanzarán o no en otra solución alternativa. Parte de la mesa de conducción del bloque de diputados del PJ se encontró ayer con Alfredo Atanasof para chequear la agenda legislativa del verano y revisar el borrador del decreto de mediación. En ese momento, todos acordaron aceptar la propuesta siempre que se ratifique el articulado en el decreto final. En el Senado, la postura es algo distinta. El bloque justicialista analizará hoy el decreto y recién allí darán un veredicto.

De todas formas, el Congreso no podrá hacer nada hasta el 1 de marzo, cuando se inicie el período ordinario de sesiones y los legisladores puedan tratar los proyectos presentados por ellos mismos y no sólo los enviados por el Ejecutivo.

La mesa directiva del bloque del Senado, que encabeza Miguel Angel Pichetto, se reunirá desde el mediodía para estudiar el mecanismo administrativo que diseñó el gobierno para conciliar las posiciones entre ambas partes.

• Dos unidades

La idea del gobierno es crear dos unidades de emergencias legales en los ámbitos de los ministerios de Trabajo y de la Producción, que tendrán la misión de asumir la función de mediadores entre los acreedores y los deudores al borde de la ejecución.

Pichetto ratificó ayer que hoy se reunirá la conducción de esa bancada para analizar la propuesta del gobierno y la posición que tienen sobre la cuestión diversos sectores productivos.

El chubutense Marcelo Quinle ya manifestó su oposición a una mediación voluntaria e insistió en la necesidad de sancionar un proyecto que establezca «una instancia de conciliación, que posibilite al deudor, en cualquier estado del proceso, solicitar la mediación judicial».