Fernando de la Rúa y su gabinete decidieron seguir el consejo de sus asesores de imagen y convertir al blindaje en una operación de larga duración. Ahora se aprovechará ese auxilio financiero para reflotar un acontecimiento relevante de la actividad oficial reciente, que resultó casi episódico: el acuerdo fiscal con los gobernadores.
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El próximo 27 De la Rúa invitó a todos los mandatarios de provincia para hacerlos partícipes del blindaje y, a la vez, darle pompa y circunstancia a la suscripción de aquel compromiso gracias al cual, entre otras cosas, se consiguió ese respaldo financiero. Según lo que recomendaron los integrantes del «grupo Mansilla» -equipo de asesores que nutre a la administración y conduce César Mansilla-aquel pacto realizado a los apurones debería transformarse en una especie de «consenso para la gobernabilidad y el crecimiento sostenido».
Con ese fin se invitó a los gobernadores para el 27, día en que De la Rúa apelará de nuevo a su método de «consenso por contacto», es decir, a abuenar las relaciones con la oposición mediante la cercanía física que está facilitada ahora por las fiestas de fin de año. Chrystian Colombo y José Luis Machinea, por su parte, pretenden que el encuentro permita comenzar el tratamiento de una agenda que quedó comprometida con el Fondo y en el mismo convenio suscripto con las provincias. Ese temario va desde la elaboración de un cronograma para tratar la ley de coparticipación hasta un proceso de descentralización en la distribución de la ayuda social a cambio de la elaboración de un padrón de beneficiarios.
