Fracasó la fusión de Endesa con Iberdrola

Madrid (AFP y Reuters) --Las dos mayores empresas del sector eléctrico español, Endesa e Iberdrola, anunciaron ayer que decidieron poner fin a su acuerdo de fusión, tres días después de que el gobierno de ese país autorizara la operación pero bajo estrictas condiciones.
En el comunicado, ambas compañías indicaron que ciertos requisitos impuestos por el gobierno español, en especial los referidos a los activos eléctricos y el proceso de desinversión, «perjudicarían gravemente a los accionistas, haciendo el proyecto injustificable».

El acuerdo no prosperó además porque los requisitos estatales limitaron las cuotas de mercado que podría mantener en generación y distribución la fusionada Endesa Iberdrola, según explicaron las firmas.

Asimismo, otras exigencias que justificaron la cancelación de la operación fueron las referidas a los Costos de Transición a la Competencia (CTC), garantizados a las compañías hasta el año 2010 por el cambio del sistema eléctrico desde un sistema de intervención a uno de competencia.

«La decisión del gobierno habría supuesto renunciar a ingresos de miles de millones de euros para la empresa fusionada», estimaron fuentes allegadas a las compañías.

Según el controvertido proyecto, Endesa habría adquirido Iberdrola con una oferta accionaria valorada en unos 12.600 millones de dólares, creando un nuevo gigante europeo en el sector. De concretarse habría sido la fusión industrial más grande de la historia de España, cambiando el panorama del mercado eléctrico español y con consecuencias para el resto de Europa.

«Estamos orgullosos de haber abordado este proyecto con total transparencia», explicó el presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, durante una conferencia de prensa llevada a cabo junto a su par de Iberdrola, Iñigo de Oriol, al término de la reunión de los dos consejos de administración en Madrid. La fusión «quería alcanzar lo mejor para las empresas, para el mercado nacional y los intereses nacionales», destacó Martín Villa. «El primero nos corresponde, pero el segundo no y, muchos menos, el tercero», precisó, denunciando las condiciones impuestas por el gobierno espa-ñol.

Los dirigentes de las dos empresas explicaron las razones de su decisión atacando directamente a los requisitos solicitados por el Ejecutivo en los tres sectores de sus actividades: producción, distribución y comercialización de electricidad.

Bajo estos parámetros, «en distribución se reduce en proporción muy considerable la posibilidad de generar sinergias como consecuencia de la fusión» y, en cuanto a la comercialización, «se establecen claramente dos marcos regulatorios que discriminan de manera negativa a la sociedad resultante respecto de otros agentes actuales o futuros», detallaron los ejecutivos de las firmas.

Respecto de las desinversiones «recomendadas» por las autoridades, ambas compañías consideran que «dificultan seriamente la posibilidad de que se extraiga el valor que poseen los activos a desinvertir».

El gobierno español autorizó el pasado viernes el proyecto de fusión de Endesa e Iberdrola, limitando la parte de mercado de la compañía resultante a un máximo de 42% de la producción de electricidad en España, 48% de la distribución y 40% de la comercialización hasta 2005. Actualmente, Endesa e Iberdrola poseen entre las dos 80% de los tres sectores del mercado eléctrico español.

Por su parte, Ibedrola anunció tras la disolución de sus planes con Endesa que está abierta a cualquier acuerdo que cree valor para la compañía. Al respecto, varios analistas del sector eléctrico han considerado desde hace tiempo a Iberdrola como objetivo de adquisición por su atractivo precio en el mercado eléctrico español, de rápido crecimiento.

Consultado sobre ello, un portavoz de Repsol-YPF afirmó que por el momento no consideran realizar una nueva oferta por Iberdrola, en la que estuvieron interesados en el pasado.

El ministro de Economía español, Rodrigo Rato, se negó a pronunciarse sobre la fracasada fusión y calificó al hecho como una decisión «puramente empresarial»; aunque consideró que «en ningún caso intereses empresariales deben perjudicar a los intereses de los particulares». Destacando que el papel del Estado consiste en «garantizar la competencia», Rato aseguró que «es muy respetable que los accionistas quieran intentar ganar el mayor dinero posible, pero no pueden hacerlo a costa de la competencia del mercado eléctrico español».