FMI: la Argentina quiere postergar para el segundo semestre el debate por el IPC

Economía

Si bien no hay certezas sobre el pensamiento real de los hombres y mujeres de Washington, la percepción local es que tampoco el Fondo tiene ya determinación exacta de cual puede ser la proyección anual del IPC, y que se deberá esperar hasta el segundo semestre para sacar conclusiones.

Con prudencia, casi en sigilo, sin especulaciones políticas y con un perfil eminentemente técnico, se completó el viernes la primer semana de fiscalización de las cuentas públicas argentina y se inician otros cinco días de reuniones, dentro de la misión virtual del Fondo Monetario Internacional (FMI); con la gran esperanza local de aprobación de los números y porcentajes del primer trimestre del año. Y la idea de poder renegociar los objetivos no alcanzados recién hacia agosto, cuando las variables financieras, cambiarias y macro estén más alineadas con lo negociado por Martín Guzmán y el organismo que maneja Kristalina Georgieva.

En los contactos virtuales todo se concentra en cuestiones de análisis de los que pasó entre enero y marzo; con alguna que otra proyección sobre el futuro próximo. Pero, aparentemente, sin espíritu crítico desde el FMI. Al menos eso es lo que se percibe desde Buenos Aires.

La visión local es optimista. Se considera que los datos del primer trimestre correspondientes a las cuatro metas clave comprometidas desde Argentina se están cumpliendo. Esto es, un déficit fiscal proyectado para todo el año de 2,5% del PBI (con algo de creatividad se sobrecumplió en el primer trimestre), reservas en crecimiento (se sabe en ambos lados de las pantallas que la clave es el resultado del segundo y tercer trimestre del año, y no el saldo del primero), metas monetarias (el primer trimestre fue positivo, mientras que el segundo más complicado) y crecimiento; donde aparentemente el FMI ya compró la idea de un crecimiento real para este año de aproximadamente 4%.

El resto de los problemas son de percepción y de logro de objetivos. Especialmente en el caso de la inflación, donde las dos partes saben que hay un problema serio y donde habrá que redimensionar porcentajes. Como afirmó este medio, la esperanza oficial es que eso suceda hacia julio y agosto; para que el dato a discusión sea una meta creíble de una inflación total de no más del 65% para el año, y no un porcentaje más allá del 70% como pronostican los privados. Por precaución, credibilidad, o para no aventar más problemas políticos al Ejecutivo, desde el FMI por ahora escuchan y no plantean discusiones en torno al alza del IPC. Si bien no hay certezas sobre el pensamiento real de los hombres y mujeres de Washington, la percepción local es que tampoco el Fondo tiene ya determinación exacta de cual puede ser la proyección anual del IPC, y que se deberá esperar hasta el segundo semestre para sacar conclusiones más firmes que determinen cambios estructurales en las metas acordadas dentro del Facilidades Extendidas.

Dentro del Palacio de Hacienda, esta situación, lejos de generar problemas, se ve como una oportunidad. Guzmán y su gente están convencidos que desde julio-agosto, la inflación estará más controlada y los porcentajes mensuales pelearán el 4% y no el 6% como se vivió entre febrero y abril. Y si esto se lograra, la meta peleable sería la del 65% máximo y no la proyección de un peligroso 75% de piso como en la actualidad. Aún con la aplicación de las subas de tarifas de los servicios públicos, los incrementos en los combustibles, la influencia de las paritarias que comenzarán a operar sobre los costos de las empresas desde junio, e, incluso, la mayor presión sobre el dólar oficial que están imponiendo las minidevaluaciones desde el Banco Central.

La visión de Economía es que la inflación promedio mensual de 6% del período febrero. abril, tiene no menos de dos puntos porcentuales aplicables a la especulación sobre los malos vientos futuros, en lugar de una consecuencia seria y realista sobre la evolución de los costos y rentabilidades. Esto además de la influencia de la invasión de Rusia a Ucrania, y la consecuente alza de los precios de los commodities, especialmente en alimentos.

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