Mesa de Enlace en alerta por controles a la exportación

Economía

El Gobierno formalizó la puesta en marcha de un nuevo registro para las ventas externas de carne.

Los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, en consonancia con la Secretaría de Comercio Interior, dispusieron la creación de un registro de ventas al exterior para todo tipo de carnes. A partir de ahora y según indica la normativa, para poder vender al mundo será necesaria una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC). Es que el gobierno apunta a controlar la subfacturación en las ventas -especialmente a China- y además necesita confirmar el cumplimiento del acuerdo de precios pactado con los exportadores.

Esa medida, sumada a la creación de dos comisiones de seguimiento y fiscalización, provocaron el rechazo de casi todos los actores que se dedican a la ganadería, porque este tipo de medidas remiten directamente a los viejos permisos para exportar -eliminados cuando asumió Mauricio Macri- que fueron mucho más que un dolor de cabeza para quienes querían comercializar con otros países no sólo carne sino también granos y particularmente trigo.

En este sentido, la Mesa de Enlace precisó que “esta medida recuerda a los nefastos ROE, por medio de los cuales se restringían y direccionaban discrecionalmente las exportaciones de bienes de origen agropecuario, y causaron un daño irreparable a la producción”.

Si bien en esta nueva etapa, el gobierno asegura que no habrá cupos ni burocracias extremas para exportar, la desconfianza ya se apoderó de los dirigentes ruralistas que inmediatamente precisaron que esta situación los pone “en estado de alerta” y abre un tiempo de consulta con las bases, porque “rompe con la promesa de diálogo que hicieron las autoridades”.

Uno de los dirigentes que criticó la medida fue Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro. Aseguró que el intervencionismo erosiona la confianza y explicó que “medidas como éstas irritan por su burocracia y discrecionalidad política. Ya hemos probado que los productores no generan inflación; para corregir la distorsión de precios, el control debe aplicarse a toda la cadena.

Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina, no sólo se refirió a la medida anunciada sino que se mostró preocupado por la ruptura del diálogo entre el gobierno y los dirigentes rurales. “Es una pésima señal”, destacó y explicó en su cuenta de Twitter que el nuevo registro “resucita un mecanismo que se utilizó en el pasado para restringir las exportaciones y castigar a los productores con desastrosas consecuencias para el comercio, la producción y la reputación de Argentina como proveedor confiable en los mercados internacionales”.

El dirigente recordó que la implementación de los ROE no sirvió “para controlar los precios internos que, lejos de bajar, subieron como consecuencia de una menor oferta para el consumo”.

Con el conflicto por la carne y los nuevos controles comenzó un nuevo enfrentamiento entre el campo y el gobierno. Sin embargo se trata de un escenario nunca antes transitado donde no sólo es grave la situación de la Argentina en términos sanitarios sino que también lo es desde el punto de vista económico con particular foco en el precio y la disponibilidad de los alimentos. Es probable que el margen de acción del agro, un sector que a pesar de la gran presión tributaria mantiene rentabilidad, sea ínfimo frente a la crisis que vive gran parte de la sociedad. Con sólo revisar los índices de pobreza e inflación queda claro que el gobierno cuenta con mayores justificaciones para tomar éstas y otras medidas que pueden resultar ingratas para quienes producen.

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