El Gobierno nacional volvió a reclamar al Poder Judicial un mayor impulso en la investigación y el castigo de los delitos económicos y financieros.
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"El gran problema endémico de la Argentina: la fuga de capitales y la evasión fiscal e impositiva", aseveró el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matinal.
"Existen cálculos de activos financieros argentinos en el exterior por una cifra cercana a u$s 200.000 millones, que tiene un gran impacto en la recaudación fiscal", evaluó el funcionario.
En esa línea, Capitanich se quejó de que existe un "doble mensaje" en algunos sectores, donde "por un lado se reclaman políticas públicas y de carácter social, y se protestas cuando un Gobierno tiene medidas progresistas y de redistribución del ingreso, y no se quejan cuando hay la justicia no investigan las medidas de carácter fiscal".
"Ante la acción deliberada de fiscales y jueces, nunca no observamos que haya independencia de las corporaciones, ni tampoco denuncian a las corporaciones que presionan", enfatizó el jefe de ministro al señalar a los funcionarios judiciales. "Tienen asumir una responsabilidad política con el país, que es defender el funcionamiento del Estado, que implica castigar severamente a la evasión fiscal y la fuga de capitales. Ese es el gran problema", les machacó..
En ese marco, reiteró que en la Argentina "nadie quiere asumir la investigación profunda" del ocultamiento de las cuentas del HSBC en Suiza y recordó que duermen en las bóvedas del Banco Central más de 27.000 expedientes con infracciones a la ley cambiaria con consecuencia penal. "Es absolutamente importante que los delitos económicos, que son nefastos para el funcionamiento de la sociedad argentina, deban ser debidamente investigados", exhortó.
"Escucho a analistas, economistas y políticos decir que esto se debe a la falta de funcionamiento de las instituciones y es una burda vulgar mentira. En la Argentina existe el pleno funcionamiento el sistema republicano y federal, pero no existe la penalización estas conductas antirrepublicanas y antidemocráticas, que perjudican al funcionamiento de la sociedad argentina", remarcó.
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