El punto final

Desde el momento en que el sistema bancario entró en terapia intensiva, se superpusieron dos recetas antagónicas: un arreglo integral donde el costo era a compartir entre depositantes, deudores, bancos y Estado; o una solución de carácter más «política» donde un Estado en default se hacía cargo a costa de emitir más deuda pública. Ante el alto costo político posdevaluación de pesificar 1 a 1 los depósitos, vino la pesificación asimétrica, una mezcla forzada de préstamos 1 a 1 y depósitos 1,4 a 1 con cláusula de actualización. El Estado salió a cubrir la diferencia que cuesta u$s 9.000 millones más de deuda. Sin embargo, la pesificación asimétrica quedó a medio camino y arrancó un proceso iterativo sin final cierto. Primero, la Justicia interpuso los amparos, que despesifican depósitos porque se liquidan al tipo de cambio de mercado. Segundo, el gobierno giró desde una «pesificación asimétrica» hasta una «despesificación asimétrica»: ofreció dolarizar voluntariamente los depósitos vía BODEN y dejó pesificados 1 a 1 los préstamos, con el consiguiente costo fiscal adicional para el Estado.

El eventual fallo de la Corte sería el último eslabón de la cadena iterativa despesificadora y vendría a dar «cristiana sepultura» al tema en cuestión, después de un velorio que duró once meses. Ya a principios de febrero, el Tribunal había fallado en contra porque se vulneró el patrimonio del ahorrista y se incumplió la ley de intangibilidad de los depósitos. Visto con ojos exclusivamente profesionales (no como ahorrista afectado ni como banco descapitalizado), a esta altura lo menos insano para la macroeconomía sería la despesificación del stock remanente de CEDRO (en torno de u$s 11.000 millones, equivalentes a $ 15.000 millones a la paridad $ 1,4 por dólar). Este camino no haría otra cosa que dar continuidad a la actual estrategia despesificadora del gobierno. Por eso, es poco entendible presentar en sociedad que un eventual fallo en ese sentido sea algo diferente de lo que ya se está haciendo. El gobierno quedaría privado de «explotar», como ha hecho hasta ahora, que se trata de movimientos estrictamente voluntarios. Pero era obvio que en un momento «residual» iba a llegar la hora de la verdad. Sería obligatorio y podría dejar en manos del Estado y/o los bancos la forma y los plazos de devolución de los depósitos (siempre dentro de la «razonabilidad» jurídica, al estilo del fallo sobre la devolución de 13% de los salarios de los empleados públicos).

Este nuevo esquema haría que los bancos continuarían teniendo pasivos en pesos y los depositantes reciban la diferencia en dólares del gobierno. El Estado tendría que colocar un nuevo bono por alrededor de u$s 7.500/u$s 8.000 millones. Pero esto no sería otra cosa que blanquear el costo fiscal del proceso iterativo e inconcluso del canje por BODEN. Con el tiempo, el esfuerzo fiscal será mayor o menor en función de la evolución del tipo de cambio real. Pero del futuro del tipo de cambio real dependen montones de cosas en la Argentina. El escenario hipotético de una despesificación retroactiva de los depósitos que abarque a los CEDRO remanentes y a los depósitos pesificados que fueron o no «gastados» sería una salida complicadísima e inviable. Además, resultaría muy costosa fiscalmente; más del doble que la despesificación acotada. La dolarización de los préstamos luce política y económicamente imposible; generaría alta tensión social y el grado de incobrabilidad crecería en forma exponencial. En conclusión, se fue de Buenos Aires a Mar del Plata pasando primero por Córdoba, Salta y Mendoza. Si se hubiera ido directamente por la Ruta 2, se hubieran ahorrado recursos y tiempo. Lo que empezó siendo una pesificación asimétrica forzada por la miopía política terminó en una despesificación esquizofrénica que nadie quiere pero todos generaron.