Okamoto, número dos del FMI, otro escollo para un acuerdo flexible

Economía

El vicedirector ejecutivo del organismo es un republicano , exfuncionario de Trump. Tiene el aval de Kristalina Georgieva.

La Argentina tiene un problema extra para poder avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la búsqueda de un acuerdo flexible y fuera del esquema Facilidades Extendidas standard, chocará con el número dos del organismo, el norteamericano Geoffrey William Seiji Okamoto, un halcón republicano llegado al Fondo por “recomendación” directa de Donald Trump en mayo de 2020 y quién se estabilizó definitivamente como número dos del Fondo. Argentina tomó nota de la situación durante la última Asamblea Anual del FMI de abril pasado, que se instrumentó de manera virtual, pero tuvo a Okamoto como el principal anfitrión del evento. No sólo en cuestiones administrativas, sino también de contenido temático. Y, lo más importante, también ideológico. El hecho demuestra una situación importante e imprescindible para que el país tenga en cuenta hacia delante. Okamoto cuenta con todo el apoyo de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; y ambos ya demuestran que podrán trabajar juntos por muchos años. Esto incluye todo el período que Argentina necesite para su acuerdo con el FMI. Y, por lo que se percibe de Okamoto, no será una persona que le facilitará las cosas al país, más si el criterio de negociación que se aplique desde Buenos Aires se base en criticar abiertamente el stand by vigente acordado entre el gobierno de Mauricio Macri y la conducción del Fondo de Christine Lagarde y la presidencia de Donald Trump. Menos apoyo habrá si parte de la discusión incluye potenciales demandas judiciales contra los funcionarios argentinos que negociaron aquel acuerdo en 2018. Okamoto conoce mucho el tema.

El hoy vicedirector ejecutivo del FMI proviene de las líneas duras del trumpismo y ocupaba el cargo estratégico de asistente interino del Tesoro para Finanzas y Desarrollo Internacional, bajo la supervisión de Steven Mnuchin. Desde ese cargo oficiaba de organizador e interventor con línea directa con el expresidente norteamericano, en las reuniones del G-7 y el G-20 y la participación de los Estados Unidos en los organismos financieros internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Club de París, etc. Desde ese cargo intervino directamente en las negociaciones entre el Fondo Monetario y Argentina; y, a pedido de Trump y Munchin, fue quién presionó para que se firme el stand by en su segunda versión de agosto-septiembre de 2018. Más tarde, y por mandato de Mnuchin, quién a su vez obedecía a Trump, fue quién presionó directamente a su antecesor en el FMI, David Lipton, para que acceda a la flexibilización del uso de los dineros del préstamo del organismo para ejecutar política cambiaria. Esto sucedió entre mayo y agosto de 2019 y, tal como afirma con razón el Gobierno de Alberto Fernández, se aplicaron entre 3.000 y 5.000 millones de dólares para contener el precio local del dólar hasta las elecciones PASO de ese año. En consecuencia, es difícil que sea Okamoto quién avance en la investigación interna sobre lo que sucedió en esos años, y que desde el Ejecutivo y el kirchnerismo se busca que sea la base de la justificación para que el FMI acepte un Facilidades Extendidas a más de 10 años.

Hay otro antecedente de Okamoto y la Argentina. Fue quien organizó el contenido económico por su país, en la cumbre del G-20 en el que el gobierno de Macri fue anfitrión entre el 30 de noviembre y el primero de diciembre de 2018.

Hace pocos días Argentina ya sufrió de cerca el rigor máximo y frialdad de Okamoto. Fue el 22 de abril pasado, cuando en una de las conferencias vía satelital de la Asamblea Anual conjunta del FMI y el Banco Mundial, al número dos del FMI le tocó en un encuentro compartido con el G-20, aclarar los alcances de los Derechos Especiales de Giro (DEG). El economista norteamericano anunció que el dinero disponible para cada socio del Fondo (a la Argentina le corresponden unos u$s4.354 millones aproximadamente), estarían disponibles recién el agosto, que no se podrían utilizar para liquidar deuda vencida ni con el FMI ni con otros organismos internacionales y que se deberán aplicar en finalidades específicamente vinculadas con las consecuencias del Covid y la pandemia en la economía financiera de cada país. Okamoto dijo si los países aceptan el dinero, deberán sí o sí aceptar fiscalizaciones directas y puntuales de los agentes del FMI, para confirmar el buen destino de los miles de millones de dólares aportados por el Fondo. El funcionario dijo puntualmente que los DEG “se deben destinar a adecuar las reservas de los países socios del organismo, no para suplantar programas específicos de crédito en apoyo de reformas estructurales. Tampoco para evitar una necesaria restructuración de deuda que tengan los países con acreedores privados”.

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