El gobierno entró ya en la recta final para el envío al Congreso del proyecto de ley que modificará el actual régimen de responsabilidades en materia de riesgos del trabajo. Después de casi un año de dilaciones y negociaciones, Néstor Kirchner enviará en 48 horas esa iniciativa al Senado, donde el gobierno tiene garantizado el número suficiente no sólo para aprobar la ley, sino para asegurarse de que en Diputados no pueda haber cambios.
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El proyecto que llegará al Senado ratifica la reforma que el Ministerio de Trabajo acordó tanto con sindicatos como con empresarios. Se habilitará una «doble vía excluyente» por la que el trabajador accidentado o sus herederos, en caso de muerte, podrán optar entre recibir la indemnización por el daño de una aseguradora de riesgos del trabajo o recurrir a la Justicia, pero al recurrir a alguna de las dos vías renunciará automáticamente a la otra.
Además de otras modificaciones, ésta es la solución a la que pudo llegar el gobierno para dar previsibilidad a un sistema que se había vuelto riesgoso para las empresas al habilitar los jueces la vía de la responsabilidad civil en los casos de accidentes, multiplicando por tres al mismo tiempo la cantidad de causas en los últimos tres años.
Para conseguir este efecto, la nueva ley no sólo da la opción a los trabajadores, sino que establece mejoras sensibles en las indemnizaciones por accidentes de trabajo, de manera que aceptar el pago de la ART sea de alguna forma «competitivo» con la reparación que puede obtenerse en la vía judicial. En la actualidad, las indemnizaciones judiciales son muy superiores a lo que ofrece una ART al damnificado.
Ayer, Héctor Recalde, abogado laboralista de la CGT y además presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, celebró el envío del proyecto al Congreso: «Es muy auspicioso que salgamos de una norma que nació en plena época de flexibilización laboral y que ya tiene varias inconstitucionalidades decretadas por la Corte Suprema. Lo que quiero es que haya una ley que haga innecesaria la intervención judicial, no que la prohíba. Y para ello es necesario una buena ley».
Recalde aprovechó para atacar el sistema que vigente desde el gobierno de Carlos Menem: «Las aseguradoras han hecho un brillante negocio, ya que abonaron mucho menos de lo que originalmente habían previsto las mismas empresas».
De todas formas, la discusión no se iniciará en la comisión de Recalde, sino en el Senado. Allí, con los dos tercios de los votos de los senadores presentes, el gobierno se podrá garantizar la votación del proyecto tal como fue acordado por Carlos Tomada.
