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En cambio, Roberto Echandi, director del Centro de Inversión y Comercio de Costa Rica (Academia de Centroamérica), indicó a este diario que «la eliminación del SGP es absolutamente una decisión política». El abogado y promotor del libre comercio en la región relativizó igualmente la percepción argentina de ser castigada por EE.UU. «América latina debe saber que no está en el centro de la escena como creen. A Estados Unidos le preocupa mucho más otros temas que la inclusión de Hugo Chávez al Mercosur. Si hay un castigo de Washington, será seguramente por la crisis en la Ronda de Doha y estará dirigido principalmente a países como India o Brasil, que tienen gran peso en estas negociaciones.»
Para Echandi, la consecuencia que tendrá la eliminación del SGP es que no se avanzará tampoco en tratados de libre comercio como está negociando EE.UU con otros países latinoamericanos.
Medvedev agregó que ante la decisión unilateral de EE.UU. de otorgar o quitar ventajas arancelarias, la Argentina tiene posibilidades de negociación porque tiene una voz importante dentro del comercio internacional «por su propio peso pero también porque sus políticas están alineadas con las de Brasil, que es un país muy poderoso. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos trabajó mucho en las relaciones multilaterales, pero no logró avanzar y entonces planteó acuerdos bilaterales. Ahora la Argentina podría hacer lobby para sentarse a negociar la vuelta de preferencias arancelarias bajo alguna otra condición».
Un dato importante en este tema se mencionó ayer en voz baja en la reunión. Mientras en Buenos Aires se espera la llegada del nuevo embajador estadounidense, aquí se recuerda lo que sucedió a mediados de 2003, cuando el gobierno norteamericano anunció que se ofrecería una nueva lista de productos argentinos que podrán ingresar sin aranceles a su mercado por medio del SGP. Quien hizo el anuncio en ese momento fue justamente el entonces secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos, Earl Anthony Wayne (el futuro embajador en la Argentina). ¿Podrá ahora el funcionario interceder en favor del país?



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