El canciller de Francia, Dominique de Villepin, tuvo un gesto inesperado de cooperación con el gobierno de Néstor Kirchner durante su fugaz visita a Buenos Aires, el miércoles.
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El ministro de Jacques Chirac se reunió con directivos de empresas de su país en el Club Francés -institución que preside uno de los mentores de la actual política exterior, el embajador Fernando Petrella-. En la intimidad de un salón de esa casa, sobre la calle Rodríguez Peña, De Villepin solicitó: «Nuestro gobierno vería con buenos ojos que quienes hicieron demandas en el CIADI las retiren, en homenaje a una negociación más amigable con el gobierno argentino».
El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, tribunal arbitral que depende del Banco Mundial y que tiene sede en Washington. Allí hay demandas contra el Estado argentino por una suma difícil de precisar, que algunas fuentes ubican en u$s 16.000 millones. En su mayoría son reclamos por lo que las empresas consideran incumplimientos de contratos por el cambio de cuadro tarifario que se produjo en el país a partir de la devaluación dispuesta en enero 2002 por el gobierno de Eduardo Duhalde. Sin embargo, también hay otro tipo de querellas que se discute en esa sede: desde la que llevó adelante la firma Azurix (proveedora de aguas y cloacas de la provincia de Buenos Aires cuyo contrato rescindió Felipe Solá) hasta la demanda formulada por Siemens cuando Fernando de la Rúa suspendió el contrato por la confección de DNI.
En el caso de las empresas francesas que llevaron al CIADI sus quejas, las más importantes son Total Austral (hidrocarburos), Aguas Argentinas (controlada por el grupo Suez-Lyonnaise des Eaux-Aguas de Barcelona) y Edenor (controlada por Electricité de France). • Decreto
El criterio general establecidopor el gobierno y cifrado en un decreto en diciembre pasado fue el de evitar cualquier negociación con compañías que hayan iniciado esa vía «judicial». Esto es lo que hizo saber Julio De Vido a directivos de uno de los socios de Aguas Argentinas, los ejecutivos deAguas de Barcelona que lo entrevistaron en Madrid el viernes de la semana pasada. De todos modos, el presidente de Suez Lyonnaise des Eaux, Yves Thibault de Siguy, visitará la Argentina la semana próxima y, tal vez, decida conceder la solicitud del ministro de Villepin (sin embargo, cuenta también la opinión de los socios belgas de Aguas Argentinas).
En el caso de Total, la posición de De Vido fue más terminante: le envió un mensaje a la compañía haciéndole saber que el gobierno está dispuesto a rescindir los contratos de concesión de áreas petroleras si es que la querella sigue en la sede de Washington. Si es por Edenor, la posición que prevalecía ayer en la empresa era desoír el pedido del canciller de Francia.
De todos modos, en el gabinete de Néstor Kirchner se creó la Unidad de Asistencia a la Defensa Arbitral, integrada por el procurador del Tesoro (hace las veces de abogado del gobierno) y los ministerios de Economía, Infraestructura y Relaciones Exteriores. No sólo De Vido manifiesta especial preocupación por estas querellas internacionales. Tampoco Roberto Lavagna les encontró hasta ahora una salida jurídica a los reclamos, mucho más contundentes que los que los bonistas puedan hacer en tribunales de los Estados Unidos. En rigor, la única estrategia exhibida hasta ahora es la de desconocer el CIADI o la capacidad de litigio de las empresas en arbitrajes internacionales. Hasta para Néstor Kirchner la cuestión es dramática.
Tanto que en su clasificación de las empresas de servicios públicos existen «las que entendieron», «las que no entendieron» y las que litigan en el CIADI, que están en el círculo más bajo del infierno oficial.
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