El rol del estado en el crecimiento industrial y el incentivo para las pymes

Por Lic. Santiago Fraschina (coordinador nacional de la RED COMPRAR)

No es casual que el Ministro de Economía haya realizado el anuncio de medidas destinadas a las pequeñas y medianas empresas luego del discurso que brindó la Presidente Cristina de Kirchner en la cena correspondiente al 128° aniversario de la Unión Industrial Argentina. En sintonía con los postulados esgrimidos en el discurso presidencial -que tuvo la virtud de presentar datos sobre el balance positivo del sector industrial durante los últimos doce años-, volvió a dar muestras del interés del Estado Nacional de brindar apoyo no sólo a las empresas más importantes del país, sino a todos los actores de la economía con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas con el impacto que esto produce en el nivel de actividad y empleo.

Un tema central para las pymes es el financiamiento para inversiones. Los instrumentos financieros más accesibles para las empresas es la compraventa de cheques diferidos y pagarés, en donde los tenedores de estos documentos los pueden vender en la bolsa, tasa de descuento mediante, y el comprador se encargará de cobrarlos. Así, entre las medidas anunciadas por el titular del palacio de hacienda se destaca que se presentará un nuevo formato de pagaré, se favorecerá la negociación de los cheques de pago diferido, se incrementará el cupo en los Fondos Comunes de Inversión (FCI), esto es, volcar al menos un 2,5% de estos fondos en pymes, entre otras medidas.

A estas determinaciones se les suma la creación de una Defensoría Pyme, que tratará los temas que más las aquejan, producto de las asimetrías que existen entre productores, proveedores, comercializadores, y representará a sectores que hoy en día no cuentan con cámaras empresariales de peso. Por otra parte, el sector contará con la ayuda de un organismo gestionado desde el Estado que asesorará a las empresas en los trámites necesarios para ingresar al Mercado de Capitales. De esta manera, el Estado viene a solucionar las trabas que impedían el ingreso de las pequeñas compañías a un financiamiento más económico (y menos riesgoso) que el de un crédito bancario.

Todas estas medidas se enmarcan en el interés del Estado Nacional en fortalecer al sector de la Pequeña y mediana Industria como lo viene realizando la Secretaría de Comercio a través de la Red Federal de Comercios de Proximidad (Red Com.Pr.AR) orientada a la pequeña empresa, cooperativa y/o al pequeño comerciante. Así, las medidas anunciadas se complementarán de modo positivo con el trabajo que se viene realizando con las casi 200 PYMES adheridas a la Red Comprar y que en conjunto ofrecen una canasta de más de 1.200 productos en las diferentes regiones del país.

Además, debemos destacar la importancia de incluir en nuevos canales de comercialización a los productos regionales; esto es la reserva de góndolas especiales en las grandes cadenas de supermercados para productos de pequeñas y medianas empresas identificados particularmente.

Esto se suma al acceso prioritario que tienen las pymes a las góndolas de las diferentes sedes del Súper Mercado Central de la Red Comprar de Mendoza, Chaco y San Luis; y que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires restringe esta herramienta para las pymes al impedir la apertura de la sede ya lista para inaugurarse en el barrio de Colegiales.

En estos supermercados de gestión pública el beneficio no es solo para las cooperativas, empresas familiares, y pymes, sino para el conjunto de los consumidores que pueden gozar de un ahorro promedio del 30%. A modo de ejemplo, la diferencia en los precios - en comparación con los supermercados privados - es significativa: en productos de almacén el ahorro es del 33%, en azúcar es de 32%, en bebidas es de 29%, en perfumería y limpieza es de 26%, por nombrar los rubros de consumo familiar relevante.

Si tenemos en cuenta que las pymes representan la generación del 44% del PBI, y más importante aún, abarcan a la mayoría de los trabajadores del país, se comprende cuál es el objetivo principal del conjunto de políticas públicas destinadas al sector. Queda claro entonces que el proyecto que lleva adelante el Gobierno nacional tiene como objetivo el impulso a la economía real, y para ello facilita el acceso de las pequeñas empresas a las herramientas financieras y a nuevos canales de comercialización.