Es fuerte pero viable la propuesta económica de la Alianza
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• APORTE DE LAS AFJP AL TESORO NACIONAL
Las AFJP deberán realizar un aporte al Tesoro nacional por seis meses, equivalente a 25 por ciento de las comisiones que cobran sobre los aportes jubilatorios de los afiliados.
• REPSOL PUEDE PAGAR $ 100 MILLONES
Repsol tiene una deuda con el Tesoro nacional en discusión en el área judicial por 100 millones de pesos. Consideramos apropiado que la Secretaría de Defensa de la Competencia aplique el principio jurídico de «solve et repete», sin impedir obviamente, el recurso legal de la empresa de apelar, si lo considera conveniente, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.
El secretario de Defensa de la Competencia, Carlos Winograd, quien debió tomar cartas en este asunto, respondió, meses atrás a una consulta de este diario, que «media biblioteca considera que la multa es exigible y la otra media considera lo contrario». O sea, se puso a favor de la empresa. En la propuesta de la Alianza se toma como sentencia firme el fallo de la Cámara y esto no podría dejar de ser acatado por la empresa, porque no es creíble que en las actuales circunstancias la Corte salga a resolver la «queja» de la petrolera. La Corte Suprema con acelerar el tema (¿15 días? ayudaría a aflojar el ajuste. El plan de la Alianza tiene razón en esto. Repsol antes que pagar los 100 millones prefiere adelantar 150 de impuestos. Claro, estos se recuperan, la multa no.
• AUMENTO DE APORTES EN SERVICIOS
Se aumentan por un año los aportes patronales del sector servicios (excluidas las PyMEs, de acuerdo con la definición de la ley respectiva). Este aumento de aproximadamente 4 puntos permite una recaudación de 500 millones en el segundo semestre del año.
La propuesta incluye a las empresas privatizadas, entidades financieras, administradoras de fondos de pensión e hipermercados y cadenas de supermercados. En su instrumentación, el proyecto involucra a todas las empresas que se dedican a bienes no transables.
Implica dar marcha atrás con la medida tomada recientemente por el ministro Cavallo, que llevó los aportes patronales de 19% a 21% en todo el país para el sector servicios, pero que a la vez permitió deducir esas contribuciones de lo tributado por el IVA.
En la propuesta de la Alianza, los aportes se elevan 1 punto más, a 22%, y no son deducibles de IVA por el término de un año. En el caso de los híper y supermercados, la medida podría traducirse en aumentos de precios, considerando que es una actividad que trabaja con rentabilidad negativa, aun en el caso de Carrefour, que es el que más factura en el país.
En el caso de las empresas privatizadas, éstas podrían recurrir la medida aludiendo a que los contratos de concesión les aseguran la estabilidad tributaria, de modo que cualquier cambio en los impuestos puede trasladarse a tarifas.
Sin embargo, los que elaboraron la propuesta sostienen que desde las privatizaciones hubo otros cambios impositivos como la eliminación del Impuesto a los Activos o reducciones arancelarias que no se reflejaron en una baja de las tarifas.
• NO DEVOLVER GANANCIAS
Se suspendería por lo menos hasta enero de 2002 (cuando comience el próximo ejercicio fiscal) la reducción parcial del Impuesto a las Ganancias que impulsó hace sólo un mes Domingo Cavallo para propiciar el consumo en la clase media. La Alianza, por iniciativa del Frepaso en este caso, propone suspender tanto el pago adelantado del período enero-junio como la vigencia de la reducción, por lo menos hasta el próximo año. Con esto el sector público se aseguraría un ingreso hasta fin de año de por lo menos 400 millones de pesos. Se estima que políticamente sería una de las medidas propuestas por la Alianza que mayor respaldo tendrían en momentos de crisis terminal.Además se asegura que como la rebaja dispuesta por Cavallo fue muy leve frente a la situación de diciembre del '99 cuando José Luis Machinea lanzó el impuestazo, la medida no producirá el «shock» de confianza que se esperaba, con lo cual no impulsaría un aumento del consumo considerable.
Por su parte, y al no mencionar su derogación, la posibilidad de descontar del Impuesto a las Ganancias los intereses de los créditos hipotecarios hasta 20.000 pesos continuaría vigente. Los economistas de la Alianza consideran que esta alternativa sería positiva para fomentar la reactivación y recuerdan que el primer paso en este sentido lo dio el propio Machinea al permitir deducir intereses hasta 4.000 pesos anuales. Unicamente se reclama que quede en claro que se podrá liquidar desde marzo del próximo año cuando las empresas presenten sus declaraciones juradas del ejercicio 2001.
• SUSPENDER REBAJA DE LAS NAFTAS
Suspender la reducción de 10 centavos en el impuesto a la nafta. Ello permite una economía de 200 millones en el segundo semestre.
A partir del 20 de junio pasado, se redujo de 48,65 centavos a 38 centavos (10,65 centavos por litro) el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) para las naftas. Simultáneamente, subió el ITC para el gasoil de 12 a 15 centavos y se fijó una tasa vial para este producto de 5 centavos.
Según el razonamiento del Palacio de Hacienda, como las ventas de naftas bajaron representando actualmente 27% del consumo, mientras las de gasoil equivalen a 63%, el resultado de la rebaja y aumento en el ITC para cada uno de esos productos implica una suba de ingresos de 452 millones de pesos.
La medida estuvo orientada a satisfacer el fuerte reclamo de las empresas petroleras para que se atenuara la fuerte diferencia impositiva entre la nafta y el gasoil, que estaba estimulando la transferencia de la demanda hacia los autos gasoleros. Como por cada metro cúbico de petróleo que se refina, las petroleras obtienen igual cantidad de nafta que de gasoil; la baja en el consumo de naftas y la suba en el de gasoil derivaron en que las empresas tuvieran sobrantes de naftas y, a su vez, se vieran obligadas a importar gasoil.
Si el impuesto a la nafta vuelve al nivel anterior del 20 de junio, las empresas petroleras cuestionarán la medida, pero, de hecho, no podrán tomar otras porque la política tributaria es resorte del Poder Ejecutivo y del Congreso. De todos modos, debería ser una medida transitoria, para no sostener en el tiempo la distorsión impositiva.
• ADELANTO DE IMPUESTOS PARA PRIVATIZADAS
Empresas privatizadas y bancos anticipan u$s 1.000 millones de pago de impuesto.
El proyecto busca que empresas privatizadas y bancos adelanten u$s 1.000 millones del pago del Impuesto a las Ganancias, a tasa cero, los que podrán ser utilizados como crédito fiscal a partir de 2004. En una situación de ausencia de crédito tanto local como del exterior, es razonable que las empresas privatizadas otorguen financiamiento al gobierno.
Adelantar el pago de Ganancias es similar a que estas empresas compren un bono que vence en 2004 cuando en vez de cobrar la amortización de ese bono, lo apliquen al pago de cualquier impuesto nacional.
Esta propuesta apunta a que el financiamiento surja de las empresas con alta rentabilidad en los últimos años, y el monto objetivo, u$s 1.000 millones, es alcanzable con las privatizaciones operadas en telefonía, telefonía celular, petróleo y gas, electricidad (generación y distribución), servicios de agua, bancos, entre otros.
Para no afectar la recaudación impositiva de 2004 con esos u$s 1.000 millones, podría ser mejorado este punto con la distribución en 4 años diferentes de la aplicación al pago de impuestos. Lo que sí no es aconsejable es la contribución de los bancos, ya que aportaron ya fondos en letras y bonos, y actualmente atienden el pago con absoluta normalidad de los plazos fijos de ahorristas.
PROPUESTAS PARA REACTIVAR
• CUOTAS A PYMES PARA PAGAR LUZ, GAS, AGUA Y TELEFONOS
Pago de los servicios en tres cuotas a 9% anual para PyMES y familias.
Busca que por el próximo año, los vencimientos de los servicios de gas, electricidad, teléfonos, y agua a las PyMEs y familias se paguen luego de un período de gracia de 30 días, en tres cuotas con una tasa, subsidiada, máxima de 9% anual. El problema actual de las PyMEs pasa por el brusco corte de la cadena de pagos y el despegue de las tasas de interés.
Sin más posibilidad de créditos y atrasos en las cobranzas, apuntar al pago en cuotas de servicios ayuda a compensar el delicado momento financiero de este sector. Especialmente en el sector industrial, donde el pago de servicios -electricidad fundamentalmente- constituye una de las costos más importantes de las PyMEs.
La propuesta incluye a las familias, donde también se verifica una caída en los ingresos de sus integrantes, especialmente con el aumento del desempleo de dos puntos aproximadamente el primer semestre del año. La tasa de interés de 9% anual es razonable en función del costo que debería pagarse en una Argentina con su economía estabilizada.
• ELIMINAR INDEXACION TAMBIEN EN SERVICIOS PUBLICOS
Eliminar la cláusula que autoriza a las empresas privatizadas de servicios públicos a aumentar sus precios en función de la inflación de los Estados Unidos.
Esta medida fue una de las prioridades del gobierno de Fernando de la Rúa, y las negociaciones entre el ministro Machinea y las empresas privatizadas comenzaron aun antes de la asunción. Sin embargo, esas tratativas fracasaron porque Machinea buscó llegar por la vía del acuerdo con las compañías, en cambio de utilizar el poder político del primer mes de gestión y la convicción extendida en la sociedad de que es no es justo importar inflación de los Estados Unidos, cuando internamente hay deflación.
Machinea se enredó incluso en retrasar la aplicación de los índices indexatorios en el caso de las empresas gasíferas para aplicarlos con intereses al cabo de dos años, lo que derivó en un conflicto judicial todavía no resuelto.
Con un país en extrema dificultad, el gobierno podría encontrar ahora el poder político para rever la indexación por inflación externa. Es difícil creer que ante la emergencia y el impacto que tiene el tema en el público, las empresas privatizadas entren a dar una batalla judicial en este momento.
Por otra parte, para cubrirse de eventuales juicios, el Poder Ejecutivo puede apelar a una ley del Congreso que revea la indexación en los contratos de concesión, cuando por la convertibilidad la indexación está prohibida. Una ley menos irritante para las empresas (ya hay un proyecto en Diputados) buscaría eliminar la adecuación por precios de los EE.UU. por la evolución de los costos internos, cuando éstos superen determinado tope que se fijaría en 2%.
• BAJA EN MEDICAMENTOS PARA PAMI DE 40%
Laboratorios deberán venderle al PAMI medicamentos 40 por ciento más baratos.
La Alianza propone que «como aporte excepcional de los laboratorios», éstos apliquen una reducción en el precio de las medicinas y remedios que le cobran al PAMI, no menor de 40 por ciento y por un período de seis meses. La iniciativa de la Alianza apunta a reducir el déficit operativo del organismo, que rondaría los $ 300 millones anuales. La reducción del precio de los medicamentos y la rebaja de salarios que aplicaría el gobierno podrían equilibrar el presupuesto del organismo en el segundo semestre del año.
Actualmente los precios de los medicamentos argentinos son mucho más altos que similares de mercados como el español. Por ejemplo, un anticonvulsivo cuesta en el país 1.328 por ciento más que en ese país, un analgésico de acción fuerte 680 por ciento más, un ansiolítico 350 por ciento, un antimicótico 158 por ciento más, un analgésico de acción leve 100 por ciento y un antivaricoso 471 por ciento por encima del valor de venta en España. En los antibióticos hay más dispersión, y las diferencias van de 1.200 por ciento a 561 por ciento.
Es conocido en el mercado que los principales laboratorios que operan en el país (nacionales y extranjeros) fijan los precios de los medicamentos nuevos de avance tecnológico en función del supuesto «ahorro» que le permiten al enfermo o a la obra social que lo atiende. Si un medicamento reduce, por ejemplo, en dos o tres días la internación de un paciente (un taxista que gana un jornal básico), ese «ahorro» se traslada casi totalmente al costo del remedio. Como, además, se trata de medicinas que compra el PAMI sin mayores controles de precios y a veces en posiciones oligopólicas, la reducción sería perfectamente practicable.
• DEVOLVER PARTE DE APORTES A AFJP
Se propone que los aportantes a las AFJP con un ingreso mensual no mayor a 1.200 pesos tengan la opción de que la AFJP les devuelva en efectivo el exceso de capitalización acumulado en relación con lo previsto originalmente, al diferencial entre la rentabilidad estimada al lanzarse la jubilación privada, en torno de 5 por ciento anual, con la que ya se alcanzó, que es de más de 11 por ciento anual promedio. Involucra a más de 2.700.000 aportantes y en el caso de que todos opten por recibir el excedente mencionado, se estarían liberando fondos por un monto de $ 1.700 millones. Claramente la propuesta apunta a aumentar la capacidad de gasto de las familias para reactivar el consumo. Las AFJP tienen actualmente una cartera de inversiones de más de 22.000 millones de pesos. Si tuvieran que devolver el total de fondos estimados (1.700 millones), podrían recurrir, para no malvender bonos ni acciones, a los depósitos a plazo fijo (más de 3.400 millones) y a las posiciones en fondos comunes de inversión (540 millones).
• ARANCELAR IMPORTACIONES DEVALUADAS DESDE BRASIL
Proteger la industria nacional de los problemas de competitividad por la devaluación de Brasil.
La Alianza incluye un capítulo que le permitiría a la Argentina aplicar aranceles especiales a las importaciones brasileñas «mientras dure la emergencia» y para «proteger la industria nacional». En concreto, se propone aplicar «un arancel adicional fluctuante» de acuerdo con la variación del real, para compensar a las empresas argentinas de la devaluación brasileña. La medida parece lógica si se toma en cuenta que el dólar en Brasil subió más de 8 por ciento en los primeros 15 días de julio y casi 30 por ciento en el año. De esta manera, el dólar comercial que implementó Cavallo para mejorar la paridad de los exportadores y para encarecer las ventas brasileñas quedó totalmente neutralizado por la devaluación del real. Hay que tener en cuenta que casi 30 por ciento de las exportaciones argentinas tienen como destino Brasil y que del total de importaciones que realiza la Argentina, más de 25 por ciento viene del país vecino. Además, con esta medida Cavallo logra interesantes ingresos extra: se estima que se conseguirían 50 millones de pesos mensuales (300 hasta fin de año), y sólo aumentando en 10 por ciento las posiciones arancelarias promedio.
El riesgo de esta decisión es que seguramente Brasil aplicará sanciones comerciales que afectarían a las principales exportaciones argentinas a ese país. En realidad, no sería un precio demasiado caro, ya que más de 75 por ciento de las exportaciones argentinas al país vecino son commodities (petróleo, trigo, harinas, soja), que podrían ser ubicadas en otros mercados sin mayores problemas. La mayor dificultad sería la vigencia del acuerdo automotor.
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