Empresas invierten y sólo el Estado gana (el modelo Evo)

Economía

La Paz (EFE) - Los nuevos contratos propuestos en Bolivia a las petroleras establecen que operarán bajo control de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que los equipos e instalaciones adquiridos para sus operaciones pasarán al Estado y que los arbitrajes en caso de controversia serán locales, informó ayer el diario «La Prensa».

Además, las multinacionales asumirán todos los riesgos del negocio, renunciarán a hacer reclamaciones por vía diplomática y podrán ser auditadas por el gobierno cuando éste quiera, por medio de YPFB.

«La Prensa» publicó un modelo del contrato propuesto por el gobierno del presidente Evo Morales a la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF, la franco-belga Total-FinaElf y otras multinacionales, que tienen hasta el sábado próximo para aceptar las nuevas reglas o abandonar el país.

Morales reiteró el lunes que se mantendrá invariable ese plazo de 180 días, definido en el decreto de nacionalización de los hidrocarburos que emitió en mayo pasado.

La propuesta de nuevo contrato fija que todos los bienes adquiridos por las compañías para encarar la producción «pasarán de forma automática a YPFB, sin cargo alguno».

Las empresas petroleras tendrán derecho de uso, sin cargo alguno, de esos equipos, pero no podrán destinarlos a un objeto distinto al de su contrato.

Lo mismo ocurrirá con todas las instalaciones construidas en las áreas del respectivo contrato, que «serán en todo momento de propiedad de YPFB», según la cláusula 10 del modelo publicado por el diario paceño.

  • Controversias

    En La Paz, sede del gobierno boliviano, se resolverán las controversias arbitrales, con base en la Constitución de Bolivia y en idioma español, a diferencia de los convenios todavía vigentes, que fijan arbitrajes en tribunales internacionales.

    Asimismo, se establece que las partes, al firmar el contrato, «renuncian expresamente a formular cualquier reclamo por la vía diplomática».

    La propiedad del gas y del petróleo es del Estado y no de las empresas, que «no tienen derecho sobre los hidrocarburos producidos como lo tenían antes», señala el periódico.

    La recuperación del control estatal de los hidrocarburos estaba prevista en la ley petrolera de 2005 y en el decreto nacionalizador de mayo pasado.

    YPFB pagará una retribución trimestral a las empresas por los servicios de exploración y producción. El pago será calculado previa auditoría.

    De la misma forma, YPFB se hará cargo de transferir al Estado el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (32%) y las regalías (18%), que, en la actualidad, pagaban directamente las empresas petroleras al tesoro nacional, a los gobiernos departamentales y a otras instancias.

    Las empresas estarán obligadas a mantener cuentas en entidades bancarias bolivianas para sus gastos corrientes y dejar en sus oficinas locales los libros contables, de ingresos, y de volumen y valor de los hidrocarburos de los últimos cinco años.

    Según el diario, el tiempo de concesión es negociable entre las partes, a diferencia de los contratos actuales, firmados en 1996, que fijaban un plazo de 40 años.

    El nuevo modelo de contrato también establece que las empresas no podrán ceder o transferir, total ni parcialmente, ese contrato o sus derechos u obligaciones derivadas de éste, sin el consentimiento de YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos.

    Las compañías deben pedir la aprobación de YPFB para sus programas de presupuesto para perforar pozos y entregar informes diarios de perforación y documentación semanal y mensual sobre la operación en los campos.

    Los contratos se darán por terminados por incumplimientos en las tareas de exploración, de planes de desarrollo, de pagos por patentes a YPFB, de tributos o interrupción de producción no justificada, entre otras causas.

    El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, encabeza el equipo negociador de Bolivia que se ha reunido en los últimos días con ejecutivos de Repsol YPF, Petrobras, Total-FinaElf y otras petroleras para negociar ese modelo de contrato.
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