El grupo Techint ahora desembarca en Yacyretá
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La asociación de Techint con la italiana Impregilo, responsable de la construcción de la represa de Yacyretá, se suma a la presión que hace ese grupo por la construcción del demorado gasoducto a Bolivia.
La EBY además recusó ante la Corte de París a los tres árbitros que habían sido designados por las partes por haber ignorado los reclamos de la Argentina y el Paraguay. Como consecuencia de esa recusación renunció al cargo el árbitro argentino, el embajador Julio Barberis. El árbitro designado por Eriday, el ex embajador Emilio Cárdenas, ya fue reemplazado por el brasileño Carlos Enrique de Carvalho Fróes. Hasta ahora la Corte de París ha sostenido en su cargo al tercer árbitro, el colombiano Ernesto Gamboa Morales.
La asociación de Techint con Impregilo, una empresa que fue del grupo Fiat, que aún conserva parte del Acceso Norte y que se vio involucrada en un escándalo contable similar al de (por caso) Enron, a través de la controlante Gemina puede acelerar la solución de este litigio que si persiste en el tiempo puede inhabilitar a la empresa para participar de la nueva etapa de la obra. Se trata de llevar la altura de la represa a la cota 83, una obra clave para aumentar la capacidad de producción de energía. Esa obra tiene un presupuesto calculado en u$s 650 millones y tiene que licitarse en los próximos meses. Si la Eriday insiste en una pelea arbitral puede quedarse (por la inhabilitación de quien litiga) fuera de esa obra que será la más importante del país después del gasoducto que unirá al país con Bolivia, un emprendimiento calculado en u$s 1.000 millones y que tiene como principal interesado al grupo Techint.
• Efectos
Si se mira la asociación de la familia Rocca (controlante de Techint) con la Impregilo desde el ángulo de Yacyretá puede pensarse que se está comprando un pleito que tiene pocas posibilidades de ganar, con el agravante de que luego de haber construido la obra puede quedarse afuera de la etapa final de terminación a cota 83. Mirado, en cambio, desde un ángulo global, tiene sentido en sí misma porque Impregilo es el principal constructor de autopistas por peaje de Europa con ganancias netas, según analistas de la agencia «Bloomberg» por 41.000 millones de euros en 2004.
Para entender los efectos en la Argentina de esta operación debe recordarse que el empresario mexicano Carlos Slim es uno de los interesados en presentarse a la licitación para la terminación de la obra. Slim es socio en la Argentina con Techint en la empresa de telefonía Techtel. Cuando se entrevistó con Néstor Kirchner en abril pasado, Slim salió de Casa de Gobierno explicando que estaba interesado en la obra de Yacyretá, pero que debía estudiar los números. En esa reunión se presumió la presencia junto a Slim del propio Paolo Rocca, quien se ocupó de desmentir la versión.
Este diario conversó sobre el interés de Slim sobre Yacyretá a un año de aquella reunión con un vocero informal del mexicano, quien respondió: «Slim sobre Yacyretá sigue siendo apenas un observador».
Que Techint ponga a Yacyretá en la mira tiene sentido, además, en el marco de sus intereses en la cuenca energética de la región, adonde impulsa la construcción de un gasoducto para traer combustible desde Bolivia a sus plantas de producción de acero en el litoral de la Argentina.
Con la asunción del actual gobierno ese proyecto se redondeó en los u$s 1.000 millones, de los cuales el gobierno argentino pondría unos u$s 200 millones y el resto lo invertiría la empresa por el régimen de concesión de obra pública -es decir, construir a cambio de explotar la obra durante un lapso determinado hasta el repago.
• Concesión directa
Esa concesión se planeó originariamente como una concesión directa, sin licitación, amparada en la ley de hidrocarburos, que permite ese tipo de obras a los grandes usuarios de energía.
Las presunciones de falta de transparencia motivaron que la ley que salió del Congreso autorizando la obra determinaron que se haga por el régimen común de obras públicas, es decir, por licitación.
Esa licitación está demorada a la espera de que en Bolivia el Senado apruebe la nueva ley de hidrocarburos, clave para determinar el precio que tendrá el gas a transportar y redactar los pliegos correspondientes.
Esa situación será el tema de la reunión que mantendrá el próximo 20 de abril en La Paz el ministro Julio De Vido y una comitiva de funcionarios y legisladores que se entrevistarán con el presidente Carlos Mesa y otros funcionarios bolivianos.




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