El recorte del déficit al que apunta el Ejecutivo podría alcanzarse sin necesidad de reducir salarios, al menos este mes: se puede, sencillamente, descontando los días no trabajados por los empleados públicos en el ejercicio del derecho de huelga que les garantiza la Constitución nacional. «Acá hay una confusión: mucha gente cree que hay que declarar ilegal un paro a fin de poder descontar los salarios caídos, cuando en realidad la ilegalidad de una huelga no tiene nada que ver con el descuento por días no trabajados», dice un abogado laboralista consultado por este diario. «El trabajador tiene derecho a parar, es cierto, pero el empleador casi la obligación de descontar esos días. La ilegalidad de un paro, en cambio, faculta al empleador a sancionar al trabajador con suspensiones o aun con el despido justificado y sin indemnización.»
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Si bien el caso de los estatales tendría diferencias -por el régimen laboral de privilegio del que gozan, que impide por caso los despidos aun por faltas gravísimas-con el de los privados, en este rubro no existen: los días de paro podrían ser descontados por el Estado.
«De hecho, podría decirse incluso que el gobierno tendría la obligación, ya no el derecho, de proceder al no pago de los días no trabajados. De lo contrario, quienes no lo hicieren estarían incurriendo en -por lo menosincumplimiento de los deberes del funcionario público. ¿Por qué? Porque estarían pagando una deuda no contraída: si el hombre no prestó servicio, no debe haber contraprestación pecuniaria», dice el letrado.
Dado que los empleados públicos vienen protagonizando una serie de huelgas desde que se anunció el recorte salarial de 13% para quienes ganan más de $ 500 mensuales, a fin de alcanzar la meta del déficit cero y de algún modo poner sus ingresos en línea con lo que ya ocurrió en el sector privado, el ahorro que obtendría el Estado apenas ejerciendo un derecho (y hasta una obligación) sería incluso superior a la cifra proyectada con las reducciones. Esto es así porque el personal del Estado ha parado tres días durante el mes de julio, lo que representa exactamente 10% de sus salarios brutos. A eso deben agregarse las pérdidas de bonificaciones por presentismo, «fondos estímulo» y otros beneficios de que disfrutan los trabajadores estatales.
Así, entonces, con el único requisito de aplicar la ley, el gobierno podría llegar al ahorro que el ministro de Economía planteó como indispensable para balancear las cuentas públicas.
De hecho, se recuerda que en más de una oportunidad se amenazó con descontar los días no trabajados a huelguistas estatales -incluidos docentes-, medida que nunca se concretó. «Hay una especie de hábito consuetudinario por el que se da casi por sentado que no se dejará de pagar el día de huelga. Pero la ley dice otra cosa», afirma el abogado.
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