En Brasil, Mer dijo que Lula debe respetar los contratos firmados

Los reclamos de Francia por las tarifas de las empresas de servicios públicos no alcanzan sólo a la Argentina.

Antes de visitar el país, el país el ministro francés de Economía, Finanzas e Industria, Francis Mer, pasó por Brasil, donde también dejó sentir la molestia de su gobierno por lo que considera falta de respeto a los contratos oportunamente firmados.

Mer -quien se entrevistó en ese país con los ministros de Hacienda, Antonio Palocci; Desarrollo, Luiz Furlan, y Planificación, Guido Mantega, y con el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles-dijo ayer antes de partir que «si pudiera» aconsejaría al gobierno brasileño que mantenga «un diálogo transparente con los inversores extranjeros».

Al cabo de una visita de dos días, Mer advirtió -según la agencia noticiosa «EFE»que «Brasil debe garantizar a los inversores extranjeros que todos los contratos serán respetados».

•Inversiones

Francia es, con 1.800 millones de dólares invertidos en año pasado, el tercer mayor inversor extranjero en Brasil y casi todos sus grandes grupos empresariales tienen presencia en ese país, que en 2002 captó 12 por ciento del total de sus inversiones externas.

Por un lado, el gobierno francés ve con inquietud la iniciativa del gobierno de Luis Inácio Lula Da Silva de inducir una rebaja de las tarifas eléctricas, sector en el que tiene fuertes intereses la empresa Eléctricité de France (EDF).

Pero las diferencias más importantes se dan en el sector de las comunicaciones, donde France Telecom -junto con Telefónica de Españafue uno de los mayores protagonistas extranjeros de las privatizaciones de 1998.

En este momento el ajuste de tarifas pautado por contrato para julio se encuentra bloqueado en la Justicia. Según esos contratos, el ajuste se hace anualmente, cada julio, siguiendo el Indice General de Precios elaborado por un organismo privado, la Fundación Getulio Vargas.

El problema es que ese índice tiene en su composición una ponderación muy fuerte de bienes transables, con lo cual una modificación brusca del tipo de cambio -como la que ocurrió en el segundo semestre del año pasado debido a la incertidumbre de la campaña electoral-da lugar a un índice muy superior a los oficiales.

Así, avaladas por el ente regulador del sector, las empresas impusieron una suba de tarifas promedio de 28,75 por ciento, pero que superó 40 por ciento en algunos servicios. Alegando que no es razonable que el ajuste que base en un indicador privado y que ese promedio superó largamente el índice de inflación oficial (elaborado por el Instituto Brasileño de geografía y Estadística, IBGE), el gobierno se presentó a la Justicia. En un fallo temporal, el Supremo Tribunal Federal (corte suprema) autorizó una suba de sólo 17,24 por ciento promedio y envió el tema a un tribunal inferior. Sin embargo, se descuenta que la puja volverá al STF.

Mientras, el ministro de Comunicaciones, Miro Teixeira-un nacionalista de izquierda ligado en su momento al cacique carioca Leonel Brizola-ya anunció que en 2006, cuando venzan esas cláusulas contractuales de ajuste, no se deberían autorizar nuevas subas de tarifas y que las empresas del sector deberán competir libremente.