Como consecuencia de una investigación por la emisión de facturas apócrifas, uno de los delitos que según el gobierno mayor evasión impositiva provocan, dos personas fueron detenidas en Resistencia acusadas de integrar una organización que se dedicaba a la venta de facturas apócrifas y utilizaba a beneficiarios de planes asistenciales para maniobras de evasión impositiva, según informó ayer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los detenidos por el Juzgado Federal de la capital de Chaco son el contador Rubén Schavoskoy y Alex Pacheco Molina, a quienes se les imputan los cargos de asociación ilícita, evasión simple y defraudación a la administración pública, por un monto cercano a $ 7,5 millones.
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De acuerdo con la investigación, los dos detenidos utilizaban empresas truchas o fantasmas en cuyos directorios nombraban a testaferros, entre los cuales se encontraban beneficiarios de planes asistenciales, a quienes se les pagaban 20 pesos por cada papel que debían firmar. A través de esas empresas fantasma se vendían facturas apócrifas, maniobra que favoreció la evasión en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias, y la obtención de mercaderías adquiridas «en negro» por parte de otras empresas.
Las empresas Homaq SA; Aguas de Corrientes SA, Ginsa SA y Cemar SA son las que «habrían utilizado la documentación apócrifa», según la información que maneja el organismo recaudador que dirige Alberto Abad. Entre los testaferros utilizados por Schavoskoy se encuentran su madre y su hermana, quienes figuraban como socias de esas empresas fantasma. Como ejemplo, y siempre según los datos de la AFIP, pese a su actividad de escribana, no registra ingresos que permitan acreditar la cantidad de bienes que posee». El gobierno de Néstor Kirchner había lanzado a los pocos días de haber asumido una embestida fuerte contra este tipo de delitos, a los que se los consideraba gran parte del problema de la pérdida de recaudación. Incluso la posibilidad de aplicar la figura de asociación ilícita para estos casos fue uno de los capítulos principales del paquete antievasión que preparó Lavagna junto con Abad en mayo del año pasado. Esta posibilidad fue luego aprobada por el Congreso nacional en noviembre del año pasado y reglamentado en diciembre de 2004. Estaba, además, como meta del acuerdo con el FMI.
Este caso del Chaco es uno de los primeros donde se aplica la asociación ilícita, figura que tiene la particularidad de no ser excarcelable, con lo cual en el caso de que la Justicia determine que los implicados en la causa son culpables, deberían cumplir una pesa efectiva en prisión de por lo menos tres años y medio. Por ahora, la AFIP hizo presentaciones ante la Justicia ordinaria aplicando esta figura para casos de confección de facturas apócrifas, cumpliendoen principio con la promesaefectuada al Congreso al momento de pedir esta ley. Sin embargo, muchos contadores, fiscalistas y abogados criticaron el hecho de haber habilitado la posibilidad de aplicar la asociación ilícita (que necesita que haya por lo menos dos personas implicadas), hacia otros delitos más discutibles.
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